Material radioactivo en España: los fosfoyesos que se almacenan en Huelva

Estos residuos se filtran a las marismas cercanas a esta ciudad de Andalucía y emiten metales tóxicos a la atmósfera. Varios colectivos de la ciudad han pedido su desmantelamiento, aunque los planes son recubrirlos.

A pesar de su proximidad, no ha sido un asunto de debate. Quizás porque esas torres blancas parecían de sal, inofensivas. Últimamente, gracias al trabajo de varios colectivos, el tema se ha convertido en algo más habitual. En Huelva ya suele colarse en conversaciones una palabra poco común: fosfoyeso. Este residuo industrial, que se genera por el tratamiento del yeso para obtener ácido fosfórico, se acumula desde hace décadas a los pies de esta ciudad andaluza.

La empresa Fertiberia, dedicada a productos fitosanitarios, deposita en plenas marismas del Odiel, a 400 metros de la primera fila de viviendas, unos 120 millones de toneladas de este elemento. Están repartidas en cinco zonas. Abarcan unas 1.120 hectáreas, la misma extensión que toda esta urbe de 150.000 habitantes. Al desecharlos al aire libre, sin apenas protección, se filtran al subsuelo y suponen una amenaza para la salud de los vecinos por la emulsión de metales como el uranio o el radio y sus efectos radioactivos.

"Este problema era, sin embargo, un tabú entre la gente, en parte por la desinformación deliberada de medios locales y en parte por los intereses que hay alrededor", explica Juan Manuel Buendía, presidente de Mesa de la Ría. Esta asociación (que se ha constituido como partido político y cuenta con dos concejales en el ayuntamiento) nació en 2002 con la intención de denunciar estas prácticas. Casi dos décadas después, sus reivindicaciones siguen vigentes: a principios de diciembre organizaron una marcha de protesta en las inmediaciones de las fábricas, en plena desembocadura del río Tinto, y han replicado las quejas en Madrid. "Es un ecocidio mayúsculo", sentencia. 

POR EL MEDIO AMBIENTE

💚❤️💙 Mesa de la Ría apuesta por una marisma limpia libre de fosfoyesos.

Queremos una ciudad libre de actividades que contaminen nuestro entorno que envenenen nuestra ría y que dañen nuestra salud.#Huelva #HuelvaEnTusManos
VOTA MESA DE LA RÍA pic.twitter.com/DW4WYmfCRR

— Mesa de la Ría (@mesadelaria) May 16, 2019

​Su vehemencia no es nueva. Para Mesa de la Ría o grupos ecologistas como Greenpeace, el estudio del caso suma varias décadas. Por eso, Buendía lo ve como "un tema complejo" que tiene muchos vericuetos, tanto históricos (por su titularidad y su propósito) como legales (por las diferentes citas judiciales que ha sorteado). Su origen, por dar una pincelada, se retrotrae al franquismo. En la década de los sesenta, debido a unos planes de industrialización, se trasladaron a este rincón, colindante al puerto de Huelva, algunas fábricas.

Todo estaba en manos de Fertilizantes Españoles, entidad pública. Hasta que el régimen termina y pasa a manos de Fertiberia, propiedad del Grupo Villar Mir, ministro en los primeros años de la democracia que había ostentado altos cargos en la dictadura. Entrarán posteriormente las estadounidenses Atlantic Cooper y Foret (ya cerrada) o la marroquí OCP, una empresa nacional de fosfatos, con una participación pequeña. Con este entramado en torno al ácido sulfúrico y los fosfatos se asienta una base internacional de tratamiento de minerales.

Va dirigida, principalmente, a la elaboración de fertilizantes químicos, utilizados en los cultivos de la región (actividad que a finales de 2019 daba trabajo a un 20% de la población, según el Instituto Nacional de Estadística, y suponía en 2011 —expone un informe provincial de 2012— un 5,24% del Producto Interior Bruto en la provincia, por encima de la media autonómica, que es del 4,31%, y el doble que la nacional, del 2,66%). "Es muy contaminante, pero aquí tiene mucha salida por los huertos", sintetiza Buendía, que cifra en unos 60 los trabajadores de la compañía, aunque la industria de los fertilizantes haya congregado a 1.500.

Mientras atraviesa algunos baches económicos por diferentes crisis, Fertiberia se enfrenta a obstáculos mayores: en 1998, amplía su concesión del terreno, pero en 2003 el ejecutivo se la retira por incumplimientos como la superación de los espesores máximos de yeso y la utilización inadecuada de una de las balsas. Va a juicio y se falla en su contra. En 2007, la Audiencia Nacional ratifica la condena. Y en 2009, en un auto donde se ordenaba ejecutar su sentencia, se acordó la prohibición de apertura de nuevas balsas de vertidos y el cese definitivo de los vertidos para el 31 de diciembre de 2010, además del inicio "inmediato" por Fertiberia de la regeneración ambiental de los terrenos.

