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    La Ley de la ministra de Educación, Isabel Celaá, se prepara para su aprobación. Una normativa que incluye restricciones a la educación concertada, la desaparición del español como lengua vehicular o la opción de no cursar religión. Una propuesta contra la que protestan determinados sectores de la educación y la oposición.

    La educación a votación. El Congreso de Diputados debate el jueves 19 de noviembre la Lomloe, también conocida como Ley Celaá. Su principal objetivo es derogar la LOMCE, aprobada por el Gobierno del PP, y actualizar la LOE, de origen socialista, a través de cinco puntos básicos: el interés superior del menor, la igualdad de género y la prevención de la violencia machista, la mejora de los centros educativos con una mayor personalización del aprendizaje, la importancia de atender al desarrollo sostenible según lo establecido en la Agenda 2030 y la necesidad de atender al cambio digital en la actividad educativa.

    Para su aprobación necesita una mayoría absoluta en la Cámara Alta. Después pasará al Senado para completar su tramitación parlamentaria. No obstante, varios grupos políticos ya se han posicionado en contra de la reforma educativa. El proyecto ya recibió tres enmiendas a la totalidad por parte de PP, Ciudadanos y Vox, todas ellas debatidas y rechazadas.  También presentaron una más JxCat y PNV, apoyada por las formaciones anteriores. Además, el PP ha confirmado su intención de llevar la Ley Celaá al Tribunal Constitucional.

    Mientras, distintos sectores educativos se han lanzado a la calle para protestar en contra de su aprobación. El 22 de noviembre, la escuela concertada ha convocado manifestaciones en todo el territorio nacional, a las que el líder del PP, Pablo Casado, tiene la intención de unirse. Además, la Plataforma Más Plurales, formada por asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos cercanos a la educación concertada, ha recogido más de 1.300.000 firmas de apoyo contra la tramitación de la Ley Celaá.

    ¿Por qué protesta la educación concertada?

    Los colegios concertados son aquellos que gozan de una financiación mixta. Es decir, una parte proviene de las subvenciones del Estado y otra del dinero que aportan las familias de los estudiantes. Con la Lomloe se pone coto a su manera de retribuirse.

    Y es que, con su aprobación, tanto los centros públicos, como los privados concertados no podrán percibir cantidades de las familias por recibir enseñanzas de carácter gratuito. Tampoco podrán solicitar el pago de cuotas a través de sus fundaciones, con lo que se quiere evitar que los padres y madres de los alumnos estén obligados a aportar dinero a estas organizaciones o que se establezcan servicios obligatorios vinculados a las enseñanzas que necesiten aportación económica.

    Por otro lado, la cercanía del domicilio de residencia se convierte en casi el único criterio para la admisión de los niños al colegio. Eso sí, se mantienen otros requisitos como tener hermanos en el centro, ser familia numerosa o la proximidad al trabajo de los padres.

    También se ven afectados por otros puntos de la normativa. Por ejemplo, cualquier centro que incurra en la segregación por sexos dejará de recibir ayudas gubernamentales. Además, se prohíbe ceder suelo público para la construcción de centros que no sean de titularidad pública.

    Desde esta modalidad educativa, que representa el 30% de la enseñanza de España, lamentan que no se les haya tenido en cuenta a la hora de tramitar la ley. "Busca que la concertada deje de ser complementaria de la escuela pública para pasar a tener un papel secundario", afirma la presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos, Begoña Ladrón de Guevara, a Ondacero. Para la diputada socialista Luz Martínez Seijo "no hay ningún ataque a la concertada, lo que hay es una campaña tóxica" contra la ley.

     "Lo que queremos es acabar con la proliferación de un tipo de concertada que no tiene fin social", comenta.

    El castellano deja de ser lengua vehicular

    El 5 de noviembre, los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y ERC aprobaron en la Comisión de Educación que el castellano no fuese lengua vehicular en la enseñanza. Un punto que ha generado mucha polémica, principalmente en los grupos de la oposición, que ven una cesión al arco independentista de la política catalana.

    La eliminación de las frases "castellano, lengua oficial del Estado" y la de "el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares" ha provocado todo tipo de reacciones. Por ejemplo, la de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien ha anunciado que su voto a favor de los Presupuestos Generales del Estados estaría condicionado por la retirada de este apartado.

