"La Fiscalía General de Ucrania, en vez de investigar los hechos de resonancia, tales como los fusilamientos en la plaza Maidán en febrero del año pasado, los asesinatos de civiles en Donbás, la muerte de miles de ciudadanos ucranianos durante la operación especial, la incineración de decenas de habitantes de Odesa en la Casa de los Sindicatos el 2 de mayo de 2014 y otros, se dedica a una abierta "cacería de brujas" con pretextos inventados, la persecución de la oposición y la franca venganza política", reza una declaración publicada en el sitio web del Partido de las Regiones.
La FGU acusó de los delitos previstos en las leyes "abuso de poder o autoridad" y "abuso de poder o posición" a los exdiputados y miembros de la Comisión de Cuentas de la Rada Suprema de Ucrania Vladímir Demidko, Andréi Pinchuk, Stanislav Skubasheski, Yaroslav Sujoi y Alexandr Zubchevski.
La declaración señala que el partido advierte a los dirigentes de la fiscalía sobre su responsabilidad inevitable, y les recomienda no repetir los errores de 2005.
El partido recordó que diez años atrás, cuando se develaron los casos de represiones de la FGU contra contrincantes políticos, la dirigencia de esta institución tuvo que huir del país, y el castigo recayó en los instructores de bajo rango.
Las leyes aprobadas por la Rada en enero de 2014, en medio del apogeo de las protestas en la principal plaza de Kiev, restringieron considerablemente las reglas de celebración de actividades multitudinarias, penaron las calumnias y permitieron el bloqueo de páginas web sin una orden judicial.
En aquel momento la oposición catalogó estas leyes de "draconianas".
A finales de enero estas leyes fueron derogadas.
El 22 de febrero de 2014 en Ucrania tuvo lugar un cambio de Gobierno.
La Rada Suprema derrocó a Víctor Yanukóvich, cambió la constitución y declaró elecciones presidenciales anticipadas, en las que fue electo Petró Poroshenko.
Las nuevas autoridades comenzaron a incoar procesos penales contra funcionarios del Gobierno de Yanukóvich.
