El primer ministro de Macedonia, Zoran Zaev, declaró que su país podría entrar a la OTAN bajo el nombre de Antigua República Yugoslava de Macedonia (FYROM, por sus siglas en inglés), cediendo a las exigencias de Atenas que desde hace mucho tiempo ha estado bloqueando el camino del país eslavo al bloque.
Nedelkovski recordó que Macedonia estaba a punto de entrar en el bloque en el año 2008, pero no lo consiguió a causa de las protestas de Grecia. En aquel entonces ya existía la idea de ingresar bajo el nombre de FYROM, pero al fin y al cabo no se tomó ninguna decisión.
A juicio del experto, en el futuro Macedonia seguirá insistiendo en el carácter temporal de este nombre, Grecia a su vez en su carácter constante, y esta polémica será perpetua. Sin embargo, Nedelkovski opina que hay cosas mucho más importantes que están entre bastidores.
"Un problema mucho más sustancial al parecer es que todo esto es solo el inicio de las concesiones en detrimento de los intereses nacionales de Macedonia. Pronto haremos concesiones a Albania, Bulgaria y a otros. Solo en un par de años el país será casi irreconocible", vaticinó.
A pesar de su pronóstico pesimista, el analista afirma que es poco probable que Atenas repita una maniobra semejante a la del año 2008.
Desde el punto de visita de Nedelkovski, la OTAN ya "se apura a preparar una admisión 'técnica' de Macedonia" para el otoño de 2017.
El experto ruso en los Balcanes, Alexándr Safonov, también cree que Zaev ha mostrado su disposición a sacrificar ciertas cosas —que eran de importancia fundamental para el Gobierno anterior— en aras de ingresar en la OTAN.
"Resulta que el Gobierno anterior tenía más puntos de convergencia con la política de Rusia en los Balcanes. Francamente, no estoy seguro de que las aspiraciones de Zaev sean apoyadas por toda la sociedad macedonia o por el Parlamento del país", recalcó.
No obstante, el experto argumentó que pese al hecho de que Zaev ocupe el cargo de jefe del Gobierno, él no podrá cambiar el nombre del país por sí solo, ya que tal decisión requiere al menos de dos tercios de los votos en el Parlamento, consultas con el Tribunal Constitucional y, en ciertos casos, hasta un referéndum nacional.