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    La postergación de la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales para dirimir la conveniencia y cuantía de un nuevo aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021, evidencia tensiones en el seno del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Los expertos consultados auguran que el choque es crucial para el devenir de la legislatura.

    El encuentro de la mesa del Diálogo Social (integrada por Gobierno, patronal y sindicatos) para abordar esta cuestión, inicialmente previsto para el 28 de diciembre, habrá de tener lugar ya a partir de enero, luego de que el Gobierno decidiera suspenderlo e imposibilitar la aprobación de cualquier acuerdo en el último Consejo de Ministros del año, el día 29.

    De resultas, los sindicatos han anunciado actos de protesta y movilizaciones en febrero. La subida del SMI es fuente de fricción en el seno del Ejecutivo español, donde el Ministerio de Trabajo encabezado por Yolanda Díaz estima necesario proceder de inmediato a su aprobación, cosa que no comparte la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, de no existir un acuerdo con la patronal. Las organizaciones sindicales critican que el Gobierno no fuerce "el diálogo social", otorgando en la práctica, consideran, "una suerte de derecho de veto a la CEOE [Confederación Española de Organizaciones Empresariales], que hace presagiar dificultades en futuras negociaciones", declararon al diario Público fuentes de CCOO y UGT.

    En la actualidad el SMI en España asciende a 950 euros al mes distribuidos en 14 pagas. Su mayor incremento (un 22,3%) se produjo en 2019, cuando pasó de 736 a 900 euros. En 2020 se incrementó un 5,5%, de 900 a 950. Para la negociación que finalmente no ha tenido lugar, se pretendía utilizar el dato de la inflación prevista para 2021 (un 0,9%) para calibrar el aumento. Es decir, unos 9 euros por nómina mensual. De esta forma se buscaba que la subida afectara lo menos posible a los costes empresariales, tanto a nivel salarial como en el de las cotizaciones sociales.

    Las reticencias de la patronal

    Desde la CEOE se aduce que "no es el momento" de subir el SMI, que "no toca", pues ni la pandemia ni sus consecuencias han sido todavía superadas, afirma su presidente, Antonio Garamendi. La patronal asegura que la medida afectaría negativamente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y también a los trabajadores con sueldos bajos, pues sus empleos estarían amenazados, también mediante la contratación fuera de España.

    "Si no toca ahora, ¿entonces cuándo?", se pregunta el economista Fernando Luengo, al tiempo que explica a Sputnik que el Ejecutivo había apostado por políticas de redistribución para salir de la crisis "porque la situación económica va a ser mala en los próximos dos años". "Esto es algo mínimo, ni siquiera se está hablando de un impuesto sobre beneficios extraordinarios, el cual se debería aplicar, porque las grandes corporaciones, las tecnológicas, por ejemplo, están obteniendo grandes beneficios pero no porque sean muy buenas, sino porque tienen un mercado cautivo y una pandemia que está ampliando ese mercado".

    "¿De qué se está hablando aquí? Es un mensaje de mucha profundidad, porque si se pone el acento en el salario de los trabajadores, se está diciendo que el problema o uno de los problemas de la crisis tiene que ver con los salarios de los de abajo, algo inaceptable".

    "El problema de la crisis, no tiene que ver con el salario de los de abajo, sino más con el salario de los de arriba. Porque es varios cientos de veces superior. En este sentido hay que leer los informes de Oxfam y los de la Organización Mundial del Trabajo: los salarios de los ejecutivos llegan a ser hasta 1.500 veces el salario medio de los trabajadores de sus empresas", recuerda Luengo, para quien la subida de 9 euros por nómina "es una insignificancia" que no puede afectar negativamente al tejido productivo.

    "Es intolerable que el centro del debate esté siendo esto".

    "En todo caso", afirma, "es un factor que va a dinamizar la economía y que no va a estrangular el negocio de las empresas". Y subraya una idea avanzada por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Juan Torres. "Está en lo cierto y lo suscribo: si la competitividad de las empresas, incluso de las pymes, y su supervivencia depende de que suban 9 euros el SMI, apaga y vámonos".

    Política vs. Economía

    Las diferencias de criterio entre los ministros del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos (UP) no se ocultan. Ambas formaciones suscribieron un programa de gobierno que posibilitó su formación, pero la impronta de cada partido a veces choca en determinadas cuestiones.

    Politólogos como Víctor Prieto recalcan el carácter "crucial" de un litigio como el que opera en torno a la subida del SMI, pues puede afectar al resto de la legislatura. "Si no se abordan con la sensibilidad suficiente, ante la inminencia de la llegada de los fondos europeos para la recuperación, estas cuestiones pueden suponer un distanciamiento del Gobierno de coalición por parte de los trabajadores similar al que vivió el Gobierno de Zapatero tras la crisis de 2008", advierte a Sputnik. A su juicio, a diferencia de aquella crisis, hay que tener en cuenta el actual "ciclo de profundas intervenciones públicas en la economía".