La propuesta fue estirándose sin solución. En 2014 se presentó un plan para cumplirlo que aún no se ha llevado a cabo. Pero cuenta con un empujón institucional: el Gobierno lo valoró positivamente en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), publicada el 23 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El recorrido todavía es largo, no obstante.  Le quedan pendientes autorizaciones de la Junta de Andalucía y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), además de confirmar el aval de 65,9 millones de euros pendiente. A este respecto, los números bailan. Según el diario Abc, fuentes de Fertiberia inciden en que la firma aportó el 55% del importe y acreditó la suma de 36,1 millones (de los 65,9 millones exigidos).

La DIA favorable del Gobierno al proyecto de Fertiberia supone condenar a la ciudad de Huelva de por vida. @TeresaRodr_ lo explica en este vídeo. #3D #StopEcocidioHuelva #NoalproyectodeFertiberia #MarismaLimpia pic.twitter.com/JORjOdrXP4

— Anticapi Huelva (@AnticapiHuelva) December 3, 2020

​Por su parte, tal y como recoge el periódico español, la Audiencia Nacional no considera acreditada "de modo riguroso y fehaciente" la suma aportada y solo ha dado por válidos 32,5 millones "al entender que el beneficiario de los 3,6 millones restantes no es el Ministerio sino la Junta de Andalucía, aunque en ambos casos —señala— las garantías tienen por objeto cubrir la ejecución de los trabajos de regeneración de los apilamientos de fosfoyeso".

Una cuestión que no ha pasado desapercibida, ya que el fondo de inversión alemán Triton Partners ha cerrado la compra de Fertiberia por unos 200 millones de euros, según publicaron medios locales. Julio Barea, responsable de campaña de Greenpeace, se oponía a esta operación así en un comunicado enviado a Sputnik por la agrupación: "Con esta operación, quien ha contaminado durante décadas las marismas y la salud de la ciudadanía onubense pretende evadir su responsabilidad en el caso de contaminación más grave de Europa, causado por ella misma".

Les acechan otras barreras: el CSN, por ejemplo, ya ha puesto pegas sobre el proyecto de reconversión y espera emitir un informe final analizando las medidas de protección radiológicas. Paralelamente, varios organismos están comprobando la estabilidad del terreno (amenazado por corrientes y movimientos tectónicos) y la radioactividad.

"No se ha planeado retirar los vertidos tóxicos y radiactivos sino que, en lugar de descontaminar la zona, se propone cubrir con unos centímetros de arena la zona actualmente ocupada por los residuos", argumentan desde Greenpeace, donde se muestran "perplejos" por la capacitación del Ministerio de Transición Ecológica.

Consiguen de esta manera, tal y como arguyen en Greenpeace, "eludir la obligación de restaurar una zona ambientalmente degradada". "Ignoran el daño provocado por Fertiberia a la salud ambiental y de la ciudadanía, que ha estado expuesta a estos residuos industriales tóxicos, peligrosos y radiactivos, como reconocieron el Parlamento y la Comisión europea, con los que, ahora, tendrían que seguir conviviendo, escondidos bajo la alfombra", señalan.

Buendía aporta, encima, unas ilustraciones e informes pormenorizados de las emisiones de metales a la atmósfera y la cronología de los expedientes nacionales y europeos contra las balsas de fosfoyesos. "Los responsables de los vertidos han sido las administraciones locales, autonómicas y estatales, que siempre miraron hacia otro lado y protegieron la industria", asevera el presidente del grupo.

"Hemos presentado alegaciones durante todos estos años, un plan urbanístico respetuoso para la ciudad y hemos conseguido el apoyo de más de un centenar de plataformas ciudadanas", indica. También les respaldan algunos grupos políticos locales de la oposición (se han "desmarcado" el PSOE, en el poder, y el PP, antiguo mandatario). En algunas convocatorias, "antes del COVID-19", más de 2.500 personas gritaron "¡Fosfoyesos fuera!" y "¡Huelva limpia ya!" a lo largo de sus arterias principales.

Ana Pinto, vecina de la urbe andaluza y miembro del colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha, es una de estas participantes. "Son el reflejo de lo que pasa aquí, que no solo explotan a las personas en los tajos sino que agotan los recursos naturales. Queremos que desaparezcan y dejen de perjudicar a los residentes, así como disfrutar de nuestros paisaje", apostilla quien nació con esas montañas blancas de fondo y las veía sin saber muy bien qué significaban. Ahora espera a que el virus esté controlado para salir a la calle. Ya han logrado algo importante, sostienen: que se comente, que no sea un tema silenciado.

Hoy 3D, desde Madrid, representantes del Colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha nos sumamos a la lucha contra los fosfoyesos en nuestra provincia. pic.twitter.com/e0SgChkFbO

— Jornaleras de Huelva en Lucha (@JornalerasL) December 3, 2020