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    El traslado aéreo a la península de inmigrantes arribados a las costas canarias provoca un choque verbal entre administraciones regionales y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La Junta de Andalucía afirma desconocer su paradero. Se duda del control sanitario de unos traslados que el Gobierno central niega que se hayan producido sin autorización.

    La actualidad en materia de migración está produciendo un choque entre administraciones territoriales, al menos en el plano comunicativo. Diferentes instancias en varias comunidades autónomas denuncian el traslado de inmigrantes irregulares desde las Islas Canarias hasta el territorio peninsular sin autorización ni control sanitario.

    El 9 de diciembre, la Junta de Andalucía y el alcalde de Granada denunciaron que el Gobierno central había organizado el traslado en avión de unos 200 inmigrantes, previo aviso del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Esta organización sindical dio cuenta al día siguiente de la llegada a Valencia de otras 400 personas procedentes de Canarias a los que además no se habrían practicado pruebas de diagnóstico de tipo PCR. Pero el Ejecutivo central negó el mismo día 9 que se estuvieran produciendo traslados de inmigrantes desde Canarias a la península sin autorización y sin someterse a estos tests, tal y como afirmó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la ministra portavoz, María Jesús Montero.

    Desde el Ministerio del Interior se puntualiza que no se están realizando esos viajes, sino que se organizan de modo puntual algunas "reubicaciones". "Son ubicaciones controladas y con todas las garantías sanitarias", afirmó la ministra Montero, al tiempo que subrayó que de existir traslados sin autorización se investigarán policial y judicialmente. En la Delegación del Gobierno en Granada, también negaron el "flete" de vuelos desde Canarias no autorizados. La subdelegada, Inmaculada López, no obstante afirmó que esos migrantes a bordo de aviones son "libres" y que cuentan con sus "papeles en regla" para desplazarse por el territorio nacional.

    Es el caso de los inmigrantes que cuentan con recursos propios o están ayudados por familiares que ya residen en España. El resultado es que pueden abonar los pasajes en aviones comerciales, cuyo acceso pueden bloquear los efectivos de la Policía Nacional en el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria.

    Recordamos que, según las leyes del país, toda persona que pisa suelo español accediendo a él de manera irregular, cursa 72 horas de trámite policial en las que se registra o no su solicitud como demandante de protección o asilo. En caso desfavorable, se ejecuta un expediente de devolución. Mientras estos trámites se llevan a cabo, cualquier traslado y derivación es asumido por la Policía.

    Choque comunicativo

    A nivel narrativo, la situación puede sorprender, pues los hechos son explicados de distinta manera por administraciones gobernadas por partidos de diferente signo político. Las declaraciones al respecto del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez contrastan con las afirmaciones del Gobierno regional andaluz, encabezado por Juan Manuel Moreno (Partido Popular), que a su vez se apoya en las versiones aducidas por la Policía Nacional.

    Sobre el terreno, las asociaciones de ayuda a los inmigrantes afirman desconocer el paradero de las 200 personas supuestamente llegadas a Granada en las últimas fechas. "No sabemos nada", declaran a Sputnik en Granada Acoge, donde aseguran que es la primera vez que asisten a una contingencia de la que se han enterado por televisión y no palpan de primera mano. A la pregunta de cuál puede ser la razón del cruce de declaraciones a nivel político y entre administraciones, en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), su coordinador general Diego Boza explica a Sputnik que en realidad el asunto viene de lejos y tiene que ver con el modo en que se abordan las crisis migratorias en España en los últimos años.

    "Nos llama mucho la atención el apagón informativo que se está desarrollando en el Ministerio del Interior, y no solo en este caso, sino con la situación de todos los inmigrantes, cómo tratan de cerrar al máximo el acceso a la información y los datos", dice Boza, quien afirma que si su traslado se realiza para que puedan seguir su "itinerario vital" bajo condiciones adecuadas de protección y acogida, "es una buena decisión".

