"Es evidente que seguirá siendo la presidenta que ha escogido el pueblo de Cataluña", aseguró Puigdemont en la televisión pública catalana tras ser preguntado por la posibilidad de que Forcadell sea suspendida.
La presidenta de la cámara catalana declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con motivo de un proceso judicial en el que está acusada de delitos de prevaricación y desobediencia por permitir una votación sobre la puesta en marcha de un proceso constituyente.
En su opinión, la causa abierta en su contra ejemplifica la "vulneración" del principio de separación de poderes en el Estado español, en el que "se pretende dictar lo que se puede hablar o no en un Parlamento".
La declaración judicial de Forcadell generó un gran revuelo político en España y sobre todo en Cataluña, donde cerca de 3.000 personas según cálculos de la Guardia Urbana se concentraron frente al Tribunal Superior de Justicia en apoyo a la presidenta del Parlamento.
"Que venga la Guardia Civil a sacarla del Parlamento", aseguró Trias antes de apostillar "a ver si nos inhabilitan a todos".
Por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso español, Gabriel Rufian, recordó que la actuación de Carme Forcadell se ajustó al "mandato democrático" de los ciudadanos en las urnas y afirmó que el proceso independentista "sólo tiene un eje: democracia sí o democracia no".
Sin embargo, los apoyos a Forcadell y a la actuación de la Justicia española no solo llegaron desde el independentismo.
Por su parte, el líder del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Miquel Iceta, achacó a Rajoy y Puigdemont la responsabilidad de haber llegado a esta situación, que a su modo de ver es "fruto de cinco años de falta de diálogo entre las instituciones catalanas y españolas".
Más duro con los políticos catalanes se mostró el líder de la formación liberal Ciudadanos, Albert Rivera, que acusó a Forcadell de "vestir un incumplimiento de la ley democrática como una especie de debate político".
