La lucha por reparar a las víctimas del franquismo se libra a contrarreloj

MADRID (Sputnik) — El coronavirus se llevó en mayo al célebre torturador franquista Billy el Niño, fallecido en la más absoluta impunidad gracias al olvido impuesto por la Ley de Amnistía de 1977 y a las posteriores zancadillas de las instituciones españolas a los intentos de sus víctimas para juzgarlo en Argentina.

Lejos de ofrecer algún tipo de consuelo, su muerte fue más bien un macabro castigo final para sus víctimas: el mayor símbolo del terror infringido por la Brigada Político-Social en los 70, conocido por el sadismo de sus interminables sesiones de tortura, fue intocable hasta su último suspiro y ni siquiera se le llegaron a retirar sus condecoraciones pensionadas.

Además, la muerte del torturador dejó una amarga lección: la lucha por la memoria histórica es una carrera contra el crono. Tras 40 años de parálisis, cada minuto que pasa se evaporan opciones de castigar a los criminales y, sobre todo, de ofrecer reparación a las víctimas.

Uno de los ejemplos más claros de esto se dio en marzo con la muerte de Chato Galante, uno de los activistas más destacados dentro de los movimientos contra la impunidad franquista.

Tras años intentando que juzgaran a Billy el Niño por sus crímenes, Chato Galante murió pocas semanas antes que la persona que le torturó durante 14 días seguidos en 1971 tras ser acusado de asociación ilícita por su adhesión a movimientos de oposición a la dictadura.

Ni él fue resarcido, ni su verdugo fue castigado, ni el conjunto de la sociedad se beneficiará –al menos de momento– de una condena que reconozca y censure lo que ocurría en los sótanos de la Dirección General de Seguridad de Madrid para evitar que pueda volver a pasar.

"Hay gente que se está muriendo sin ver colmados sus deseos de justicia y reparación. Llevamos décadas de retraso y cada mes que pasa perdemos a más gente", explica a esta agencia Afredo González Ruibal, arqueólogo del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) especializado en el estudio de la memoria histórica.

Debate jurídico

Ana Mesutti, una de las abogadas que hace ya una década presentó la querella en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo en aplicación del derecho universal, también se reconoce en esa carrera contra el crono, que según admite hace un especial daño a su causa.

"El derecho no suele tener presente la finitud del ser humano. Por lo general el derecho se cree que está por encima del tiempo. Por eso en ocasiones se dan penas que superan ampliamente la posibilidad de vida. Eso en nuestra querella es terrible, porque ya está muy atrasada, va a contrarreloj desde hace años", explica en una conversación telefónica con Sputnik.

Sobre todo, subraya que "hay un problema muy grande y definitivo" cuando "el que muere es el verdugo" porque la jurisprudencia española sigue negándose a calificar los crímenes del franquismo como de lesa humanidad, lo que los convertiría en imprescriptibles.

Hasta la fecha los togados españoles optaron por circunscribir la responsabilidad de los hechos denunciados a los individuos que actuaron como brazo ejecutor, lo que supone una barrera para depurar posibilidades si esa persona fallece.

"¿Qué pasa si se mueren todos los posibles culpables? Que no hay personas a las que exigir responsabilidad por la comisión del crimen. Es decir, si muere Billy el Niño todo se acaba y no podemos investigar sus torturas", explica Messuti, exponiendo la postura española.

La visión de los abogados de la querella difiere y enmarca los crímenes franquistas como actos de lesa humanidad que "no dependen del sujeto individual sino de todo el conjunto", por lo que "no habría que considerar al reloj como algo tan ruinoso", concluye Mesutti.

Exhumaciones

Otra voz que expone cómo el paso del tiempo erosiona la búsqueda de reparación es la de Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), quien corrobora que "llevamos muchos años viendo morir a las víctimas del franquismo, pero también a los familiares que buscan a los desaparecidos".

Un reciente informe del Gobierno basado en investigaciones de forenses y arqueólogos apunta que hasta la fecha solo se ha identificado genéticamente al 0,2% de los 130.199 individuos que se estiman asesinados por la represión franquista.

La mayor parte de ellos —prosigue el informe— no podrán ser recuperados de sus fosas, pero alrededor de 20.000 podrían ser exhumadas (y unas 6.000 identificadas) si se contara "con el adecuado apoyo institucional para ello".

Esta es una de las tareas pendientes que el Gobierno quiere enmendar con el impulso de un nuevo anteproyecto de ley de memoria que, entre otras cosas, creará un banco de ADN de víctimas y actualizará el mapa de fosas comunes para asumir desde el Estado la búsqueda de desaparecidos, algo que hasta ahora hacían los familiares y asociaciones como la ARMH.

Tras aprobar en septiembre el anteproyecto de ley —al que todavía le quedan muchos trámites para convertirse en norma— la vicepresidenta Carmen Calvo también puso de relieve la importancia del paso del tiempo en esta materia: admitió que la reforma "llega tarde" y por eso afirmó que la democracia "no puede perder ni un minuto más" para hacerla realidad.

"A mí eso me molestó bastante. Tras oírlo me fui a la Wikipedia para ver cuándo había sido su toma de posesión como vicepresidenta. Para entonces ya había perdido dos millones de minutos. Eso fue hace tres meses y todavía no han hecho nada que se concrete en una mejora para las familias de los desaparecidos", responde Emilio Silva.

¿Año perdido?

Pese a la muerte en impunidad de Billy el Niño o la sensación generalizada de que el Estado sigue llegando tarde muy lenta mientras el reloj no para de correr, los expertos consultados por Sputnik se niegan a calificar 2020 como "un año perdido".

Por ejemplo, Emilio Silva afirma que ha sido "un año triste en lo político, pero no ha sido un año perdido porque hay gente que trabaja cada día para que no lo sea".

En un tono similar, Ana Messuti recuerda que este 2020 "se produjo la declaración indagatoria de Martín Villa ante la justicia argentina", lo que supone un hito porque "aunque aún no sabemos el resultado, es la primera vez que un ministro franquista declara".

"No caigamos en el pesimismo. Se dan pasos. Nosotros vamos a criticar el anteproyecto de ley de memoria porque creemos que deja mucho que desear, pero al menos tenemos una iniciativa sobre la mesa", añade la abogada.

Finalmente, Afredo González Ruibal señala que "la sensación puede ser que no hay avances tangibles e inmediatos" pero se muestra "optimista" porque "este año se han puesto cimientos para que las políticas de memoria sean irreversibles sin importar quien esté en el poder".

"Es un drama que se mueran las víctimas sin ser reparadas, pero eso no nos exime de seguir haciendo políticas de memoria. Al contrario, tenemos una doble deuda con ellas por no haber hecho nada mientras estaban vivas", concluye.