Fitch interpreta que "la resolución aprobada el pasado 9 de noviembre para iniciar formalmente el proceso de independencia" por parte del Parlamento regional cambia el marco de valoración de la deuda catalana.
El Tribunal Constitucional admitió el miércoles a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la resolución secesionista.
La decisión supone la suspensión automática de lo normativa que "declara solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república".
El Gobierno regional en funciones contestó el mismo día que seguirán adelante con el proceso soberanista pese a la decisión judicial.
"Sean cuales sean las medidas que adopte el gobierno central, es probable que provoquen más tensiones entre los gobiernos y un posible trastorno civil en la región", dijo la agencia de calificación, recordando que el Gobierno central tiene "amplios poderes" para intervenir en la autonomía.
Fitch recuerda que Rajoy tiene la prerrogativa de "retener tanto fondos ordinarios como el apoyo de liquidez extraordinaria, y la suspensión de la autonomía regional bajo el artículo 155 de la Constitución española, estableciendo el control directo desde el gobierno central".
Fitch coloca la calificación en perspectiva negativa por el elevado déficit de las cuentas públicas de la región y por las dudas sobre si seguirá recibiendo apoyo financiero del Estado.
La agencia reconoce, sin embargo, que la economía catalana se recupera más rápidamente que la española, que la región más rica de España será capaz de pagar sus deudas y acepta que "el proceso de independencia no interrumpirá la actividad económica".