    Las comunidades autónomas serán las encargadas de garantizar el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza adecuada en castellano y su respectiva lengua cooficial. El texto remarca que los estudiantes deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y de la lengua cooficial correspondiente. Eso sí, se mantiene la posibilidad de establecer exenciones de cursar o de ser evaluados en la lengua propia de la comunidad autónoma a determinados niños y niñas.

    Pasar de curso con asignaturas suspendidas

    Los alumnos podrán pasar de curso con asignaturas suspendidas si sus profesores consideran que las materias no superadas le permiten rendir con éxito en el siguiente curso. Así, se podrá promocionar de manera excepcional a estudiantes que tengan más de dos asignaturas suspendidas si el profesorado lo considera conveniente. El claustro de docentes también tendrá la opción de otorgar el título de Bachillerato con una asignatura suspendida.

    En caso de repetir, solo se podrá hacer dos veces en toda la educación obligatoria, que llega hasta los 16 años. Así, el alumno podrá permanecer en el mismo curso una vez en Primaria (de los 6 a los 12 años) y otra en Secundaria (de los 12 a los 16 años). En caso de no haber superado con éxito la primera etapa, se permitirá repetir dos veces en la segunda.

    Según la ministra de Educación, el objetivo de estas concesiones es "dar respuesta a las situaciones generadas por la pandemia", que, por norma general, afectan a las familias con menos recursos. Nadie pasará de curso sin la evaluación y permiso del equipo docente del centro en el que estudia.

    ¿Qué sucede con Religión?

    Religión seguirá en los planes educativos en España. Sin embargo, cursarla será opcional, no tendrá otra materia como alternativa y no contará para la nota. Además, se creará la asignatura Educación en Valores cívicos y éticos, obligatoria en tercero de Primaria y en el cuarto curso de Secundaria. La Constitución española o los Derechos Humanos serán parte de su temario.

    Dejar a Religión sin nota ha molestado a determinados ámbitos educativos, sobre todo de la escuela concertada. Hay que recordar que, en España, el 73,9% de los colegios concertados son católicos, según datos de la Red de Escuelas Católicas.

    Otros puntos de la normativa

    Además de las enmiendas mencionadas, la Lomloe incurre en otros aspectos. Algunos también generan polémica. La misma problemática que aparece cuando se intenta aprobar una ley educativa.

    • La Ley Celaá busca acabar con la desigualdad de género. Así, además de acabar con la segregación por géneros del alumnado, la normativa promocionará la presencia de mujeres en cursos de mayoría masculina y viceversa. Además, acabará con los contenidos sexistas existentes en determinados manuales.
    • Mayores recursos para que los colegios puedan acoger a alumnos con discapacidad. El objetivo del Gobierno es conseguir una educación más inclusiva a lo largo de los próximos 10 años. No obstante, distintos centros de educación especial han denunciado que "quieren acabar con ellos". La ley no plantea el cierre de este tipo de escuela. Es más, en ningún punto plantea el traspaso de escolares de centros especializados a centros ordinarios y se compromete a seguir dando apoyo a estas instituciones.
    • Los inspectores educativos ya no se elegirán por oposición. Se hará mediante una fase concurso en la que se medirán los méritos y trayectoria profesional del aspirante y una posterior valoración de la capacidad de liderazgo político o las competencias propias de este cargo. Según el presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación, Jesús Marrodán, esta enmienda "pone en duda la independencia de los profesionales".
    • Contratación de docentes sin máster específico. Según la ministra, la situación actual obliga a reforzar el sistema educativo y que no haya escasez de profesores. Estos podrán ser removidos si no rinden al nivel exigido. Lo mismo puede suceder con los ya contratados.
    • Conocimiento de la historia de la democracia española. Fomentará valores cívicos y de tolerancia y deberá plantearse desde una perspectiva de género.
    • Educación afectivo-sexual. Se fomentará la educación en salud, pero también el conocimiento y respeto de otras culturas y circunstancias para acabar con la discriminación por etnia, orientación sexual, discapacidad o creencia.
    • Mayor número de plazas en el primer ciclo de Infantil (de 0 a 3 años) en centros públicos.
    • Cambio de edad en la educación en adultos. No solo se admitirán a mayores de 18 años, sino también a menores de 16 años que presenten un contrato laboral o deportistas de alto rendimiento.
    • Definición de un plan de contingencia ante situaciones de emergencia. Se pondrán las bases a un modelo para continuar con las clases en situaciones de riesgo.
    Etiquetas:
    España, educación pública, educación, Isabel Celaá
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