"La Directiva de Retorno prohíbe encarcelar a los ciudadanos que no pertenecen a los países de la UE, los cuales aún no han caído en un proceso de expulsión, solo porque él o ella entraran ilegalmente en el territorio de un Estado miembro por una frontera de la zona de Schengen", decidió la corte.
De acuerdo con la Directiva, la decisión de expulsión debe aplicarse a todos los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en la Unión.
En este caso, estos deberán abandonar voluntariamente la Unión Europea durante un determinado período de tiempo y si esto no se cumple, esos ciudadanos serán expulsados por la fuerza.
La Directiva también prevé medidas similares en el caso de que un migrante sea detenido al salir del área de Schengen.
El fallo no se extiende al Reino Unido, Dinamarca e Irlanda.