May se vio forzada a revisar su propuesta original de 2012, apodada ‘la carta de los espías’, ante la crítica oposición de sus entonces socios en el Gobierno, los liberal-demócratas, y diputados de otros partidos.
El nuevo borrador admite por primera vez la ratificación judicial, además de la autorización ministerial, de las órdenes de intercepción de correos electrónicos, mensajes a través de las redes sociales u otras vías de comunicación digital.
Sin embargo, la policía y las agencias de Inteligencia y Seguridad tendrán garantizado el acceso en bloque a las comunicaciones de cualquier ciudadano sin autorización de un ministro o un juez.
Las compañías de Internet y los proveedores de líneas telefónicas serán forzados, a su vez, a almacenar el tráfico registrado en sus respectivas redes y los datos de sus clientes durante un mínimo de doce meses.
Estos operadores deberán colaborar con las agencias de espionaje y la policía para sortear los códigos de seguridad que protegen sus bases de datos de ataques cibernéticos externos.
De acuerdo con May, este borrador de la Ley de Poderes de Investigación “no tiene precedentes” y asegura “apertura y transparencia” en la labor y técnicas de las fuerzas del orden y espionaje.
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Grupos en derecho civiles denunciaron inmediatamente la propuesta gubernamental como “un ataque abierto contra la seguridad en Internet de cada residente” en el Reino Unido.
El borrador de ley iniciará en las próximas semanas su tramitación en el Parlamento de Westminster con vistas a su potencial aprobación en 2016.