"El gobierno del SNP (Partido nacionalista Escocés) debe ahora clarificar si respetará o no la voluntad del Parlamento e introducirá un veto definitivo sobre el fracking", instó la portavoz laborista en Energía Claudia Beamish.
Su propuesta, que no es vinculante, fue aprobada por 32 votos a favor y 29 en contra en el contexto de un debate sobre cambio climático.
Salió adelante pese a la abstención de los nacionalistas escoceses (SNP, en sus siglas en inglés), que gobiernan en minoría desde las elecciones del 5 de mayo.
Verdes y Liberal-demócratas votaron a favor de la moción que considera la extracción de gas o crudo mediante la fracturación hidráulica de la roca dañino para el medioambiente y "contrario a los objetivos escoceses de cambio climático".
Los conservadores es el único grupo parlamentario decididamente favorable al 'fracking', tanto al norte como al sur de la frontera entre Inglaterra y Escocia.
El Gobierno escocés impuso una moratoria en la polémica técnica a principios de 2015 pero se resiste a activar el veto permanente que demandan algunos sectores nacionalistas además de laboristas, verdes y liberales.
La industria, por el contrario, presiona para iniciar extracciones no convencionales en el subsuelo escocés como paliativo a la aguda crisis del sector energético del Mar del Norte, que acusa la caída de precios del crudo.
Uno de los principales agentes en la nación, el grupo Ineos, confirmó días atrás que ha trasladado sus operaciones y expertos en 'fracking' a Inglaterra, donde el ambiente oficial es más propicio.
El Ejecutivo conservador de David Cameron ha situado la producción de gas con fracturación de roca como prioridad económica nacional y el primer permiso municipal se ratificó la semana pasada.
Escocia queda teóricamente al margen de este objetivo del Gobierno central puesto que la concesión de licencias para explorar hidrocarburos 'onshore', medio ambiente y la regulación de permisos de obras son materias transferidas a Edimburgo.
Mientras, el gobierno que dirige Nicole Sturgeon mantiene su estrategia de esperar al resultado de una serie de informes científicos sobre el impacto del fracking antes de consultar a la población sobre el futuro de la contestada técnica.