    "El Estado aparece como el único motor posible para la recuperación económica, y eso tendría que establecer una serie de condiciones para los agentes económicos que se van a beneficiar de las ayudas. Es decir, el Estado ya no puede presentarse más como un árbitro entre las empresas y los trabajadores".

    Prieto basa su razonamiento en que dado que es el Estado quien marca la vía por la que ha de discurrir la recuperación económica ("transición verde, digitalización, etc.") y el que la sustenta mediante "ayudas directas y financiación barata", también debe establecer las condiciones. "Y esas condiciones deben revertir la enorme brecha de desigualdad abierta tras la crisis de 2008. De no ser así, las tensiones dentro del Gobierno de coalición y con sus votantes van a ir en aumento, y eso puede terminar por acortar la legislatura".

    "La subida del SMI, para empezar, es un compromiso electoral", conviene Luengo. "Ya está bien de saltarse a la torera lo que se promete, debería ser un contrato. Además es una medida que tiene que ver con lo que han denominado escudo social, que encima está lleno de agujeros. Si el Gobierno se cree el discurso del escudo social y realmente está convencido de que hay que redistribuir, no se puede dejar atrás a los trabajadores más perjudicados por la crisis y con menos recursos".

    ¿División en el Gobierno?

    "Todo lo que sea mostrar disparidad de criterios dentro del Ejecutivo, ofrece ante la opinión pública una imagen de debilidad", explica Víctor Prieto, quien admite la posibilidad de que a UP le interese evidenciar "tensiones con el PSOE" para visibilizar su papel dentro del Gobierno.

    "En el fondo", continúa, "todos sabemos que UP se tiene que tragar muchos sapos, pero la escenificación del disenso interno representa muchas veces que es el PSOE el que cede terreno hacia su izquierda". Los sindicatos advierten del papel al que no debería pretender la CEOE ni el Gobierno concedérselo, pues a juicio de estos al final parece que es la patronal la que está facultada para negar la subida del SMI. Luengo, autor del blog Otra Economía, se muestra en contra. "Si para convocar un espacio de negociación necesitas el visto bueno de las patronales, pues estás diciendo que el Gobierno no gobierna".

    "No creo que haya ningún empresario con dos dedos de frente que piense que esto es malo para la economía y su empresa. Pero aquí se está mezclando otra cosa, que es la batalla contra el Gobierno, y procurar que se escinda y fracture", añade.
    ¿Traiciona sus principios el Gobierno?

    La oposición política, especialmente el Partido Popular, prefirió no pronunciarse antes de la decisión que pudiera tomar la mesa del Diálogo Social, aunque sí abogó por priorizar la rebaja de impuestos a empresas y trabajadores autónomos. Desde el otro lado, la no convocatoria de la negociación es vista como una negación encubierta de la subida del SMI por parte del sector del Gobierno que pueda encarnar Calviño.

    "El problema", especifica Prieto, "es que es muy difícil explicar esa renuncia cuando has construido un marco de comunicación política alrededor de la idea de no dejar a nadie atrás. ¿Por qué, entonces, se aplica la actualización de las pensiones o la subida de sueldo a los funcionarios y no al SMI? Estas disparidades dan pie a que calen discursos que construyen antagonismos en el seno de las clases populares (trabajadores vs. funcionarios, por ejemplo), sirviendo de munición para la derecha y la extrema derecha", concluye este investigador de la consultora Studi La Cimera.

    La validez teórica

    ¿Supone realmente un perjuicio el aumento de la cuantía del SMI en estos momentos? La medida se inscribe en un margen de actuación económica que niega que los aumentos salariales incidan negativamente en la economía, explica Fernando Luengo, que refuta el discurso neoliberal de que su reducción sea una clave para que una economía funcione bien.

    "Lejos de ser un problema, es el factor clave y estratégico para que aumente el consumo y la inversión", afirma. "Su moderación provoca que se meta a la economía en un bucle de bajo crecimiento, porque está claro que los salarios de los trabajadores se consumen. Además, con este ligero aumento, se contribuye a que el empresariado haga prosperar otra cultura distinta a la de la expropiación, de la confiscación. Porque si yo actúo sobre los salarios, no pago impuestos y me llevo el dinero a los paraísos fiscales, eso no es crecimiento económico, sino confiscación de renta y riqueza de la gente".

    Luengo sostiene que no cabe esperar que las empresas se arruinen por subir el SMI 9 euros al mes. "Ese es el discurso de la gran patronal, y dudo mucho que se haga eco de las inquietudes de las pymes, a las cuales hay que apoyar".

    "Pero la manera de apoyarlas no es privando de derechos a los trabajadores. Hay que aprovechar la crisis para definir nuevos modelos de negocio. Hay que adaptarse a la nueva situación, pero ese cambio no se puede hacer manteniendo una situación de esclavismo salarial. A las pymes hay que ayudarlas desde las administraciones públicas en materia de fiscalidad, alquileres... Lo está haciendo el Gobierno, pero debería hacerlo de manera más ambiciosa", concluye.
    Etiquetas:
    consumo, crisis económica, negociaciones, Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras, Antonio Garamendi, CEOE, Gobierno de España, Salario Mínimo Interprofesional
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