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    BARCELONA (Sputnik) — La fuerza progresista Podemos afronta un nuevo frente judicial que implica a su líder y vicepresidente de España, Pablo Iglesias, en un supuesto entramado de filtraciones para conseguir apoyos electorales, aunque el dirigente insiste en su inocencia y acusa a la derecha de persecución.

    "Ni como mera hipótesis concebimos que pueda haber una imputación", afirmó Iglesias en una entrevista radiofónica poco después de saber que un magistrado de la Audiencia Nacional puso el caso en manos del Tribunal Supremo de España.

    El juez Manuel García Castellón elevó una exposición al Supremo solicitando que investigue a Iglesias —que como parlamentario tiene condición de aforado— por los delitos de denuncia falsa, descubrimiento de secretos y daños informáticos.

    Todo gira en torno al robo del móvil de su antigua asesora, Dina Bousselham, cuyo contenido circuló y terminó siendo filtrado a los medios de comunicación en 2016.

    El juez Castellón apunta a que Iglesias aprovechó el robo del móvil y la posterior publicación de imágenes en un diario con fines políticos, ya que el dirigente se personó como perjudicado por los hechos poco antes de las elecciones generales de abril de 2019 en España.

    El revés judicial llegó al mismo tiempo que Pedro Sánchez presentaba su plan para la recuperación económica de España tras la pandemia del coronavirus y sumió al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos en una nueva tormenta política.

    Los enredos del "caso Dina"

    El robo del móvil de Dina Bousselham se produjo en noviembre de 2015, cuando la asesora del líder de Podemos denunció el incidente del que todavía se desconoce su autoría.

    Meses después, en julio de 2016, el contenido de la tarjeta de memoria del terminal sustraído acabó en varias publicaciones del diario digital Okdiario, lo que provocó que Bousselham ampliara la denuncia original.

    Los hechos volvieron a suscitar polémica en 2017, cuando en una entrada policial en el domicilio del excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo apareció un disco duro con varios archivos bajo el nombre 'Dina'.

    Se trataba de la información procedente de la tarjeta de memoria del móvil de la exasistente, que llegó a las manos del excomisario que ahora se encuentra en prisión preventiva por múltiples cargos de corrupción.

    El juez apunta en su escrito que la tarjeta llegó a Villarejo a través del director de la revista semanal Interviú, quien a su vez entregó una copia al director de la compañía propietaria de la publicación, el Grupo Zeta, que decidió informar a Iglesias.

    Según el magistrado, el vicepresidente español pudo visualizar los archivos procedentes del teléfono de su exasesora y "comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo".

    Además de las imágenes íntimas de Bousselham, la tarjeta contenía capturas de pantalla donde aparecían intervenciones de Iglesias en un grupo de mensajería con otros miembros de Podemos.

    "Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas [ella había sido su asesora] y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de ella desde noviembre de 2015", explica el auto.

    El relato judicial explica que Iglesias entregó la tarjeta a Bousselham bastante más tarde, en 2017, aunque estaba dañada y era, por lo tanto, inservible.

    Esto fue reconocido por el propio Iglesias en una entrevista, donde aseguró que guardó la tarjeta durante un tiempo para evitar someter a su colaboradora "a más presión", aunque negó que se la hubiera devuelto en mal estado.

    De víctima a posible imputado

    Iglesias se personó como perjudicado en esta causa en marzo de 2019, poco antes de las elecciones generales de abril, denunciando la existencia de un entramado criminal que habría tenido como objetivo el sabotaje a su formación política.

    El juez Castellón le retiró esta condición en mayo, argumentando que la antigua asistenta había cambiado su versión para afirmar que fue ella quien tomó las capturas de pantalla y las filtró a los medios.

    Sin embargo, en septiembre, la Audiencia Nacional avaló la personación del vicepresidente tras respaldar los argumentos de Iglesias y de la propia Bousselham en dos recursos.

    Como respuesta, el juez Castellón lleva ahora la causa al Supremo para que decida o no si procede imputar al dirigente.

    El magistrado defiende que Iglesias usó el robo del móvil y la posterior circulación y filtración del contenido de su tarjeta de memoria "de forma fraudulenta para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral".

    Apunta Castellón que el líder de Podemos ya conocía el contenido de la tarjeta cuando fue difundido por los medios, pero optó por "fingir" desconocimiento "ante la opinión pública y su electorado" de forma "consciente y planificada" a pocas semanas de las elecciones.

    El auto acusa a Iglesias de haber instado a los servicios jurídicos de su partido a ampliar la denuncia de su asesora para generar una "falsa conexión" entre el robo de 2015 y la publicación en el diario.

    "Pese al conocimiento de su falsedad y puestos de común acuerdo; el aforado, secretario general de Podemos, la responsable de los servicios jurídicos del partido y la letrada del partido, como ejecutora material, simulan que la publicación de las imágenes en el semanario OK Diario durante los días 21 y siguientes del mes de julio, fue el resultado de un encargo realizado al excomisario para perjudicar a Pablo Iglesias Turrión", expone el auto.

    Además del delito de denuncia falsa y el descubrimiento de secretos, Castellón atribuye a Iglesias los daños de la tarjeta de memoria original que la dejaron inutilizable.

    Iglesias se desmarca de las acusaciones

    "Absolutamente imposible. No va a ocurrir", respondió tajante Iglesias a la iniciativa del juez de elevar el caso al alto tribunal español.

    A juicio del vicepresidente, el caso se enmarca en una estrategia de "persecución" contra su persona y Unidas Podemos orquestada por los sectores de la derecha política.

    "Las derechas saben lo que dijo la Audiencia Nacional y saben lo que va a decir el Supremo. Hasta entonces dirán cosas terribles para desgastar al Gobierno, y cuando el Supremo se pronuncie se callarán y esperarán al siguiente escándalo", afirmó en una comparecencia parlamentaria este 8 de octubre.

    El líder progresista recordó que su formación fue denunciada en 14 ocasiones y que todas las demandas terminaron archivadas.

    "Ustedes saben que por las vías democráticas no van a volver al poder, y están dispuestos a mancillar su propia dignidad para tratar de recuperar lo que las urnas no les van a dar", dijo en unas duras declaraciones dirigidas directamente a la oposición liderada por el Partido Popular.

    El Supremo tendrá que decidir, tras pedir un informe a la Fiscalía, si abre una investigación contra el vicepresidente español, que tendría que ser aprobada por el Congreso de los Diputados.

    "El vicepresidente segundo tiene toda mi confianza y apoyo", afirmó el presidente Pedro Sánchez en una rueda de prensa desde Argelia.

    Sánchez evitó valorar el procedimiento judicial pero garantizó el cierre de filas del Ejecutivo español ante las peticiones de dimisión que no tardaron en llegar desde el Partido Popular y el resto de la oposición.

    Además del apoyo del PSOE y Podemos, Iglesias recibió mensajes de aliento por parte de los partidos independentistas de Cataluña y País Vasco, incluido un mensaje del expresidente catalán Carles Puigdemont.

    También la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, trasladó públicamente su apoyo y el de todos los miembros del Ejecutivo.

    La imputación de Iglesias dependerá del criterio de la Sala de Admisión del Tribunal Supremo, con una mayoría de miembros de tendencia conservadora y algunos de ellos conocidos por el juicio a los líderes independentistas catalanes de 2019.

    Etiquetas:
    inocencia, filtración, juicio, acusaciones, Pablo Iglesias, Podemos, imputación, España
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