Cataluña aprobó dos resoluciones en las que califica Andorra como un "paraíso fiscal", a pesar de que ni España ni las instituciones europeas lo consideran ya como tal.
El Gobierno andorrano "lamenta las referencias formuladas sobre Andorra en dichas resoluciones, entendiendo que no reflejan la situación actual del Principado respecto de sus compromisos con la comunidad internacional en favor de la transparencia fiscal internacional, ni respecto de la situación bilateral en esta misma temática".
Las resoluciones aprobadas por el Parlamento catalán afectan también a Mónaco.
Estas iniciativas proponen que "no se condecore a personas que lleven a cabo la mayor parte de su actividad en Cataluña pero que tengan su domicilio fiscal en Andorra o Mónaco".
Además, se insta al Ejecutivo catalán a sancionar a las empresas que hayan actuado ilegalmente en esos territorios.
