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    Miles de personas han llegado al archipiélago español en los últimos meses. La mayor parte ha llegado al puerto de Arguineguín, donde se ha tenido que dejar sin acoger a más de 200.

    "Hoy no solo abrimos todos los medios nacionales, sino las televisiones de todo el mundo. 17.000 personas, inmigrantes africanos, están en Canarias. Donde, además, tenemos a la mitad de la población activa en paro o en ERTE. Hay 6.000 personas en hoteles. No hay trabajo, no hay comida. Un drama humanitario. Canarias es un polvorín, es un volcán", ha dicho con vehemencia Ana Oramas, líder del grupo político Coalición Canarias, en el Congreso de los Diputados el 18 de noviembre.

    Lo espetó después de que unos 200 inmigrantes fueran abandonados en el puerto de Arguineguín. La policía les sacó como "solución puntual" a la sobresaturación del lugar, supuestamente a instancias del Ministerio de Interior (el Gobierno Central no ha confirmado la orden desde esa cartera). Tuvieron que hacerse cargo los vecinos y autoridades de pueblos cercanos o las organizaciones de ayuda que trabajan en la zona. Después de horas de incertidumbre, se dispusieron autobuses para trasladarlos a la capital y alojarlos en bungalós u hoteles destinados al turismo. No es una situación nueva: la presión migratoria en este punto del océano Atlántico siempre ha sido alta. Sin embargo, en estos meses de 2020 se ha disparado y la pregunta es si estallará ese volcán del que hablaba Oramas.

    De momento, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado presentar su dimisión después de asegurar hace unos días que no va a permitir que las islas sean una bomba migratoria. A pesar de los ataques recibidos en el hemiciclo y fuera de él. El presidente del cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, escribió en Twitter que denuncian "este desprecio continuado a los migrantes y a esta isla por parte del Ministerio de Interior". "Exigimos la dimisión de los responsables y la solución inmediata de esta crisis, que pasa por las derivaciones a la Península, no por abandonarlos en la calle", apostillaba. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, reclamó por su parte "que se aclare lo ocurrido y que no vuelva a suceder".

    ​En la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) apremiaron a encargarse de este problema cuanto antes. "La decisión tomada es una muestra más de la desprotección de las personas sin recursos. Esta descoordinación está incidiendo en más desprotección de estas personas. Son necesarios traslados urgentes a territorio peninsular para acompasar y acompañar las medidas que se están tomando en el terreno insular con respecto a la actual crisis migratoria que está viviendo", alegaron.

    Y en el Sindicato Unificado de Policía se pronunciaron en contra de lo ocurrido: "No se puede poner en la calle a los migrantes sin ningún tipo de alojamiento ni alimentación. Esta medida generará rechazo social, aumento de la xenofobia y un incremento de la inseguridad ciudadana", esgrimían en declaraciones con El País. El organismo público encargado se ha limitado a enviar un comunicado, reseñado en varios medios, en el que aseguraba haber "dado la orden" para que "se realicen los trámites pertinentes para conocer los detalles que han dado lugar a esta situación".

    Según el Ministerio, tras la reseña policial de una llegada irregular, ninguna persona puede ser legalmente retenida más allá de 72 horas, salvo por causa justificada (como un caso de coronavirus y su consecuente cuarentena). La realidad es que se ha incumplido este precepto en numerables ocasiones. En Canarias, por ejemplo, llevan meses de campamentos precarios para acoger a los inmigrantes. Muchos han estado durmiendo en condiciones de "hacinamiento e insalubridad", según lo expuesto por CEAR. El 12 de noviembre, de hecho, se propuso desmantelar el refugio precario del puerto de Arguineguín y sustituirlo por 23 carpas levantadas en un campo militar de Barranco Seco, dedicado en el pasado a guardar armas y munición y en desuso desde hace tiempo.

    ​Pero cualquier actuación ha sido en balde. Lo visto en las últimas horas, donde aún deambulan centenares de indocumentados por Gran Canaria, es el mayor reflejo. "Las 227 personas fueron realojadas en el sur de la isla. Y hoy se han trasladado al barracón habilitado unas 200. Aun así, unas 2.300 siguen en Arguineguín y se supone que se les irá derivando a otros espacios. Aparte, el Ministerio de Defensa ha aportado más plazas en el centro de Barranco Seco para descongestionar el puerto", explica a Sputnik desde allí Natalia Vargas, periodista del diario Canarias Ahora.

