Gina Miller, británica de cuna en Guyana, vive temerosa de posibles ataques con ácido sulfúrico ocho meses después de ganar, con otros querellantes particulares, el pulso judicial contra el Gobierno de Theresa May.
"Estoy recibiendo amenazas de que me van a arrojar ácido en la cara desde hace meses y entro en pánico cada vez que alguien camina con una botella hacia mí en la calle", desveló a la publicación digital Verdict.
De acuerdo con datos compilados por la Fundación Internacional de Supervivientes de Ácido (ASTI, por sus siglas en inglés) el número de crímenes con ácido creció a nivel nacional de 228 en 2012 a 601 en 2016.
Los ataques se concentran mayoritariamente en Londres, particularmente en distritos del Este de la ciudad.
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Repartidores de comida a domicilio están con creciente frecuencia en la mira de los agresores con el aparente objetivo de robarles el ciclomotor en el que hacen las rondas diarias.
Datos adicionales indican que la proporción más elevada de ataques en 2017 se han producido en cinco municipios al Este del distrito de la City y al norte del río Támesis.
No hay un delito específico de "ataque con ácido" en la legislatura británica y este crimen se suele tramitar dentro de la categorías de lesiones corporales y posesión de arma ofensiva.
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Distintas campañas públicas instan al Gobierno a reformar la legislatura, restringir la venta de sustancias corrosivas y endurecer las sentencias judiciales.
Más de medio millón de personas han firmado una petición electrónica para que se "prohíba adquirir ácido sin una licencia".
