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    BARCELONA (Sputnik) — A pocas semanas del fin de la XII legislatura del Parlamento de Cataluña, los independentistas que gobiernan en la región impulsan un acto final de unidad antes de terminar el año e ir a elecciones: la propuesta de ley de amnistía para sus presos.

    Es la última oportunidad de los partidos de aspiraciones nacionalistas para exhibir su camaradería antes de la contienda electoral que les enfrentará en las urnas el próximo 14 de febrero, si el coronavirus lo permite.

    Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra Republicana (ERC) y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) anunciaron estos días que presentarán el 15 de marzo en el Congreso de los Diputados de Madrid una proposición de ley orgánica en favor de la amnistía de sus líderes encarcelados.

    El primer paso de la iniciativa lo darán esta semana con su aprobación en el Parlamento catalán, un trámite asegurado por la mayoría absoluta que los independentistas mantienen en el hemiciclo.

    Será el último pleno en la Cámara regional antes de una campaña electoral que se prevé agitada por las disputas entre las fuerzas independentistas y la acometida de la ultraderecha de Vox, que busca su lugar en el escenario político catalán.

    Los soberanistas quieren acabar con buen pie un año marcado por sus trifulcas internas, la pandemia y la inhabilitación del presidente Quim Torra; ergo, una reclamación conjunta de amnistía que serena el espacio independentista al menos hasta 2021.

    Libertad para todos los condenados

    El texto consensuado entre los partidos catalanes exige la extinción de toda responsabilidad, penal y administrativa, por cualquier acto vinculado a las aspiraciones de independencia de Cataluña desde enero de 2013.

    "Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquier que fuera el resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa efectuados desde el 1 de enero del 2013 hasta el momento de entrada en vigor de esta ley", recoge la propuesta.

    Exigen la rectificación de los delitos por los que fueron encausados desde 2013 más de 2.800 independentistas —siempre según el Gobierno catalán— entre dirigentes políticos, activistas, líderes sociales y ciudadanos.

    Esto incluye todos los procesos judiciales abiertos en torno a la consulta ciudadana sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum ilegal que impulsó el Gobierno de Carles Puigdemont el 1 de octubre 2017.

    Por este último fueron condenados y permanecen en prisión nueve dirigentes del gabinete de Puigdemont, entre ellos el exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras, y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell.

    En rueda de prensa para presentar la propuesta, la portavoz de Esquerra Republicana, Marta Vilalta, defendió que la "amnistía de todas las personas condenadas y encausadas" es la única "solución" al conflicto político en Cataluña.

    Desde Junts per Catalunya, la candidata a las elecciones Laura Borràs aseguró que no se trata de "clemencia" sino de "justicia", y recordó que una amnistía no "resuelve el ejercicio de autodeterminación" de Cataluña, que tendría que manifestarse a través de un referéndum.

    Indultos por resolver

    Mientras los partidos agotan el último cartucho antes de las elecciones, Junqueras y el resto de líderes encarcelados pasarán su cuarta Navidad entre rejas, en esta ocasión a la espera de la tramitación de las peticiones para sus indultos.

    El Gobierno español comenzó a estudiar las solicitudes de conmuta de pena para los políticos catalanes en septiembre, pero el proceso se alargará todavía unos cuantos meses y no culminará seguramente hasta después de las elecciones catalanas.

    Este instrumento supone una gracia para las condenas pero no rectifica los delitos atribuidos a los presos tal como plantea el camino de la amnistía.

    Sin embargo, algunos sectores independentistas lo consideran una opción adecuada porque permitiría liberar a los dirigentes encarcelados tan pronto como el próximo año.

    Todo depende en última instancia de la posición del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, que por supuesto rechaza hacer pública su postura mientras estudia las peticiones de indulto.

    ​En paralelo a este trámite, el Ejecutivo español ultima una reforma del Código Penal que plantea una rebaja de las penas para el delito de sedición, por el que fueron condenados los líderes del proceso independentista.

    Se trata de una vía alternativa que significa la reducción automática de la condena impuesta a Junqueras y el resto de dirigentes catalanes y facilitaría su excarcelación.

    Una petición con poco futuro

    Hasta que una de estas alternativas dé sus frutos, los políticos catalanes deberán permanecer en sus respectivos centros penitenciarios en un régimen más estricto que antes de la pandemia, ya que el Tribunal Supremo de España les revocó recientemente el tercer grado.

    El tribunal rechazó este grado de semilibertad para los nueve condenados al considerar que las autoridades penitenciarias —que dependen del Gobierno catalán— les habían concedido la medida de forma prematura.

    Hasta esta decisión, los presos podían salir entre semana para trabajar, cuidar de familiares o realizar voluntariado, y pasaban el sábado y el domingo en sus hogares.

    Junqueras y el resto de exmiembros del Gobierno de Puigdemont cumplen penas de entre 9 y 13 años y, según recordó el Supremo en su resolución, ninguno cumplió la mitad de su condena y seis de ellos ni siquiera una cuarta parte.

    El independentismo vio en esta decisión un nuevo "castigo" de la Justicia española y prometió redoblar esfuerzos para conseguir la liberación de sus dirigentes.

    El camino de la amnistía llegará a las Cortes españolas el próximo marzo, aunque lo más probable es que no alcance el Pleno y que se quede en la Mesa del Congreso.

    El Gobierno de Pedro Sánchez ya se pronunció al respecto, descartando por completo respaldar esta medida porque, aseguran, la Constitución española prohíbe la concesión de indultos generales.

    Además, la amnistía supone la extinción de cualquier delito imputado, lo que daría la razón a los sectores independentistas que dicen ser perseguidos por su ideología y afirman tener "presos políticos".

    Ese es un extremo que ni el Ejecutivo español ni la mayoría de fuerzas parlamentarias en España permitirán, por lo que lo más probable es que se convierta en un método de presión para acelerar los indultos y la reforma de la sedición.

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    amnistía, independentistas, independencia, España, Cataluña
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