    Canarias, recuerda, se ha convertido en 2020 en la principal entrada de la migración irregular en España. Al país mediterráneo han llegado por mar 32.427 personas, un 45,5% más con respecto al mismo periodo de 2019, según los datos del Ministerio de Interior recogidos entre enero y el 15 de noviembre de este año. De esta cifra, 16.760 migrantes (el 51,7%) entraron por el archipiélago atlántico con un ritmo ascendente. Esta vía, además, es la más importante para esta inmigración irregular: en 2020 ha supuesto el 95,5% del total.

    "Siempre ha sido ese el medio de llegada. No es ni nuevo ni llamativo", esgrime Lucila Rodríguez-Alarcón, directora general de la fundación PorCausa y experta en migraciones. "Lo que pasa ahora es lo que lleva pasando desde hace tiempo: se ha cambiado la gestión por la contención, y eso lleva a una narrativa sensacionalista que hace perder el foco", argumenta.

    ​Rodríguez-Alarcón analiza con perspectiva el asunto: "España es el principal país receptor de migrantes africanos a Europa, pero eso no tiene por qué ser representativo, En realidad, este tipo de migraciones es residual. La mayoritaria sigue siendo la sudamericana en avión". Así, la experta calcula que se sitúa en torno al 8% del total (el Ministerio del Interior lo cifra en un 8,53%: 32.513 dentro de los casi 350.000 inmigrantes que llegan a España). "Es un porcentaje muy pequeño que, además, se ha visto reducido últimamente por dos factores: el COVID y la externalización de fronteras".

    La pandemia de coronavirus ha detenido unos flujos migratorios que son "estables". "Esto es como un río: la humanidad no va a dejar de moverse, pongas las barreras que pongas. El problema es que la estrategia —y más a partir de 2001, cuando se instaló el discurso contra la  inmigración— ha sido de bloquear en lugar de gestionarla", comenta Rodríguez-Alarcón.

    Además, Rodríguez-Alarcón habla de "externalizar fronteras" indicando que España ha trasladado la protección y el control a Marruecos. Es decir, que ha delegado (con fondos propios) a las autoridades de este país magrebí y otros cercanos el control en cada frontera. Como sucede en Turquía con la Unión Europea.

    "La mayoría de los que pasan a España de África son marroquíes y vienen muchas veces por cauces legales, cruzando la frontera terrestre. Los subsaharianos son minoría. Ahora, con el cierre de frontera por el COVID, no solo ha ocurrido ese bloqueo del norte al sur, sino también entre ellos: Mauritania, Malí y demás han clausurado sus fronteras", anota.

    Vemos, pues, que la coyuntura en Canarias se parece a la llamada "crisis de los cayucos" (una llegada masiva de barcas desde países del Sahel en 2006) por un motivo más de física que de política. "Si vas poniendo tapones a algo que no para, se desviará y buscará cualquier válvula de escape", ilustra la directora general de PorCausa. A Canarias, que no es sino un punto más de esta dinámica global, le ha superado la migración debido a una gestión "inútil".

    "Han optado por invertir cada vez más dinero en bloquear o expulsar en caliente, sin observar las posibilidades", apunta Rodríguez-Alarcón. "Mirando los números globales, ¿qué son 30.000 personas para un continente de más de medio millón? ¿Qué son 16.000 para unas islas de más de dos millones? Si se repartieran podría tratarse mucho mejor, como se hace en Canadá y Nueva Zelanda. Pero no interesa".

    ¿Consecuencias? "Se volverá a lo mismo. La narrativa del escándalo terminará con repatriaciones y, por desgracia, nada cambiará", arguye. Lucila Rodríguez-Alarcón cree que ese "volcán" al que se ha referido Oramas no entrará en erupción: "Nunca se soluciona. Queremos darle un toque ético sacándolo en las noticias, pero nada estalla. Ni siquiera en el campo de refugiados de Moria (en la isla griega de Lesbos) ha estallado, con una capacidad desbordada, enfermedades y miseria. Hay más presión artificial que soluciones reales".  

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    ilegalidad, España, Coalición Canaria, Islas Canarias, Gran Canaria, inmigrantes, migrantes, migración
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