Los querellantes cuestionan la potestad del Ejecutivo conservador para invocar el Artículo 50 del Tratado de la Unión, que activa formalmente el proceso de salida de la UE.
El Gobierno defiende que tiene derecho por “prerrogativa real” a cursar la notificación a Bruselas, sin previa ratificación parlamentaria, de la decisión tomada por el electorado en el referéndum del 23 de junio.
Y en una sesión preliminar celebrada este martes, la nueva primera ministra, Theresa May, informó a los jueces a través de sus abogados que no activará el Artículo 50 este año.
Durante la vista también salió a relucir que tanto los abogados como sus clientes han sufrido abuso racista y antisemita, amenazas e incidentes de odio a raíz del litigio contra el Gobierno.
El juicio está previsto de comenzar en octubre y podría llegar hasta el Supremo británico.
