Además de la cifra de expulsiones, el documento, redactado por el político de la CDU Eckhardt Rehberg, calcula que los Estados federados deberán recibir compensaciones por valor de 268 millones de euros en concepto de los gastos que supone cada expulsión.
En el periodo de tiempo de 2010 a 2019, los costes del Gobierno federal correspondientes a las expulsiones se elevarán a 150.000 millones de euros, según Rehberg.
La Oficina federal para inmigración y refugiados (Bamf) tiene 660.000 peticiones de asilo aún por procesar, indica el medio, que señala que Alemania espera este año al menos medio millón de refugiados más.
Por el acuerdo alcanzado, que recibió el nombre de "Asylpaket II", los refugiados tendrán que esperar dos años antes de poder reclamar la reunificación familiar, informa este viernes el semanario Der Spiegel en su edición digital.
Esta medida contará con una única excepción, la de los refugiados sirios con familiares en los campos de acogida de Turquía, Jordania y el Líbano.
Además, Marruecos, Argelia y Túnez pasarán a considerarse "países de origen seguro", por lo que las peticiones de asilo de los ciudadanos de esos países serán rechazadas salvo en los casos en que se demuestre que la integridad física de la persona esté en riesgo.
Los refugiados en los centros de registro no podrán viajar por Alemania y se les prohibirá abandonar el barrio donde se fije su residencia, y en caso de infracción se les penalizará con la retirada de prestaciones sociales.
También habrán de pagar de su propio bolsillo los cursos de integración, para los que se fijará una tasa de 10 euros mensuales.
El acuerdo ha sido celebrado por las partes y criticado por ONG como Pro Asyl, que consideran que socava el derecho de asilo y los acuerdos internacionales.
Alemania recibió en 2015 cerca de 1,1 millones de refugiados.
Según datos de la agencia Frontex, más de 1,83 millones de migrantes entraron en la UE en 2015.
