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    En todo el territorio nacional hay casi un centenar de colegios e institutos subvencionados que separan a sus alumnos. La normativa pretende regular la entrega de terrenos a este tipo de instituciones y controlar los pagos mensuales que les efectúan las familias a modo de "donación".

    Las vallas están cubiertas de lazos naranjas. En la entrada, junto al cartel que lo define como un centro concertado de la Comunidad de Madrid (es decir, financiado con fondos públicos), una pancarta impresa recientemente espeta: "Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos". El colegio Los Tilos, situado en el distrito de Vallecas, al sur de la capital, se opone así a la nueva normativa educativa, invitando a firmar un manifiesto en su página web. "Libres y punto", reza por su parte el Tajamar, en el mismo enclave.

    Ambos pertenecen a la orden católica del Opus Dei, separan a alumnos y alumnas por sexo y gozan de unas instalaciones en suelo cedido estatalmente. Ahora, con la ley que ultima Gobierno, tendrían mayores restricciones. La Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la LOE), conocida como Ley Celaá por la ministra de Educación, pretende restringir el terreno público para este tipo de centros y abolir las cuotas (expedidas en forma de donación o de pago para actividades extraescolares). El 19 de noviembre se aprobó en el Congreso por un voto (177 a favor, 148 en contra y 17 abstenciones) y está en proceso de entrar en vigor cuando pase por el Senado.

    Una división que también se palpa en la calle. Los colegios concertados han protestado por el supuesto agravio y achacan al Ejecutivo priorizar su ideología sobre la libertad individual. Los colegios públicos y sindicatos alaban la propuesta, con alguna pega, por su atrevimiento a la hora de atacar esta línea educativa que se originó en los años ochenta como algo temporal y que en la actualidad acoge a un cuarto de los ocho millones de personas en edad formativa no universitaria.

    ​"Cuando me metieron con chicas, dejé el instituto", ríe Jorge, de 45 años. Padre de un alumno del Tajamar, cree que la separación no es lo mejor, pero funciona. "Entiendo cómo son los chavales y las chavalas, pero así la disciplina y la preparación es mejor", argumenta. Su hijo, de 17 años, practica varios deportes. Y encuentra en este centro las instalaciones adecuadas. "Tuve que sacarle de otros sitios para que estudiara mejor", alega, confesando que paga una donación de unos 80 euros para actividades extraescolares: en 2019 recibió 4,2 millones de euros de la Comunidad de Madrid, según lo publicado por la cadena Ser.  

    Otro padre de 40 años que prefiere mantenerse en el anonimato también ingresa cuotas mensuales. Esta vez en Los Tilos, donde lleva a su hija. "En esta zona no hay colegios en condiciones", defiende, sin posicionarse por la segregación. "No me gusta, pero no me parece mal. A largo plazo, está bien que la vayan eliminando, pero para alguien que ya ha empezado con esta forma, no", dice, creyendo que esta ley va a prohibirlo de raíz (lo único que señala es el control de la cesión de suelo). Según los datos que aportaron las conserjerías de educación a Efe en 2018, en España había 87 colegios concertados ofrecían esta separación. Destacaban Madrid, Cataluña y Valencia, con más de una decena cada una.

    Valla del colegio concertado Los Tilos, uno de los que segrega por sexos en Madrid, con lazos contra de la nueva ley educativa
    © Sputnik / Alberto García Palomo
    Valla del colegio concertado Los Tilos, uno de los que segrega por sexos en Madrid, con lazos contra de la nueva ley educativa

    Carlos Granado, sacerdote y director del centro Stella Maris, apuntaba en una entrevista de El Confidencial Digital que "el argumento del igualitarismo no lo puede tomar en serio nadie que quiera educar". "Que la diferencia sexual tiene una importancia decisiva me parece también un punto de partida, que es necesario asumir con serenidad e integrar en algo mayor, como es la posibilidad de una plenitud en la comunión recíproca. Todo el trabajo del niño se encuentra aquí con un punto que afecta a su propia maduración como persona. Lo que es decisivo es saber acompañarle para que la integre con esperanza", opinaba.

    En cuanto a la educación sexual, que el ministerio quiere potenciar, decía: "No se les da una respuesta adecuada, si no se les sabe acompañar en el proceso de integración de sus deseos, acabarán banalizando la sexualidad, usándola para el placer y el dominio, y así desdibujan su carácter humano y personal, pues es un don maravilloso que Dios nos ha dado para no vivir en la soledad, sino en la comunión". 

