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    España de nuevo en estado de alarma (99)
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    BARCELONA (Sputnik) — Una enorme indignación se extiende por los bares y restaurantes de Barcelona, que cumplen un mes con la persiana bajada y seguirán así por lo menos hasta el 23 de noviembre, según la prórroga adoptada por las autoridades regionales para frenar la transmisión del COVID-19.

    "Esto implica aumentar la ruina que el cierre está provocando desde que se decretó de manera errónea. Vivimos una situación completamente desesperada, con miles de empresas que están en el abismo, y el riesgo de destrucción empresarial se multiplica", manifestó en declaraciones a la radio pública de España el director del Gremio de Restauración de Barcelona, Roger Pallarols.

    El sector de la restauración de la ciudad está llegando al límite, según constatan desde hace días las distintas asociaciones empresariales vinculadas a los establecimientos que sirven comida y bebida.

    Ni restaurantes, ni bares, ni cafeterías pueden abrir al público desde el 14 de octubre, limitando sus servicios a la recogida en tienda o el envío a domicilio.

    Este modelo de negocio no es sostenible para una gran mayoría de estos establecimientos, ya que el coste de abrir no rentabiliza los pocos clientes, lo que forzó a muchos a bajar la persiana por completo.

    Al impedimento de abrir al público se añadió pocos días después el toque de queda nocturno, entre las 22:00 y las 6:00 de la mañana, que obliga a los locales de restauración a terminar sus servicios a las 21:00, limitando todavía más su capacidad para operar.

    Aunque otras regiones de España anunciaron medidas similares días atrás, el Gobierno de Cataluña fue el primero en aplicar esta medida ante el auge de contagios de COVID-19, y lo hizo de manera más estricta que en otros territorios.

    "Observamos atónitos como el Gobierno catalán tiró literalmente la toalla y decidió llevar a la ruina a tantísimas familias en vez de luchar por evitar que esta crisis económica que nos ha traído el COVID cree más agujeros", lamentó Pallarols en representación de todo el sector.

    La salud, prioridad para el Gobierno

    Desde el Gobierno catalán lamentan el evidente impacto económico de las medidas pero se muestran firmes en su decisión, ante la difícil situación epidemiológica que viven Barcelona y el conjunto de la región.

    El secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, explicó en su última comparecencia de prensa que 4 de cada 10 actuaciones que se hacen actualmente en los centros de atención primaria están relacionadas con el COVID-19.

    Además, los hospitales tuvieron que suspender parte de sus servicios programados para atender a los 2.700 pacientes ingresados a causa del coronavirus, casi 600 en estado grave y bajo cuidados intensivos.

    "Sabemos que son medidas muy difíciles, muy complicadas, que estamos pidiendo unos sacrificios muy duros a este sector de nuestra economía, pero es nuestra responsabilidad velar por este elemento principal que es la salud", manifestó el doctor y asesor del Gobierno regional.

    La previsión del Ejecutivo catalán es que el 23 de noviembre se comiencen a levantar algunas restricciones que implican actividades al aire libre, lo que podría abrir la puerta a permitir que bares y restaurantes utilicen su espacio exterior.

    Sin embargo, las autoridades ya advirtieron que este escenario está condicionado a la evolución de la pandemia y evitaron hacer promesas al sector, que afronta sin remedio otros diez días de cierre.

    Frente común por la apertura

    En un comunicado, el Gremio de Restauración hizo un llamamiento a las autoridades para "escuchar, negociar y rectificar" a los negocios de la ciudad ante la "asfixia financiera" después de meses de incertidumbre.

    Los establecimientos de Barcelona miran con envidia a otras ciudades españolas como Madrid, donde los casos de COVID-19 siguen bajando pese a que no se produjo un cese de la actividad de bares y restaurantes.

    Hay medidas alternativas, constatan los restauradores, que proponen efectuar un registro de clientes, garantizar la distancia de 1,5 metros entre mesas y otras prevenciones como los controles de temperatura y de la higiene de manos al llegar al local.

    A estas reivindicaciones se suman no solo pequeños negocios, sino también los nombres más reconocidos de la alta cocina de Barcelona, con cocineros como Ferran Adrià, Joan Roca, Jordi Cruz o Carme Ruscalleda.

    Este grupo de chefs catalanes se plantó frente a las restricciones del Gobierno, y en una reunión con autoridades y representantes del sector exigieron que se permita de inmediato abrir el interior de los locales, aunque sea con menor capacidad.

    "Estamos en un momento muy extremo", advirtió durante el encuentro el prestigioso cocinero Ferran Adrià, antiguo propietario del restaurante El Bulli, elegido mejor restaurante del mundo hasta en cinco ocasiones.

    Las protestas de este sector se extendieron además a otros como la cultura y el deporte, ya que gimnasios, teatros y cines también permanecen cerrados y temen que su parón se alargue como el de los restaurantes.

    Negocios en venta y pérdidas millonarias

    Por el momento, las persianas de estos establecimientos siguen bajadas por toda Barcelona, donde abundan las ofertas de locales en traspaso que no pudieron soportar el impacto económico de la pandemia.

    Desde la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm), calculan en 2.500 millones de euros el total de pérdidas sufridas por los restauradores en los 40 días de cierre.

    Sumados al impacto de las medidas restrictivas que se vienen aplicando desde el verano, son más de 3.600 millones de euros en perjuicios de los cuales las ayudas anunciadas por el Gobierno "no llegan a cubrir un 3%", constató la patronal en un comunicado.

    Su presidente, Joaquim Boadas, tachó de "desproporcionado e innecesario" el mantenimiento de las medidas "dado que el toque de queda nocturno y el cierre perimetral de los municipios en fines de semana son medidas más que suficientes para controlar la pandemia".

    Por el momento, Fecasarm mantiene impugnadas todas las restricciones aprobadas por el Gobierno regional y consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pida a las autoridades que justifiquen la última prórroga.

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