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    El Gobierno tiene asegurada la aprobación de su propuesta de instaurar durante meses el estado de alarma sin necesidad de prórroga cada 15 días, pero busca un apoyo más amplio. Los partidos hablan de amplitud "excesiva", los sociólogos de un primer paso hacia la asunción de la nueva realidad y los politólogos de una quiebra de la perspectiva.

    El Congreso de los Diputados procederá a votar el 29 de octubre la propuesta del Gobierno de ampliar a seis meses el estado de alarma decretado en el Consejo de Ministros extraordinario cuatro días atrás.

    Es decir, la cámara baja no tiene que pronunciarse sobre su entrada en vigor, sino solo pronunciarse sobre su ampliación más allá de los 15 días de vigencia iniciales. Para obtener el visto bueno de esta prórroga, el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez únicamente necesita de mayoría simple; más votos a favor que en contra. Ya los tiene, pues aparte del voto favorable de PSOE y UP, también cuenta a priori con el respaldo de Nueva Canarias y PNV, que avala la propuesta siempre y cuando se garanticen las competencias autonómicas. Pero el Gobierno quiere granjearse el mayor apoyo posible, habida cuenta de que hay una formación política, Vox, que ya ha avanzado que votará en contra. Por el momento no se esperan más votos negativos.

    La intención del Gobierno es evitar tener que acudir a una votación parlamentaria cada 15 días para obtener la renovación del estado de alarma. Lo que se pretende ahora es que quede habilitado hasta el 9 de mayo de 2021 para que las comunidades autónomas puedan servirse de él en tanto que instrumento jurídico con el que dotarse de cobertura legal para instaurar las restricciones que consideren oportunas en función de la situación epidemiológica en sus territorios.

    El apoyo amplio tendrá que negociarse

    Varios grupos parlamentarios han expresado sus reticencias. Y no solo de la oposición, donde el Partido Popular aboga por una duración de solo ocho semanas con el objetivo de salvar la campaña navideña.

    La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha defendido tajantemente tal reducción: "Es un plazo más que flexible y no hay más que hablar". Pese a apoyar la propuesta, Ciudadanos también estima que 180 días es un plazo "excesivo". Su jefa, Inés Arrimadas, subrayó la necesidad de consensuar el plazo. "El Gobierno tendrá que bajarse del burro", manifestó a los medios. Pedro Sánchez busca también obtener el acuerdo del PP y en este sentido cabe interpretar su oferta de reducción a cuatro meses si el Consejo Territorial lo estimase posible.

    Pero los de Pablo Casado la han rechazado y el líder popular ha manifestado que el presidente "trata de eludir el Parlamento".

    Tras el debate de la moción de censura de Vox al Gobierno celebrado el 21 y 22 de octubre, la aparente ruptura del PP con este partido tal vez influencie la mayor o menor inflexibilidad de la postura que adopten los populares, de alguna manera obligados ahora a endurecer sus planteamientos.

    "Es que el resultado de la moción, que todo el mundo sabía que no iba a prosperar, da sin embargo como vencedor a Vox, que queda ahora como única oposición", afirma el politólogo y expolítico Jorge Verstrynge. "Se ha puesto en el centro del debate y ha demostrado que el PP ha pasado de ser la derecha cobardica a la derecha traidora".

    Para Verstrynge, ni siquiera la inminente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado podrá funcionar como bálsamo en la esfera parlamentaria. "Podrían aplacar a la opinión pública, pero para eso hace falta un gobierno que funcione coordinadamente", declara este expolítico a Sputnik, destacando la pugna entre el vicepresidente Pablo Iglesias con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, por la aplicación del Ingreso Mínimo Vital: "No puede ser que Escrivá la haya estado saboteando constantemente".

    Disenso incluso entre los apoyos

    Formaciones del bloque que apoyó la investidura del Gobierno de coalición PSOE-UP señalan también el carácter "excesivo" del plazo, una situación que según ERC o EH Bildu privaría a la medida del necesario control parlamentario.

