"La política migratoria representa un reto no solo para España sino para el conjunto de Europa", dijo la portavoz gubernamental en una rueda de prensa, tras ser preguntada por la situación en el archipiélago canario.
Según datos del Ministerio del Interior, en lo que va de año, Islas Canarias recibió más de 18.000 migrantes por vía marítima, lo que supone un incremento de más del 1.000% respecto a las 1.500 personas que lo hicieron en 2019.
El Gobierno de España levanta campamentos con 7.000 plazas para acoger a los migrantes hacinados en el puerto y a otros que fueron trasladados a complejos hoteleros.
No obstante, el Gobierno insiste en rechazar el traslado de los migrantes a otros territorios del país, tal y como piden grupos humanitarios y las autoridades locales del archipiélago.
De esta manera, las autoridades españolas mantienen la crisis migratoria encapsulada a 1.700 kilómetros de su territorio peninsular pese a las dificultades de gestión en las islas, algo que la ministra portavoz justificó este 24 de noviembre afirmando que se busca desincentivar el viaje a Europa.
"La fórmula tiene que ser doble: por una parte evitar las concentraciones en esta comunidad autónoma pero por otra parte evitar que el fenómeno de la dispersión sea una excusa para que las mafias sigan utilizando ese itinerario", añadió.
En las últimas fechas España cerró acuerdos con países como Senegal y Mauritania para reactivar los vuelos de repatriación de los migrantes que no tengan derecho de asilo, unas devoluciones que fueron paralizadas durante la pandemia.
Según destacó Montero, se están intensificando los trabajos para que las repatriaciones sean lo más ágiles posible, con lo que se busca evitar "situaciones de concentración no deseadas como las que nos hemos podido encontrar".
