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    La montería tuvo lugar en Azambuja, a 40 kilómetros al norte de Lisboa, y está siendo investigada. Los responsables políticos y organismos de la zona han denunciado la actividad.

    "Masacre", "carnicería", "montería asesina". Los diarios portugueses no se han cortado a la hora de describir el escándalo: una cacería con 16 personas organizada por una empresa española durante el 17 y 18 de diciembre en una finca de Azambuja, a unos 40 kilómetros al norte de Lisboa, que acabó con unos 540 animales muertos. La indignación del país vecino ha aunado a partidos políticos, autoridades locales y asociaciones ecologistas. También ha provocado la apertura oficial de una investigación por parte del gobierno luso para conocer las circunstancias en la que se desarrolló el acto, anunciando la suspensión inmediata de licencia de caza en la zona.

    La polémica ha sido inmediata. Empezó en el momento en que algunos de los participantes compartieron imágenes del acto en redes sociales. En ellas se puede ver a los cazadores exhibiendo sus trofeos y los cadáveres de los ejemplares abatidos, jabalíes y venados mayoritariamente. Se llevó a cabo en la finca Torre de Bela y los asistentes pertenecían al club Monteros de la Cabra, de Badajoz (provincia de Extremadura, al oeste de España). En algunos medios lusos se ha hablado de que pagaron entre 7.000 y 8.000 euros.

    Después de publicar las imágenes, varios organismos y responsables políticos han clamado contra el acto. El Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF), organismo responsable del sector cinegético en Portugal, ha informado de que no tuvo conocimiento previo de la montería, realizada en un área clasificada como "zona de caza turística", y ha iniciado una investigación para comprobar si se ha incumplido la ley.

    ​Además, el alcalde de Azambuja, Silvino Lúcio, denunció que la finca estaba acotada y, por tanto, "los animales no tenían donde huir". Y el ministro de Ambiente y Acción Climática, Joao Pedro Matos Fernández, lo calificó como "vil e inaceptable", convencido de que han cometido un "delito ambiental" y ha decidido a enviar una queja al Ministerio Público para que se investigue el acto "contra la preservación de la fauna a los propietarios, los organizadores y los cazadores".

    El escándalo ha puesto sobre la mesa este tipo de monterías. Tras las instantáneas del país luso han salido explicaciones de lo que significa "zona de caza turística". Alude a un "coto cercado" en superficies de más de 1.000 hectáreas que, a través de mallas cinegéticas reglamentarias, impiden la salida y entrada de los animales. Se relacionan con convocatorias muy exclusivas en terrenos poco comunes y con ejemplares de gran pureza genética.

    Según cuentan varios medios lusos, dentro de los terrenos donde se desarrolló está previsto instalar una central fotovoltaica. El estudio sobre el impacto ambiental del proyecto estaba en fase de consulta y, mientras tanto, el propietario de la finca habría organizado esta última montería. Su intención, relata el periódico español, era terminar con la vida de todos los animales para traspasar la finca sin ningún ejemplar en ella. Matos Fernández ha anunciado tras el escándalo que suspende dicho estudio.

    ​​Tal y como narran en las noticias aparecidas, el Ayuntamiento de Azambuja niega haber recibido información oficial sobre la montería (aunque no necesitaría autorización municipal) y ha pedido al ICNF y al Ministerio de Agricultura que verifiquen si hubo ilegalidades. Mientras, el partido animalista PAN, con tres diputados en el Parlamento, calificó de "matanza" y aseguró que va a exigir responsabilidades a las autoridades competentes.

    Para los miembros del sector, esa montería no les representa. "Bajo un principio de legalidad, y de titularidad privada, no se puede confundir esa imagen con la del sector, que es ejemplar en el cuidado de la caza en libertad y el cuidado medioambiental y sostenible; nosotros promovemos una caza ética, donde el animal está en libertad, y donde el cazador no tenga por encima de la pieza una ventaja excesiva", declaraba José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza (una de las más importantes de España por el volumen de asociados) a Efe.

    "Los defensores a ultranza de los animales han inundado las redes sociales para emprenderla a insultos, amenazas, algunas muy graves, contra los participantes y organizadores de la masacre de Azambuja", escribían en una tribuna del diario digital Rias Baixas. "La barbarie con que presuntamente se habrían empleado los cazadores ese día no justifica las graves amenazas ahora proferidas. Detestable lo primero, detestable lo segundo. Pero así estamos", concluían. Los organizadores no se han pronunciado.

    Etiquetas:
    animales, matanza, ilegalidad, Portugal, España, caza furtiva, cazador
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