    Según el líder de Más País, Íñigo Errejón, el bloque de partidos que apoyó la investidura de Sánchez está dando forma a una enmienda al decreto ley que activó el estado de alarma. Por el momento, el presidente español parece dispuesto a comparecer en sede parlamentaria cada dos meses, un gesto acaso fruto de esta negociación.

    Presumiblemente se debate la frecuencia de una posible votación de la prórroga para ratificar las condiciones, pues según ellos podrían variar durante esos meses. En todo caso este espacio de tiempo se asume como "abusivo", tal y como lo describe Laura Borràs, portavoz parlamentaria de JxCat.

    La postura del Gobierno

    Desde el Gobierno aducen que la naturaleza del decreto es distinta y que corresponderá a los presidentes autonómicos rendir cuentas en sus parlamentos regionales tras la asunción o no de restricciones en sus territorios.

    La ministra portavoz, María Jesús Montero, recordó que los dirigentes regionales solicitaron "abrumadoramente" la adopción del estado de alarma, motivo por el cual será el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y no el presidente del Gobierno quien acudirá a solicitar la autorización de la prórroga a los diputados.

    El 29 de octubre Pedro Sánchez estará además ocupado en otros asuntos, pues participará a las 18:30 horas en una videoconferencia del Consejo Europeo convocada para abordar cuestiones relativas a la pandemia. Pero la sesión en el Congreso es por la mañana.

    Perspectiva insuficiente

    La brega política en torno a la larga duración del estado de alarma sin necesidad de prórrogas cada 15 días, puede ser también una expresión del intento de la clase política de salvar una realidad y un modo de vida que pueden estar perdidos a corto, medio y, tal vez, largo plazo.

    Así lo cree el sociólogo Luis Miller, para quien el debate y votación en el Congreso puede ser en esencia el traslado a esa cámara de una nueva realidad que nos supera y no aceptamos. Y de ahí las reticencias, también la polarización. "Como ya pasó en la crisis financiera de 2008 a 2013, hasta que no estamos con el agua al cuello no tomamos decisiones, especialmente en materia política", explica a Sputnik. "Ahora estábamos esperando cada 15 días, cada mes, para ver si la situación mejora, pero ya nos hemos dado cuenta de que esto no va a ser así".

    Para este sociólogo, la propuesta a debatir y votar en el Congreso es la prueba de que el Gobierno "reconoce por primera vez la necesidad de hacer planes a muchos meses vista". "Pero si esto se alarga después de mayo, aquí se monta una muy gorda", añade Verstrynge. "Y en Francia directamente se arma la de Dios, la gente no lo va a aceptar".

    Miller, que es el vicedirector del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, advierte del peligro de haber creado expectativas para recuperar una realidad anterior. "Se está jugando con las expectativas para que la población no se venga completamente abajo", sostiene, "porque tras el tiempo ya transcurrido, plantearnos ahora un escenario a seis meses, o a uno o dos años más, sería muy difícil de aceptar para muchas personas. Pero esta es la realidad".

    Pedro Sánchez, anunciando el estado de alarma
    © Foto : Cortesía de Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa
    "La pandemia está torciendo totalmente las perspectivas, ese es el problema", señala Verstrynge, quien cree que el Gobierno de coalición no sobrevivirá a una contingencia que no ha gestionado bien. "Creían que podían resolverla con modelos econométricos y curvas estadísticas, cuando lo que se necesita aquí es una vacuna. Y no estamos programados para estar encerrados, sino al revés, por eso todo el mundo se quedó con la boca abierta cuando el PSOE habló inicialmente de extender el estado de alarma hasta mayo. Es una locura, el país no lo aguanta". Luis Miller conviene en que el coronavirus ha distorsionado las perspectivas, difíciles de asumir:

    "Son pasos tímidos hacia la aceptación de que este problema es de largo plazo y que la situación que estamos viviendo ―mascarillas, distancia social, restricciones― no es algo puntual, sino cosas que se van a quedar entre nosotros durante mucho tiempo", concluye Luis Miller. "Y eso es lo que sucede en el Parlamento, que está empezando a aceptar la situación. Pero va a costar mucho", concluye .
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