En el texto dirigido a Mogherini, los eurodiputados destacan que "han pasado ya más de seis años desde la detención y condena ilegal de los 25 activistas saharauis por un tribunal militar marroquí".
La formación española explica que, "ante las protestas y la presión internacional, Marruecos anuló la sentencia inicial, pero inició un nuevo proceso "irregular" en el tribunal de Primera Instancia de Salé.
El hecho de ser juzgados en esta pequeña ciudad colindante con Rabat, convierte al tribunal en una "corte extraterritorial" ya que los presuntos hechos habrían sucedido cerca de El Aaiún, en el Sáhara Occidental, sobre el que "Marruecos no tiene ningún tipo de jurisdicción" internacionalmente reconocida.
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Los parlamentarios también denuncian que el juez designado para el caso "ignoró la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y la decisión del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura en el caso de Ennaama Asfari, al asegurar que las convenciones internacionales sobre malos tratos no eran un motivo de preocupación para su Tribunal".
"Los observadores internacionales han denunciado en repetidas ocasiones que los procedimientos no está cumpliendo con los estándares legales internacionales, puesto que las denuncias de tortura no han sido investigadas siguiendo el protocolo de Estambul", dice la carta.
Además, denuncian los impedimentos que están poniendo las autoridades marroquíes a las familias y observadores para acudir a las vistas del juicio, "en una continua atmósfera de intimidación", convierten este proceso en un juicio puramente "político".
A parte de la liberación de los presos de Gdeim Izik, la carta reclama que se garantice el acceso tanto a familiares como a los observadores internacionales y garantías de que se respetan los derechos humanos de los presos políticos.
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