El proyecto autoriza a matar a quien intente realizar "un ataque rápido, directo e ilegal contra la vida o la salud humana", y si el uso normal de las armas u otras medidas resulta insuficiente.
Tendrán derecho a hacerlo los agentes de Policía, Guardia de Fronteras, Agencia de Seguridad Interior o militares implicados en la lucha contra el terrorismo.
Tomar la decisión al respecto incumbe al jefe que se hará cargo de las operaciones y dará órdenes a los oficiales o soldados en su grupo.
Al tercer o cuarto grado de riesgo, cuando un incidente terrorista afecte o amenace a la seguridad de Polonia o a ciudadanos polacos en el exterior, el ministro del Interior podrá por iniciativa propia o a petición del jefe de la ABW "ordenar la prohibición de reuniones u otros eventos públicos en el área cubierta por la alerta si es necesario para proteger la vida y la salud de personas o la seguridad pública".
La normativa prevé crear una lista de sospechosos de terrorismo y permite vigilar por orden judicial, durante un plazo de hasta tres meses, a ciudadanos extranjeros, incluyendo la intervención de las conversaciones telefónicas y de la correspondencia.
El documento había suscitado críticas de la oposición cuyo líder, el exministro de Exteriores Grzegorz Schetyna, de la Plataforma Cívica (PO), calificó el proyecto de "inaceptable en el mundo libre".
Para Schetyna, el endurecimiento de la ley antiterrorista es “una locura”.
Blaszczak recordó que las cámaras de vigilancia en el aeropuerto de Bruselas permitieron identificar a los terroristas suicidas y descubrir a sus cómplices.
Sobre las críticas de Schetyna dijo que se trata de “oposición total y estupidez total”.
Los terroristas, a su juicio, no son personas con las que se pueda negociar.
“Y los servicios especiales no están ahí para el lucimiento de políticos, sino para proteger la seguridad ciudadana", concluyó.