"Los dirigentes políticos de Ucrania no pueden ver más allá de sus narices; hoy decidieron prohibir observar las elecciones a los representantes del Estado vecino, y mañana ellos mismos se verán en una situación similar", dijo Bidevka.
La reacción a esta decisión de Kiev por parte de los defensores de derechos humanos occidentales, señaló, "es predecible desde hace tiempo: lo sabemos, lo analizaremos, pero no haremos nada".
Bidevka agregó que "las declaraciones de los funcionarios del Parlamento ucraniano de que Ucrania no necesita el reconocimiento del país con el que el volumen del comercio es de unos 10.000 millones de dólares, solo revelan que se aplica una política estúpida".
Este 5 de febrero el líder ucraniano, Petró Poroshenko, declaró que prohibiría al Servicio Estatal de Fronteras ucraniano dejar entrar a los observadores rusos en el país para asistir a las elecciones presidenciales del 31 de marzo.
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La secretaria de la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia, Maya Gríshina, señaló por su parte que se trata de una violación de los compromisos internacionales y expresó la esperanza de que la OSCE tome las medidas necesarias para asegurar que se cumpla toda la normativa en materia de observación internacional.
Mientras que el portavoz de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Thomas Rymer, duda que la intención de Kiev de no permitir que observadores rusos asistan a las elecciones presidenciales esté en consonancia con las obligaciones de Ucrania en el marco de la OSCE.
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Las elecciones presidenciales ucranianas se celebrarán el 31 de marzo de 2019, la campaña electoral arrancó el 31 de diciembre pasado.
Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio —Donbás— donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al golpe de Estado ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.
Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia cuyo resultado la ONU estima en más de 10.300 muertos, además de unos 1,5 millones de desplazados.
Con el fin de contribuir a zanjar el conflicto con medios diplomáticos se creó el Grupo de Contacto Trilateral integrado por Rusia, Ucrania y la OSCE.