La apelación corre a cargo del Ejecutivo de Theresa May, que defenderá el derecho de accionar la salida de la Unión Europea, invocando el Artículo 50 del Tratado comunitario, sin la autorización del Parlamento británico
"Se debería necesitar una legislación en Westminster y el consentimiento del Parlamento escocés antes de invocar el Artículo 50", sostuvo Sturgeon en un comunicado.
La dirigente independentista argumenta que la retirada de la UE "afectará directamente intereses y derechos" que Londres ha transferido a Edimburgo.
"No puede ser correcto que esos derechos puedan ser retirados por el Gobierno de Reino Unido en una decisión de la primera ministra sin debate parlamentario, escrutinio ni consentimiento", denunció la ministra principal y líder del Partido Nacional de Escocia.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 10 de julio de 2016
El Gobierno May perdió una querella privada contra la gestión del proceso Brexit en un inesperado fallo del Tribunal Superior la semana pasada.
Tres jueces dieron entonces la razón a un grupo de ciudadanos que plantearon la prioridad soberana del Parlamento en la activación del proceso de salida de la UE.
Sturgeon advirtió de que la participación de Escocia en esta fase del pleito judicial "no es un intento de vetar el proceso" de salida de la UE.
La jefa del Gobierno escocés solo reconoce el "derecho de Inglaterra y Gales" a abandonar el bloque continental en función al resultado desglosado del referéndum del pasado junio.
El Brexit ganó por casi cuatro puntos de diferencia (51,9% de votos) a nivel global de Reino Unido.
Pero el 62% del electorado escocés y el 55% en Irlanda del Norte apoyaron la continuidad en la UE.
"Los deseos democráticos del pueblo escocés y el Parlamento nacional de Escocia no pueden ignorarse como si no tuvieran ninguna importancia", protestó Sturgeon en la nota difundida por su oficina.
El Ejecutivo del SNP mantiene una posición de choque ante la estrategia de salida del Gobierno May.
Entre otros desafíos, Sturgeon amenaza con convocar un segundo plebiscito independentista —arriesgando los lazos constitucionales de Reino Unido— si el resultado de la negociación Brexit va en contra de los intereses de Escocia.