    "No estoy muy enterado, pero supongo que no les causa ningún problema", piensa Jaime, un chico de 17 años, en las puertas del Tajamar. A él le han informado estos días sobre las manifestaciones que ha habido y están convocadas en contra de la ley. Hace unos días, de hecho, algunas clases de los cursos más bajos (con niños de menos de siete años) se acercaron a un parque cercano a plantar lazos naranjas. Lo hicieron estos dos colegios contiguos (Sputnik no ha podido contactar directamente con ningún responsable) aunque el apoyo se extiende a la mayoría de concertados. Una profesora de otro subvencionado, por ejemplo, asegura que, aunque miembros del equipo directivo utilicen consignas de denuncia, aún no han debatido el asunto.

    Muchos se han unido a la plataforma Más Plurales. Sobre todo, los religiosos, que rondan el 60%. Jesús Muñoz, el portavoz del colectivo, adelanta a Sputnik que son "malos días para la educación". "Llevamos siete leyes partidistas de educación", apunta, "y esta es intervencionista, que nos lleva a una educación pública única". Muñoz señala los puntos más discutidos de la orden y subraya que la escuela concertada y pública son "complementarias". "Con la nueva distribución se cerrarán centros", arguye, refiriéndose a la cláusula que trata de repartir a los alumnos en centros gratuitos por cercanía.

    La ley Celaá establece que, cuando no existan plazas suficientes en escuelas públicas, la escolarización se hará prioritariamente por proximidad de domicilio o del trabajo, por la existencia de hermanos matriculados, así como la renta per cápita. Además, esta normativa contempla que los centros concertados no podrán percibir ningún tipo de aportación económica obligatoria. "La educación concertada ya era gratuita por ley", insiste Muñoz, que defiende el pago de cuotas como uso para actividades extraescolares.

    ​El portavoz de Más Plurales alude a una de las consignas más repetidas por estos centros: el gasto por alumno. Mientras en la pública es de 5.607 euros, según las estadísticas de la Educación del Ministerio de Educación y Formación Profesional referentes a 2016, en la concertada rondan los 3.000 euros, según distintos informes a lo largo de los años. Sin embargo, Manuel Muñiz Pérez, uno de los autores del estudio Colegios concertados y selección de escuela en España, un círculo vicioso, se refiere a este dato como "una falacia" porque se juegas “con reglas diferentes”.

    "La pública acoge a la mayoría del alumnado con necesidades educativas especiales, al 80% de los inmigrantes y a todo el alumnado de centros rurales", que "en términos económicos son menos rentables porque te va a dar grupos pequeños", defendía en un artículo de Newtral. "El grueso del coste de un alumno en educación es el tema del personal, como el pago a los profesores. En la pública tienes a profesores que se han ganado una plaza y por lo tanto van a cobrar más dinero, tienes grupos más pequeños que permiten una mayor calidad educativa y con profesores que dan menos horas que la concertada. Solo con eso, se explica gran parte de donde viene la diferencia del coste".

    Un responsable del sindicato UGT en esta rama, que no quiere dar nombre, incide en que las reacciones son "muy malas". "Es todo por ideología, porque si algo funciona no hay por qué destruirlo", razona, añadiendo que "quieren prohibir el castellano y la libertad". En realidad, la ley simplemente establece que el castellano, al contrario de lo que decía la normativa anterior, no es una lengua vehicular. Es decir, que no constará como obligada u oficial, a pesar de que al término de las etapas de primaria y secundaria deberán alcanzar un dominio pleno.  

    Y Ferran García, secretario de políticas educativas del Sindicato Comisiones Obreras en la Comunidad Valenciana, valora el cambio, aunque lamenta que no se haya subido la inversión (pedía que fuera del 7% del producto Interior Bruto) y que se bajara la ratio. "Llevamos años denunciando el pago ilegal en la concertada, que se vende como donación voluntaria, pero es involuntaria en cuanto afecta a la actividad del niño. Esto es: si no puedes llevar a cabo una clase porque no pagas o no tienes derecho a un aula de informática no es voluntario. Y con la pandemia algunos han intentado seguir cobrándolo", arenga.

    Varios centros concertados próximos al Tajamar, como el Gredos San Diego o el Nueva Castilla, también incluyen esa cuota. La esconden bajo distintas denominaciones y se suman a otros ingresos por libros o uniforme. La diferencia es que no segregan ni tienen un cartel en la puerta donde pone: "Más libres, más plurales, más iguales".

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