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    BARCELONA (Sputnik) — Un juez de la Audiencia Nacional de España pidió al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente de España, Pablo Iglesias, por los delitos de denuncia falsa, descubrimiento de secretos y daños informáticos en relación con el robo del móvil de su exasesora.

    "El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para investigar al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias", informó en un comunicado el tribunal español.

    La investigación que solicita el magistrado se enmarca en la denominada pieza Dina, una causa que se enfoca en el robo del teléfono móvil de la exasesora del partido Podemos, Dina Bousselham, cuyo contenido llegó al polémico excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo.

    En su escrito dirigido al Tribunal Supremo, el juez de la Audiencia Nacional apunta a que Iglesias usó el robo del móvil y la posterior circulación y filtración del contenido de su tarjeta de memoria "de forma fraudulenta para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral".

    Los hechos se remontan a 2015, cuando Bousselham sufrió el robo de su terminal en un establecimiento Ikea de Madrid poco después de comenzar a trabajar en Podemos, formación liderada por Iglesias.

    Dos años más tarde, en noviembre de 2017, en una entrada policial en el domicilio del excomisario Villarejo apareció un disco duro con varios archivos bajo el nombre 'Dina' con información procedente de la tarjeta de memoria del móvil.

    De acuerdo con la investigación, el contenido de la tarjeta llegó a Villarejo a través del director y el subdirector de la revista semanal Interviú, quienes a su vez entregaron una copia al director del Grupo Planeta.

    El juez expone que Iglesias recibió en 2016 del director del Grupo Planeta la tarjeta de memoria original procedente del teléfono de la exasesora "en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo".

    "Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas [ella había sido su asesora] y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de ella desde noviembre de 2015", explica el auto.

    Posteriormente, cuando los medios de comunicación comenzaron a publicar imágenes e información procedente de la tarjeta, Iglesias instó a los servicios jurídicos de Podemos a ampliar la denuncia original de Bousselham pese a que él conocía su contenido.

    "Pese al conocimiento de su falsedad y puestos de común acuerdo; el aforado, secretario general de Podemos, la responsable de los servicios jurídicos del partido y la letrada del partido, como ejecutora material, simulan que la publicación de las imágenes en el semanario OK Diario durante los días 21 y siguientes del mes de julio, fue el resultado de un encargo realizado al excomisario para perjudicar a Pablo Iglesias Turrión", expone el auto.

    Además del delito de denuncia falsa y el descubrimiento de secretos, el delito referente a los daños informáticos se sustenta en que el líder de Podemos supuestamente entregó a su asesora la tarjeta dañada, pese a haberla recibido en buen estado.

    El juez concluye que Iglesias "fingió ante la opinión pública y su electorado" su desconocimiento del contenido procedente de la tarjeta de forma "consciente y planificada" con el fin de "oportunidad política", ya que España se encontraba entonces a pocas semanas de unas elecciones generales.
    Etiquetas:
    investigación, política, España, Pablo Iglesias
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