El fallo de los máximos jueces británicos supuso un duro golpe para el Gobierno de Theresa May, que intentó aislar del resto del sistema judicial a este tribunal, que preside y delibera en secreto causas relacionadas con la actuación de los servicios de Inteligencia y de Seguridad.
"La decisión garantiza que cuando el IPT interprete erróneamente la ley, se puede corregir sus errores", señaló la ONG en un comunicado.
El Ejecutivo conservador trató de bloquear esta acción judicial, que se inició a raíz de las filtraciones a los medios del analista estadounidense, Edward Snowden.
Documentos recuperados por el ahora residente ruso desvelaron operaciones de hackeo masivo de ordenadores, tabletas y teléfonos móviles por parte de los servicios de Inteligencia y de Seguridad británicos.
"Es una victoria histórica para el imperio de la Ley, reasegura que las agencias de Inteligencia del Reino Unido están sujetas a la supervisión de los juzgados corrientes del país", exclamó Caroline Wilson Palow, representante legal de la ONG británica.
Privacy International tiene ahora luz verde para desafiar judicialmente al Gobierno respecto a las "órdenes generales" que emite a las agencias secretas autorizando la intervención de millones de sistemas informáticos de individuos y empresas.
Las autorizaciones ministeriales emitidas hasta la fecha para interferir en las comunicaciones personales no requieren el aval de una sospecha razonable ni la conformidad de un juez, según se desveló en las vistas judiciales.
