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La ley Celaá ya está vigente: entra en vigor la reforma educativa en España, pero a pasos

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No todos los artículos y disposiciones se aplicarán de forma inmediata, sino de forma progresiva. Algunos procesos de admisión de alumnos pueden seguir rigiéndose por la anterior ley. Fue aprobada en noviembre en el Parlamento con el voto favorable de siete formaciones políticas y posteriormente en el Senado, pero sin el consenso de la oposición.
Transcurridos 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 19 de enero comienzan a aplicarse muchas de las disposiciones recogidas en el texto legal. Sin embargo, algunos aspectos podrán seguir rigiéndose con la anterior normativa (la LOMCE o ley Wert) si su proceso se inició antes de la entrada en vigor de la nueva ley.
Tal es el caso de la selección del director en los centros públicos o la admisión de alumnos, que se regirán atendiendo a la ley Wert si su proceso se hubiera iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la actual ley norma. De hecho, en aquellas comunidades autónomas donde gobierna el opositor Partido Popular (Madrid, Murcia, Castilla y León, Galicia y Andalucía), estos procesos se adelantaron para sortear la Ley Celaá.

Medidas retardadas

La nueva ley de educación o Lomloe es de inmediata aplicación, pero la vigencia de algunos puntos será posterior. Parte de su contenido lo hará de forma progresiva, como las nuevas condiciones de evaluación y promoción de los alumnos en las diferentes etapas educativas, que se harán efectivas ya en el curso 2021-2022. Los mismo ocurre con condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas.
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Las modificaciones introducidas en el currículo, y la organización, objetivos y programas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato tampoco se harán efectivas de forma inmediata. En Primaria se implantarán para los cursos 1º, 3º y 5º en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor de la LOMLOE, y para los cursos 2º, 4º y 6º en el curso que se inicie pasados dos años de tal entrada en vigor. En ESO, para los cursos 1º y 3º en el curso escolar iniciado un año después de la entrada en vigor de la ley, y para los cursos 2º y 4º en el curso que comience a los dos años años de dicha entrada en vigor. En Bachillerato, para 1º en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor de la ley. Y para el 2º curso, en el curso que se inicie dos años después de dicha entrada en vigor.
Similar panorama afectará a los ciclos formativos de Grado Básico de Formación Profesional, donde las novedades se aplicarán en el curso que se inicie transcurrido un año de la entrada en vigor de la ley Celaá, cuando se suprimirá la oferta de módulos obligatorios (en el 1º curso) y la de módulos voluntarios (en el 2º) en los Programas de Cualificación Profesional Inicial. Las nuevas condiciones de acceso y admisión en la universidad se aplicarán en el curso escolar en el que se implante el 2º curso de Bachillerato.

Las medidas más importantes

Las discusiones en torno al contenido de la nueva ley de educación y las proposiciones de enmienda llevadas al Parlamento se centraron en 2020 en varios aspectos del texto, algunos muy polémicos, como la supresión de la referencia al castellano como "lengua vehicular del Estado", que PP, Vox y Ciudadanos decidieron recurrir ante el Tribunal Constitucional.
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Aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez recordó que la lengua castellana tampoco estaba consignada como lengua vehicular hasta 2013, la oposición entendió que la medida (fruto de una enmienda conjunta entre PSOE, Unidas Podemos y ERC) era en realidad una concesión al independentismo para granjearse su apoyo de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La eliminación del cómputo de la asignatura de Religión para el balance final de la nota media, la prohibición de tanto la segregación por sexos en las aulas de los colegios concertados, como de la cesión de suelo público para su construcción (ahora se cederá suelo público exclusivamente para construir centros públicos) o el aumento de plazas públicas en las escuelas infantiles (de 0 a 3 años), son otras de las medidas que contempla la reforma educativa ya en vigor y que provocaron el rechazo de la oposición, al igual que la fijación de la "excepcionalidad" para la repetición de curso.
Se incluirá también una cuarta modalidad de Bachillerato (el General, más generalista) y en el que los estudiantes recibirán contenidos combinados de los tres modelos ya vigentes (Humanidades y Ciencias Sociales, Artes y Ciencias, si bien a esta última se añadirá Tecnología). Progresivamente, durante el espacio de 10 años, se irán acondicionando los centros públicos ordinarios para que puedan acoger alumnos procedentes de los centros de Educación Especial.
Organizaciones como Educación Inclusiva Sí, Especial También, han liderado las manifestaciones de oposición en este sentido, al igual que la Plataforma Más Plurales, convocante de hasta seis actos de protesta en defensa de los intereses de la educación concertada durante los meses de otoño.
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