"Ahora con el frío pasamos calamidades": millones de familias en España sufren la pobreza energética

España enfrenta una ola de frío extrema con un viejo problema sin resolver: la pobreza energética, una realidad que, según datos del Gobierno, sufren entre tres y ocho millones de ciudadanos.

"O compro la comida o pago los servicios. Yo, particularmente, decidí que a mis hijos no le falte la comida. Lo demás, que si me llega una notificación de desahucio, que si me cortan los servicios, ya veré luego cómo lo resuelvo, pero lo primero que tengo que hacer es garantizar la comida de mis hijos". Son palabras de Arancha Martí, una española que junto a su esposo y dos hijos vive en el barrio Vallecas, en el sureste de Madrid.

A la hora de hacer la entrevista con Arancha, el termómetro marca los 2 grados en Madrid. España enfrenta una ola de frío extrema y son muchas las familias que dentro de sus hogares solo pueden enfrentar las bajas temperaturas con mantas o abrigos, porque usar la calefacción se ha convertido en un lujo.

"Ahora con el frío pasamos calamidades porque no podemos poner la calefacción todo el tiempo porque no lo podemos pagar. La verdad es que como esta semana hemos tenido tanto frío, a veces la ponemos entre las 4:00pm y las 8:00pm. No la dejamos ni toda la noche ni todo el día. Esto es inhumano", confiesa Martí.

Arancha cuenta que durante años trabajó en el sector de la limpieza, pero que debido al coronavirus se quedó sin empleo, al igual que su esposo. Durante varios meses vivió con lo que familiares, amigos o conocidos le daban para comer.

Pero la pandemia no ha sido la única crisis que ha tenido que enfrentar la familia de Arancha Martí. Ya en el año 2008, durante la crisis económica, perdieron el apartamento por el que pagaron una hipoteca durante 18 años. Arancha recuerda que, tras una larga lucha, logró que el banco se quedara con la propiedad de la vivienda, pero que a cambio le dejara vivir en él pagando un alquiler social, un compromiso que, si llegara a incumplir, la dejaría en la calle.

"Hemos dejado de pagar el alquiler social, dejé de pagar luz, el gas, vamos viviendo al día. Lo que yo vivo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. No sabes lo que es levantarte y escuchar que te llama el portero y no sabes si es porque te traen un certificado de desahucio, si te van a traer la orden de cortarte el gas, la electricidad. Yo estoy delicada de salud y con esta situación, lógicamente se agrava más, solo que tengo que tirar para adelante por mis hijos", admite Martí.

Pero el de Arancha no es un caso aislado. Paca Blanco, habitante de otro barrio humilde de Madrid, pasa por la misma situación.

"Es una espada de Damocles que tienes en la cabeza. Estás viviendo en el filo de la navaja. Todos los meses estás diciendo 'madre mía que este mes no me quiten la luz que está nevando, que me hace falta', al siguiente vuelves a pedir lo mismo. Así está viviendo la gente. La gente no está viviendo bien", confiesa Paca Blanco, activista en la comisión de energía de Ecologistas en Acción y de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

"Yo soy pensionista y, después de haber estado trabajando toda mi vida, mi jubilación es de 650 euros. Entonces, entre los pensionistas, los parados, los precarios somos ya más de la mitad del país y no tenemos dinero para pagar esos recibos. Yo no digo que 50 o 60 euros sea mucho para pagar una factura, lo que digo es que no lo ganamos. Nos han empobrecido", denuncia Blanco. 

¿Derecho o negocio?

En lo que va de 2021, se han anunciado dos incrementos en la factura de electricidad. La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, pidió no generar alarma con este tema.

"No hay que generar alarma. Lo que está pasando estos días es muy llamativo pero el efecto final sobre el consumidor va a ser relativo. Y esto es muy importante que se comprenda, porque en un momento en el que la gente lo está pasando mal, generar angustia y la sensación de que va a subir la factura de la luz un 123% no es responsable. Y, además, no es verdad, porque el recibo puede subir como mucho unos cuantos euros”.

Unos cuantos euros de más que no todos pueden pagar.

"Nos parece un abuso de poder lo que están haciendo estas eléctricas con los ciudadanos. Ahora mismo, aprovechándose de que en esta ola de frio nos suben un 29% la luz. Por eso nosotros llevamos ya varios años luchando para que eso no ocurra. Es muy difícil porque atacar a las eléctricas es muy fuerte y no mucha gente está dispuesta a hacerlo", explica Blanco.

Para la activista Soledad Montero, de Ecologistas en Acción, en España hay un problema de fondo que no permite garantizar el acceso a la electricidad a todos los ciudadanos, por más que sea un derecho humano básico reconocido por organismos internacionales como la ONU.

"La base de todo el problema es que se considera el suministro eléctrico como un producto de mercado, cuando en realidad es un servicio público esencial. Por tanto, las reglas de ese mercado no son reglas para una ciudadanía, sino que son reglas que lo que permiten son amplios beneficios para las empresas que están haciendo negocios con este servicio básico", lamenta Montero.

"Este país tiene un problema y se llama eléctricas. Las eléctricas de este país son súper poderosas e influyentes, tanto que te podría asegurar que manejan el cotarro de políticos y gobiernos. Las eléctricas en este país son muy grandes y poderosas ¿Qué ocurre? Que tienen tanto poder que tienen hasta a políticos en sus nóminas como asesores, como José María Aznar o Felipe González", agrega Blanco.

