Por una mayoría de los votos, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe) o también llamada Ley Celaá, supera su trámite en el Congreso de los Diputados y pasa ahora al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria. La norma ha conseguido su aprobación en la Cámara Baja por 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones en un hemiciclo muy dividido, ya que la nueva ley solo superó por un voto la mayoría necesaria para salir adelante.
✅ El Dictamen del la Comisión de #Educación y #FormaciónProfesional sobre la reforma la Ley Orgánica de Educación obtiene la mayoría absoluta necesaria para continuar su tramitación en el @Senadoesp.
— Congreso (@Congreso_Es) November 19, 2020
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Si el texto no recibe vetos ni enmiendas en la Cámara Alta la reforma será aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si por el contrario el Senado decidiera introducir cambios, el proyecto de ley tendría que volver al Congreso, que debatiría si los admite o revoca.
La aprobación de la Lomloe ha estado marcada por la polémica y ha recibido críticas de distintos sectores educativos, que se han lanzado a la calle para protestar en contra de su aprobación.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, reconoció una vez finalizado el debate que a todos les hubiera gustado tener "más consenso" para la reforma educativa de la Lomloe pero que "lamentablemente el PP, Vox y Ciudadanos se han autoexcluido del debate", asegurando que es "imposible" conseguir un pacto global cuando "algunas fuerzas políticas se autoexcluyen desde el principio, utilizando la educación como herramienta para la lucha política".
Octava ley educativa
Tradicionalmente, el ámbito educativo es un terreno de disputa en la política española, acostumbrada a dar volantazos en la materia prácticamente cada vez que hay un cambio de Gobierno.
Esos virajes hacen que la nueva norma sea la octava ley educativa diferente para España desde la instauración de la democracia en 1978.
El punto más polémico es la desaparición del castellano como lengua vehicular, una definición que fue introducida en el año 2013 por la anterior administración del Partido Popular con el pretexto de "españolizar" a Cataluña, según palabras del propio exministro José Ignacio Wert.
Ahora la norma establece el derecho de los alumnos a recibir enseñanza "en castellano y en las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de acuerdo a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable". "Blindar la inmersión lingüística en Cataluña es más que un triunfo", dijo durante el debate la diputada Monserrat Bassa, del partido Esquerra Republicana de Cataluña.