"Si la legislación no se mejora, no cumplirá su propósito", ha advertido Dominic Grieve, autor de unas veinte propuestas de reforma, ex abogado general del Estado y potencial rebelde tory.
Descrito como el "más importante proyecto constitucional" desde la ley de la adhesión a la entonces Comunidad Económica Europa (CEE), de 1977, traspasará todas las leyes comunitarias al canon británico en el instante en que se produzca la ruptura formal con Bruselas.
El Ejecutivo May ha hecho dos concesiones de última hora para reducir el número de enmiendas y limitar el campo de acción de los rebeldes.
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Por un lado ha aceptado una propuesta de diputados euroescépticos que fija en el texto legislativo la fecha exacta de la retirada de la UE: el 29 de marzo de 2019 a las 23 horas local (medianoche en Bruselas).
Lejos de aplacar las inquietudes de los rebeldes tories, estas ofertas están elevando el grado de confusión e irritación de los opuestos a un brexit duro.
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La fecha de la salida prometida por la primera ministra quedaría obsoleta si el Parlamento vota antes en contra del acuerdo que el Gobierno alcance con el bloque de los 27.
Porque, según señaló el ministro y negociador del Brexit, David Davis, "no puede haber un poryecto de ley sobre la falta de acuerdo" con Bruselas.
May gobierna en minoría pero tiene asegurados los votos y apoyo de los diez diputados del DUP, el principal partido unionista de Irlanda del Norte.