"Hay un gran lobby, hay puertas giratorias que todos conocemos. Incluso yo recuerdo a un ministro, Miguel Sebastián, que cuando dejó de ser ministro confesaba en un programa de Jordi Évole que en España era muy complicado ir contra estos poderes y que, en realidad, el Gobierno no era el que tomaba las grandes decisiones", indica Montero.

Eléctricas vs ciudadanos

Montero recuerda que el aumento de precios de la electricidad no es un asunto coyuntural, sino que son recurrentes. Siempre ocurren cuando hay más demanda, es decir, cuando la gente más lo necesita: durante las olas de frío o calor. Esto se debe a un sistema de fijación de precios denominado marginalista que, según explica el ministro de Consumo en sus redes sociales, "implica que las energéticas tengan beneficios caídos del cielo (windfall profits) porque cobran toda la energía ofertada al precio más caro de la cartera. Algo parecido a vender tres productos al precio del más caro".

Imaginemos que un kg lo producimos por 10€ en un campo muy fértil; otro kg en otro sitio cuesta otros 20€; y un kg más otros 100€. El sistema implica que venderemos cada uno de ellos a 100 euros (el más caro): pagaríamos 300€ por 3kg de trigo cuyo coste conjunto es de 130€. pic.twitter.com/JmGs4wbr3z

— Alberto Garzón🔻 (@agarzon) January 12, 2021

​"Lo que se evidencia es que las reglas del mercado no están funcionando de manera adecuada para los ciudadanos, sin embargo, sí que funcionan de una manera bastante correcta y positiva para los mercados y, sobre todo, para los intereses económicos de las grandes empresas que utilizan la electricidad, que es un servicio esencial, como un recurso para enriquecerse. Solo hay que ver que, en las últimas grandes crisis, como la de 2008, las únicas empresas que no han presentado datos de quiebra han sido las eléctricas", apunta Montero.

Desde el ministerio de Consumo se ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia investigar si ha habido irregularidades en el mercado eléctrico tras el aumento de la electricidad. Por el momento, la única herramienta con la que cuentan algunas familias para amortiguar el precio de la luz es un bono social.

"El Gobierno siempre dice que ya ha puesto un bono social, un bono social que es una estafa porque no ayuda a nadie. La factura se compone por lo que has consumido y por la potencia contratada, a eso es a lo que se le aplica un porcentaje del bono social, al resto de la factura, que son un montón de impuestos más un 21% de IVA, no entra el bono social, con lo que a una factura de alrededor de 50 euros puedes tener un descuento de 5 euros. Pero, además, la trampa está en que te dicen que no te vayas a una cooperativa porque si te mantienes en el oligopolio eléctrico podrás acudir al bono social y si no estás en el oligopolio eléctrico no tendrás el bono social. Eso es una vergüenza", denuncia Blanco.

"Otra trampa del bono social es que dice que es para familias necesitadas, pero para obtenerlo necesitan aportar una documentación que la mayoría de los inmigrantes no puede, pero, sin embargo, todos los chalets de La Moraleja, teniendo más de 3 hijos, se les da un descuento de un 40% por ser familia numerosa. Todo esto lo estamos viviendo y sufriendo en carne propia y la población está muy quemada", asegura Blanco.

Montero recuerda que, además, el bono social no llega a todas las familias que lo necesitan.

"Tenemos ahora mismo en España algo más de 1.300.000 beneficiarios del bono social. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadísticas nos dice que hay en riesgo de pobreza el 18,6% de la población. Si somos 46 millones de habitantes, el 18,6% viene a ser algo más de 8 millones. Si te he dicho que 1.300.000 son los beneficiarios del bono social, ¿el resto dónde está?", se pregunta Montero.

"Dejen de calentar el sillón"

Otra medida que ha tomado el Gobierno fue suspender el corte de suministros mientras dure el estado de alarma, una medida temporal que muchos ven insuficiente.

"Después de mayo, si se acaba la alarma del coronavirus, vuelven a cortar los suministros a las familias, sin haber mejorado la situación económica porque de aquí a mayo la situación económica no mejora. Si me aprietas un poco, te digo que va a empeorar", vaticina Blanco.

Por su parte, Unidas Podemos, socio minoritario del Gobierno de coalición, ha pedido al PSOE que impulse de inmediato la reforma del mercado eléctrico contemplado en el pacto de Gobierno.

"El mercado eléctrico está diseñado para beneficiar a las eléctricas y encarecer la factura mediante los llamados 'beneficios caídos del cielo'. En el acuerdo de gobierno, PSOE y Unidas Podemos pactamos eliminarlos y debe cumplirse”, exigió Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos.

Un reclamo que también se hace desde los movimientos sociales.

"Es primordial que se reconozca la energía como un derecho, que se entienda que todos debemos tener ese acceso garantizado, debería haber una tarifa social que todo el mundo tenga ese acceso a ese servicio público esencial (como el agua, la electricidad, la educación, la comunicación). Una vez se considere esto, lo que hay que hacer es la reestructuración valiente del sistema eléctrico que ponga las reglas de este sistema eléctrico", recomienda Montero.

Para los que más sufren esta situación, el primer paso que debe dar el Gobierno es más sencillo.

"Dejen de discutir tanto y hagan el favor de hacer caso a los ciudadanos porque la estamos pasando muy mal. Es lamentable ver las colas que hay de personas que necesitan alimentos, que hacen esas colas para coger un paquete de macarrones, porque gracias a eso muchos subsistimos. Dejen de calentar el sillón un poquito y bajen al pueblo, que vean lo que estamos pasando: frío, hambre, mucha gente con problema de depresión grandísima por esta ansiedad de vivir a la deriva", concluye Martí.