En directo
    España
    URL corto
    Por
    0 72
    Síguenos en

    Más de 9.000 organizaciones sociales de España piden al Gobierno que regule el precio de los alquileres, una petición de vieja data que la pandemia de coronavirus vuelve a colocar sobre la mesa.

    "Después de 12 años del inicio de la crisis económica, España sigue sufriendo un problema muy grave de vivienda que se manifiesta en forma de desahucios, pero también en la dificultad de acceso a la vivienda y precariedad cada vez más generalizada. La situación de alquiler se ha vuelto insostenible: del 2013 al 2019 el precio medio de alquiler ha subido un 50% en España".

    Así comienza el reciente manifiesto con el que los sindicatos de inquilinos piden al Gobierno central una Ley de Regulación del Precio del Alquiler. Aseguran que "si antes de la pandemia esta medida era necesaria, la actual caída de ingresos de las familias la hace aún más urgente".

    "La situación antes del COVID-19 ya era la de un mercado de alquiler insano, en la que los precios estaban desorbitados y continuaban en una tendencia muy creciente, estaban descompensados con respecto a los sueldos mínimos y medios. Ahora con el COVID-19 la situación es peor todavía porque ya no solo los precios siguen siendo caros, sino que ahora hay más dificultad para poder asumirlos", explica Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

    El reclamo de los sindicatos de inquilinos de España ha sido apoyado por miles de organizaciones sociales. Entre las que suscriben el manifiesto está la Red Europea Contra la Pobreza, la Red de Economías Alternativa y Solidaria, Ecologistas en Acción, el Consejo de Juventud de España y FACUA.

    "Nosotros en España tenemos una enorme especulación en el precio de la vivienda tanto en venta como en alquiler. Los alquileres son realmente prohibitivos en multitudes de ciudades españolas, especialmente en grandes capitales, y eso dificulta e imposibilita que muchas personas jóvenes puedan independizarse, puedan emanciparse porque sus bajos salarios les impiden salir del hogar de sus padres", sostiene Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, una organización no gubernamental que desde 1981 se dedica a la defensa de los consumidores.

    Según los sindicatos de inquilinos, aproximadamente un 25% de la población en España vive en régimen de arrendamiento. Señalan que, de ese porcentaje, más de la mitad destina "el 40% de su sueldo a pagar el alquiler, mientras que las recomendaciones internacionales hablan de no dedicar más del 30% a vivienda, incluyendo los suministros básicos". Y es que, según denuncian, actualmente "7 de cada diez desahucios son por impago de alquiler".

    "Eso impacta más en las rentas más bajas porque si alguien gana 3.000 euros y destina la mitad al alquiler no pasa nada, pero alguien que cobre 900 y destine 600 euros de alquiler solo le quedan 300 para vivir el resto del mes. Las cuentas así no dan", señala Bardera.

    ¿Derecho o mercancía?

    Si bien la regulación de los precios de alquiler fue uno de los puntos acordados en el pacto de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE, su implementación aún no ha sido posible.

    Mientras las organizaciones sociales presionan para que el Estado regule en todo el país el sector inmobiliario, como ya se ha hecho en Cataluña, hay otros actores de poder, dentro y fuera del Gobierno, que han manifestado su oposición.

    El Banco de España advirtió a inicios de año que controlar los precios del alquiler podría traer "efectos adversos" como reducir el número de viviendas en el mercado. Esa misma postura fue defendida por la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien aseguró que los países que ya lo han aplicado, como Alemania, no están teniendo "mucho éxito".

    "Estos son argumentos muy débiles. Primero, no tiene sentido que el Gobierno o la patronal inmobiliaria esté diciendo que este es un país de pequeños propietarios que alquilan una sola vivienda y que necesitan de ese dinero para sobrevivir, y que luego digan que si se regula los alquileres esa gente va a dejar de tener ingresos. No tiene sentido porque si fuera así preferirían alquilarlo por menos dinero que dejar de alquilarlo porque sería una debacle para ellos. Entonces, no es cierto que tenemos un país de pequeños propietarios, sino que tenemos empresas patrimoniales y fondos de inversión que controlan el sector, porque o sino no tiene sentido que dejen de alquilar", defiende Bardera.

