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    MADRID (Sputnik) — Las dos formaciones políticas que integran el Gobierno de España (los socialdemócratas del PSOE y los izquierdistas de Unidas Podemos) registraron en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin los votos del conservador Partido Popular.

    "No podemos permitirnos mantener bloqueado el órgano de gobierno del Poder Judicial a causa de cálculos partidistas que actúan contra el propio mandato constitucional que insta a renovarlo", dijo en rueda de prensa Adriana Lastra, portavoz parlamentaria del PSOE.

    El CGPJ lo conforman un total de 20 magistrados y juristas que son elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado para un periodo de cinco años.

    La última elección del CGPJ fue 2013, pero hasta la fecha los partidos fueron incapaces de alcanzar un acuerdo para renovarlo, por lo que su mandato lleva dos años caducado.

    Pese a ello, el actual órgano de gobierno de los jueces —conformado cuando el Partido Popular ostentaba mayoría absoluta en ambas cámaras— sigue ejerciendo sus funciones y encargándose del nombramiento de puestos clave en la administración de justicia.

    Desde el Gobierno culpan de esta anomalía directamente al Partido Popular, al que acusan de evitar la renovación para mantener la mayoría conservadora en el Poder Judicial y, de paso, erosionar al Ejecutivo.

    Por su parte, los conservadores se negaron a acordar nada mientras miembros de Unidas Podemos se sigan sentando en el Consejo de Ministros, ya que, a su modo de ver, su cuestionamiento de la monarquía les invalida como interlocutor para pactar la renovación de las instituciones.

    "No hay ninguna intención por parte del Partido Popular de cumplir con su obligación constitucional", dijo este 13 de octubre la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que acusó a los conservadores de estar instalados en la "insumisión" y la "rebelión".

    Ante este bloqueo, la propuesta de los partidos del Gobierno es cambiar la ley para que se pueda renovar la cúpula de gobierno de los jueces con la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, cuando antes se necesitaban al menos tres quintos de la cámara.

    Esto abre la puerta a que el Congreso pueda renovar el CGPJ sin el apoyo de los conservadores, aunque el Gobierno está en situación de minoría, por lo que seguiría necesitando el voto de otros partidos —independentistas catalanes y nacionalistas vascos, por ejemplo— para hacerlo.

    Del mismo modo, la propuesta de ley incluye modificaciones para que el CGPJ no pueda seguir nombrando jueces si su mandato se encuentra caducado.

    Desde el Partido Popular calificaron la propuesta del Gobierno como un movimiento autoritario. "Quieren romper lo que son las reglas del juego e imponer una dictadura. Solo un dictador considera que las únicas mayorías viables son las que él tiene", dijo Cuca Gamarra, portavoz de los conservadores.

    Además, tanto el Partido Popular como la formación ultraderechista Vox anunciaron la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional para paralizar la reforma judicial que pretende llevar a cabo el Gobierno.

    El enfrentamiento entre Gobierno y oposición por la falta de renovación en el CGPJ, con su traslado a los tribunales en forma de recurso, es un nuevo episodio que refleja cómo la fragmentación política y los intereses partidistas dificultan la gobernabilidad del país, algo que también se vio claramente en los últimos días con la declaración del estado de alarma en Madrid. 

    Etiquetas:
    España, justicia, Partido Popular de España
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