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    MADRID (Sputnik) — Los desahucios de familias vulnerables siguen a la orden del día en la España de los confinamientos perimetrales y los toques de queda, todo ello mientras el Gobierno anima a los ciudadanos a permanecer en casa lo máximo posible para contener al coronavirus.

    "La vivienda es la primera sanitaria para protegernos de la enfermedad. Eso está clarísimo a estas alturas. Si no tenemos un lugar donde protegernos y resguardarnos, estamos totalmente desamparados frente a la pandemia", explica a Sputnik la activista Mercedes Revuelta, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

    España arrancó 2020 con la ejecución de casi 10.000 desahucios en enero y febrero, con un ritmo superior a los 150 desahucios por día, la mayor parte por impago de alquiler, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

    Pedro Sánchez, anunciando el estado de alarma
    © Foto : Cortesía de Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa
    Con la llegada de la pandemia los procesos judiciales se detuvieron en marzo y ese mismo mes el Gobierno aprobó un Real Decreto con medidas urgentes para evitar la expulsión de inquilinos cuando se pueda acreditar vulnerabilidad a causa de la pandemia.

    Sin embargo, los procesos fueron reactivados el pasado 4 de junio, haciendo que en el segundo trimestre del año se registraran 1.383 desahucios pese a disponer de menos de un mes para realizarlos, según datos de la PAH.

    "Lo que ha hecho el Gobierno es un Real Decreto al que solo se acoge una parte de la población, que son personas con contrato de alquiler y que pueden demostrar documentalmente que la pandemia afectó a sus ingresos", relata Mercedes Revuelta.

    Esto implica —prosigue la activista— que "quedan fuera todas aquellas personas que ya arrastraban problemas económicos importantes antes de la pandemia".

    Frenar desahucios

    Ante esta situación, en los últimos días las plataformas en derecho a la vivienda —que además de la PAH incluyen al Sindicato de Inquilinos, entre otras— iniciaron una campaña para pedir al Gobierno la prohibición de todos los desahucios de forma excepcional, sobre todo ahora que el país está en un nuevo estado de alarma.

    Una de las chispas para la puesta en marcha de esta campaña la proporcionó el propio ministro de Vivienda, José Luis Ábalos, que se mostró sorprendido cuando un diputado de la oposición le mostró durante un debate en el Congreso la foto de una familia siendo desahuciada en Madrid.

    La imagen de la madre y sus hijos en la calle con sus enseres rápidamente se volvió viral, al igual que la respuesta del ministro.

    "El decreto que planteamos no permite los desahucios. En teoría, no tiene que plantearse ninguno porque los suspendimos durante el estado de alarma", afirmó el ministro.

    En opinión de los activistas resulta imposible que Ábalos no estuviera al tanto de la reanudación de los desahucios porque, según argumentan, ellos mismos trasladaron su preocupación al Ministerio de Vivienda.

    "El Gobierno es perfectamente consciente de que no ha parado los desahucios durante la pandemia. Saben que en este país hay un problema estructural de falta de acceso a la vivienda, y que lo que se hizo fue solo un pequeño parche temporal", responde Revuelta.

    Al hilo de la polémica generada por las palabras de Ábalos —miembro del Partido Socialista Obrero Español— los otros socios del Gobierno español —los izquierdistas de Unidas Podemos— aprovecharon para pedir medidas más estrictas.

    Según reportan medios locales, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, presiona a sus socios del PSOE desde dentro del Ejecutivo para aprobar una moratoria a los lanzamientos sin alternativa habitacional tanto en caso de impago hipotecario como de alquiler, pero siempre bajo la condición de que el dueño del piso no sea una persona en situación vulnerable.

    "Un gobierno que se dice progresista tiene que hacer lo posible para que no haya desahucios en estos momentos", señaló Isa Serra, portavoz de Unidas Podemos.

    No obstante, para los activistas incluso esta propuesta es insuficiente, ya que pone el foco en el tipo de tenedor de vivienda en lugar de ofrecer una cobertura total a los inquilinos.

    "Es muy fácil actuar para que no haya ni un solo desahucio mientras dure la pandemia: a los pequeños caseros, si se les quiere proteger, se les facilita un fondo de solidaridad para recibir las rentas del alquiler y los grandes tenedores de vivienda, incluidos bancos y fondos buitre, que se aguanten", responde  Mercedes Revuelta.

    Drama diario

    Mientras se concreta la búsqueda de soluciones políticas, cada día muchas familias siguen afrontando el miedo de ser evacuadas de su casa en medio de una crisis sanitaria y social.

    Este 5 de noviembre la presión vecinal consiguió detener un desahucio en Barcelona, donde cerca de 200 vecinos se concentraron frente a la casa de una familia para evitar la expulsión de una madre y sus siete hijos por impago de alquiler.

    Del mismo modo, este mismo 6 de noviembre una activista por el derecho a la vivienda fue detenida en Madrid mientras intentaba ayudar a una familia a reinstalarse en un piso de titularidad pública del que previamente habían sido desahuciados.

    Según explica Mercedes Revuelta, se trata "de una familia que había sido desahuciada hace unos días, pero que intentaron volver a entrar a su domicilio porque no tienen alternativa y se veían en la calle".

    "Este es el drama de verdad: la gente cuando se queda en la calle intenta entrar a la desesperada. Esto es el horror", concluye Revuelta.
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