    En la APDHA inciden en que la imprecisión y falta de información se produce también en torno a Salvamento Marítimo, un servicio que antes daba cifras y ahora no. El fin que podría justificar tal "apagón informativo" puede ser un deseo de "reducir el efecto de los discursos racistas". "Sin embargo", continúa Boza, "lo que se puede provocar es justamente lo contrario, por eso entendemos que la transparencia siempre tiene que distinguir a las administraciones". En su opinión, son los mecanismos públicos los que han fallado, en contraste con una sociedad española que "en gran medida ha asumido la llegada de inmigrantes de una forma incluso mejor que el propio Estado".

    "En todos estos años no se ha generado un mecanismo de protección de menores, ni sistemas de acogida. Se ha centrado todo en la detención, la expulsión y la deportación, que se sabe que son vías fracasadas".

    En la APDHA estiman que en 2020 puede alcanzarse de nuevo la cifra de 1.000 muertos y desaparecidos entre los que tratan de llegar a España. "Y nos preocupa que se utilice esta situación para una guerra política de segunda categoría, de bajo nivel, pues no entra en el fondo de las cuestiones realmente importantes", concluye Boza.

    "Solo conociendo cuál es la magnitud del fenómeno, podemos entender cómo han fracasado las políticas de cierre de fronteras y de Europa como fortaleza que se han venido desarrollando en los últimos 25 años".

    En medio de la crisis sanitaria

    En Valencia, la Policía Nacional ha detenido a 16 inmigrantes procedentes de Canarias, dos de los cuales han dado positivo en COVID-19. Lo confirmó a los medios David Gimeno, portavoz del SUP en la comunidad valenciana, quien además se preguntó quién había pagado el desplazamiento a unas personas hasta Valencia, puesto que "no tienen ni para comer". Unas 400 personas han llegado desde el día 4 diciembre a los aeropuertos de Valencia y Alicante.

    Un primer control sanitario se efectúa en los puertos de arribo en Canarias, donde la masiva afluencia de inmigrantes obró una situación de hacinamiento en el muelle grancanario de Arguineguín, situación denunciada por el juez Arcadio Díaz Tejera, encargado del Centro de Internamiento de Extranjeros de Gran Canaria. Este magistrado calificó de "degradante e inhumano" el trato dispensado a los inmigrantes, pues a su entender no cumplía con lo establecido en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de Roma de 1950.

    En declaraciones a la emisora Carne Cruda, Díaz Tejera aseguró que los inmigrantes que arribaban al puerto y se trasladaban ya en abril al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, dieron negativo todos, pero que acabaron infectándose al entrar en contacto con las personas que les atendían y vigilaban. "Nos dicen 'son negros y nos traen el bicho', hay un 50% de verdad, y es que son negros. Pero no es cierto que nos traen el bicho, eso es falso; el porcentaje de positivos del 80% no llega al 2%. Todos los que estaban en Barranco Seco dieron negativo, todos. (…) Los que fuimos contagiándoles fuimos nosotros, los blancos", explicó, detallando el motivo del cierre del centro, reabierto en septiembre.

    "Se está buscando la confrontación, sumando un elemento muy peligroso como es la alarma social sanitaria", avisa Diego Boza. "No se puede dudar de que se someta a estas personas a pruebas PCR cuando es algo que figura en los protocolos a su llegada a territorio español en cayucos".

    "Es una forma de azuzar al Gobierno central con estas personas. Con este discurso se genera lo que no queremos: una sociedad radicalizada que se oponga a la integración y a la realidad a la que nos enfrentamos. Porque la realidad es que vamos a seguir teniendo inmigración durante muchos años", concluye.

    Etiquetas:
    emergencia sanitaria, COVID-19, control, Salvamento Marítimo, política de inmigración, inmigración ilegal, inmigración, inmigrantes indocumentados, inmigrantes
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