En opinión de este colectivo, el Gobierno del País Vasco "no solo tiene la responsabilidad, sino también la capacidad de acabar con la deportación de los presos políticos vascos".
El EPPK considera que, en el nuevo escenario abierto tras el desarme, los gobiernos de París Vasco y Navarra deben "hacer todo lo que esté en su mano" para "poner fin al sufrimiento de sus allegados" y dar pasos para "traer la paz a Euskal Herria".
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El colectivo de presos sostiene que la iniciativa social por la excarcelación se reforzó en el último año "aunque mandatarios y responsables redoblen sus esfuerzos para bloquear, sabotear, torpedear y enfriar el ambiente que se va calentando".
