Desde que en 2014 comenzó el conflicto en el este de Ucrania, Kiev exige a estos jubilados que se registren como desplazados internos en las áreas bajo el control del gobierno, lo que les obliga a realizar repetidamente viajes largos a través de la línea de separación, con riesgos para la salud y la seguridad.
"Esta política es injustificada y discriminatoria. También crea dificultades innecesarias para las personas mayores, muchas de las cuales figuran entre las más vulnerables, afectadas por el conflicto en el este de Ucrania", cita el comunicado a Tanya Cooper, investigadora de Human Rights Watch para Ucrania.
Según una encuesta realizada por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de la mitad de las personas que cruzaron en mayo pasado la línea de separación en Donbás iban a cobrar su pensión y hacer los trámites para que se mantengan esos pagos.
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Para Cooper, "el gobierno ucraniano puede exigir a las personas que cobren sus pensiones en las áreas bajo control gubernamental, pero no puede hacerlo violando los derechos de algunos de los ciudadanos más vulnerables". "El gobierno debería garantizar inmediatamente que todos los pensionistas puedan obtener sus beneficios sin enfrentar dificultades innecesarias", añadió.
