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    El Tribunal Supremo de España ratificó el 14 de octubre las condenas de prisión impuestas por la Audiencia Nacional a los 29 acusados del caso Gürtel, la trama que propició la caída del Gobierno conservador de Mariano Rajoy en 2018 después de que la sentencia fijara que el Partido Popular (PP) se lucró de actividades corruptas.

    "El Supremo confirma lo establecido por la Audiencia Nacional en cuanto a las responsabilidades civiles y a la responsabilidad como partícipes a título lucrativo del Partido Popular", informó el alto tribunal.

    No obstante, la ratificación del Tribunal Supremo va acompañada de ligeros ajustes, ya que los magistrados consideran "excesivas" las menciones de la sentencia a "caja B" en el Partido Popular porque "no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa".

    Del mismo modo, se modifican algunas de las condenas, como la del cabecilla de la trama, el empresario Francisco Correa —Gürtel significa correa en alemán— al que se le rebajan 11 meses de su pena de prisión, que ahora queda en un total de 51 años.

    Entre las personas condenadas destaca la figura del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que tras las modificaciones del Supremo afronta 29 años y un mes de cárcel.

    La sentencia del caso Gürtel analiza la asociación entre empresarios y cargos públicos del Partido Popular en distintos ayuntamientos de Madrid, Andalucía y Castilla y León entre 1999 y 2005.

    La ratificación del Tribunal Supremo señala que en estos lugares se creó un "auténtico y eficaz sistema de corrupción" a través de "mecanismos de manipulación de la contratación pública".

    "En la dinámica que se fue tejiendo para tal apropiación, mediaron sobornos a funcionarios y autoridades, se emitieron facturas falsas y se montó un entramado entre diferentes sociedades para acceder a la contratación pública", señala el fallo.

    En total, la trama Gürtel costó al erario público 123 millones de euros, de los que 8,4 recayeron directamente sobre Francisco Correa, todo eso sin tener en cuenta que todavía no se enjuició la segunda época del caso, que va desde 2006 a 2009.

    La sentencia establece que el Partido Popular utilizó las comisiones cobradas a empresarios por esta contratación fraudulenta para financiar actos electorales en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo por un coste aproximado de 245.000 euros.

    "Se produjo un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado", constata el Tribunal Supremo en su ratificación.

    Además, la sentencia salpicó a las más altas esferas del partido, resultando condenada como partícipe a título lucrativo la exministra de Sanidad (2011-2014), Ana Mato, que además de estar casada con uno de los cabecillas de la trama a nivel político recibió regalos por valor de casi 30.000 euros de los empresarios implicados.

    Al calor de esta sentencia, el actual presidente del Gobierno español, el socialdemócrata Pedro Sánchez, encabezó una moción de censura que consiguió la mayoría parlamentaria suficiente para hacer caer al expresidente Rajoy, propiciando un giro político que le hizo llegar al Palacio de la Moncloa, donde sigue instalado tras dos elecciones generales.

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    caso Gürtel
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