    "La tesis de que el mercado se regula solo, de que como hay mucho mercado en alquiler pues habrá competencia, es falso. Al contrario. Lo que hay es un acuerdo en el mercado para que todo el mundo tenga precios caros. Los propietarios de vivienda, generalmente, como ven que el precio del alquiler en su zona es uno, ellos se van a esa referencia o incluso lo suben, probando la posibilidad de que puedan conseguir inquilinos", sostiene Sánchez.

    "La experiencia dice desde hace mucho tiempo que la única manera que podríamos tener en España para bajar el precio del alquiler es una intervención estatal. Hasta ahora no ha habido una tendencia en el mercado solidaria, en la que se plantee masivamente que los arrendadores bajen el precio por solidaridad con la gente. Eso en lo absoluto se ha dado y, luego, la masa de vivienda que está en manos de la banca y de las grandes inmobiliarias tampoco se está alquilando a precios baratos, al contrario, muchas veces prefieren no alquilar y tener el piso vacío antes que aplicar una bajada en el precio", remata Sánchez.

    Casas sin gente y gente sin casa

    A pesar de todas las voces que se han alzado en contra de la propuesta de regular el mercado inmobiliario, los sindicatos de inquilinos defienden que una posible ley permitiría sanear este sector.

    "Esta ley va a permitir que los arrendadores, aunque tengan que percibir menos, encuentren un mercado más estable. En primer lugar, porque esa seguridad de los precios va a hacer que los inquilinos no entren en impagos y se queden durante más tiempo en esa vivienda, que es lo que les interesa a los arrendadores, para no tener que estar buscando inquilinos a cada rato. Además, el mercado estaría más regulado, sería más transparente, va a haber muchos menos problemas y se verá más aliviado el sistema judicial que lo tenemos saturado. Por lo tanto, a mediano y largo plazo, los beneficios van a ser también para los arrendadores, claro está, que no sean especuladores", insiste Bardera.

    Según el último censo que hizo sobre viviendas el Instituto Nacional de Estadísticas, que fue en el año 2011, en España hay unas 3.000.000 de viviendas vacías, una situación que según estas organizaciones sociales se podría revertir con voluntad política, sin necesidad de construir más viviendas sociales, como proponen algunos. Aseguran los sindicatos de inquilinos que este tipo de propuesta lo único que consigue es "desviar dinero público a las constructoras privadas".

    "Una parte nada despreciable de esas 3.000.000 de viviendas son públicas, es decir, son viviendas de comunidades autónomas, de ayuntamientos. También, muchas de esas viviendas son de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), que esa es una entidad de carácter público y privado que se creó después de la burbuja inmobiliaria. Es una entidad que lo que ha hecho es ir quedándose con toda la vivienda de los bancos y de las ejecuciones hipotecarias después de la burbuja inmobiliaria", explica Bardera.

    "A partir de ese momento empezó a actuar como una gran inmobiliaria que se deshacía de esos activos, pero al día de hoy, el proyecto ha quebrado o está a punto de quebrar, y no ha conseguido los resultados económicos que se pretendía. Por lo tanto, acumula todavía muchísimas viviendas que podrían convertirse en parque público y que es de todos, porque recordemos que esa entidad está prácticamente costeada por el Estado, por lo tanto, esas viviendas del SAREB se las podría quedar el Estado y llenarlas de gente con alquileres accesibles, alquileres sociales de acuerdo con los ingresos. Esa sería una medida mucho más plausible que seguir construyendo", concluye Bardera.

    Etiquetas:
    viviendas, derecho a la vivienda, alquileres, España
    Normas comunitariasDiscusión
    Comentar vía SputnikComentar vía Facebook