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    Madrid cuenta los minutos para la entrada en vigor de las nuevas restricciones contra el coronavirus: a partir de las 22:00 de este 2 de octubre (hora local) un total de 4,6 millones de ciudadanos quedarán en una situación de aislamiento, sin poder abandonar el área en la que residen salvo para trabajar o determinadas causas de fuerza mayor.

    "Se trata de limitar la libertad de movimiento en determinados ámbitos para reducir la circulación del virus", explicó en una rueda de prensa desde Bruselas el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que califica como "crítica" la situación en Madrid.

    En la práctica, estas medidas suponen el cierre perimetral de la ciudad de Madrid y de nueve municipios de la región capitalina altamente poblados como Móstoles, Fuenlabrada o Alcorcón, entre otros.

    Las autoridades regionales ya aplicaban medidas similares en un total de 45 áreas sanitarias, limitando la movilidad de algo más de un millón de personas, la mayoría en zonas obreras.

    Pese a ello, la ampliación de las restricciones llega tras una batalla política de primer orden: Madrid se negaba a aplicarlas y el Gobierno de la nación utilizó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para, con el voto de otras regiones, imponer nuevas normas.

    Maniobras políticas

    Para ello se diseñó una norma 'ad hoc' que obliga a introducir las restricciones en territorios con una incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes, una tasa de positividad superior al 10% en las pruebas PCR y una ocupación de más del 35% de camas UCI.

    Todos estos supuestos se daban ya en Madrid. Es decir, la nueva norma fija criterios comunes en todo el país de cara al futuro, pero sobre todo permite al Gobierno la imposición de sus medidas en la capital sin pagar el coste político de declarar un nuevo estado de alarma.

    En cualquier caso, esta apuesta tiene sus riesgos. Por un lado, durante días la incertidumbre se adueñó de la vida de los madrileños, que veían cómo el Gobierno central intentaba imponer unas medidas rechazadas por sus dirigentes autonómicos.

    Por otro lado, la maniobra deja un mar de dudas jurídicas. Madrid considera que la orden ministerial es una "agresión" a sus competencias sanitarias y que las medidas carecen de validez jurídica porque no recibieron el aval unánime por el Consejo Interterritorial de Salud.

    De las 19 administraciones reunidas en el consejo un total de 13 votaron a favor, mientras que Madrid se opuso, un rechazo respaldado por otras regiones donde manda el conservador Partido Popular (Andalucía, Galicia o Murcia) y por Cataluña.

    Tras dejar caer la idea de un posible incumplimiento de la orden, Madrid finalmente decidió acatar las nuevas medidas, pero al mismo tiempo se puso en marcha para pedir su suspensión cautelar en la Audiencia Nacional, que en próximos días debe decidir si las mantiene o no.

    ¿Caos y ruina?

    Mientras tanto, el propio Gobierno regional, lejos de intentar calmar las aguas, anticipa un panorama de "caos" en las calles y de ruina económica por las nuevas medidas, que en principio tendrán una duración de dos semanas.

    "Desde mañana podrás llegar a Madrid desde Berlín pero no desde Parla [un municipio del sur de la región]. Gracias por el caos, Pedro Sánchez", señaló en redes sociales la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, obviando que Parla ya sufría restricciones.

    El consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, dijo por su parte, que "estas medidas generan un gran caos que vamos a intentar paliar, y pidió disculpas a los ciudadanos por la "incertidumbre y desasosiego" de las que culpa "al Gobierno de la nación".

    Más allá del debate sobre las competencias y los ratios de contagios, la cuestión de fondo de toda la polémica en Madrid es poner o no la salud por delante de la economía.

    Según Enrique López, las restricciones tendrán un coste para Madrid de 8.000 millones de euros, aunque el responsable regional no dio detalles de cómo llegó a estos cálculos.

    En los últimos 14 días España registra una media de 269 casos positivos por cada 100.000 habitantes. El epicentro de los contagios sigue siendo la Comunidad de Madrid, con una incidencia de 647 casos por 100.000 habitantes.

    Es cierto que en los últimos días esta incidencia se redujo —el 21 de septiembre estaba en 813, por ejemplo— pero Madrid se sitúa casi siete veces por delante de la media Europa, que según datos del ECDC está en 94 positivos por 100.000.

    Coordinación desastrosa

    En las próximas fechas se conocerá cuál es el impacto de las nuevas medidas, pero la experiencia de los últimos días deja una lección clara: España no es capaz de actuar de forma ágil y coordinada ante un virus que requiere de reacciones rápidas.

    Así lo cree Javier Rey del Castillo, analista de la Fundación Alternativas y médico que trabajó como secretario del Consejo Interterritorial de Salud, convertido ahora en el órgano de la discordia.

    "Nada más acabar el estado de alarma, lo que hizo el Gobierno fue declarar la competencia en materia sanitaria de las comunidades autónomas sin ninguna limitación, y en Madrid estas se han ejercido de manera más que dudosa, incluso deficiente e irresponsable", explica a Sputnik.

    Por un lado, este experto critica la negativa de Madrid a ampliar restricciones cuando "está claro que estamos en unas cifras absolutamente disparadas" de contagios, todo ello tras meses en los que "se ha obviado la contratación de rastreadores y el refuerzo de la atención primaria" pese a las recomendaciones inequívocas de la comunidad científica.

    Pero por otro lado, también considera inadecuada la respuesta “extemporánea” del Gobierno de la nación, que respondió sólo cuando la situación ya estaba desbordada mediante métodos que además "tienen elementos que abren la puerta incluso al recurso jurídico".

    "Lo que tendría que haber hecho el Ministerio de Sanidad es imponer medidas que no sean discutibles, y haberlo hecho mucho antes, porque todo esto crea incertidumbre y desconfianza a los ciudadanos, que al final son los que están sometidos a las medidas", opina Javier Rey.

    A la luz de los recientes acontecimientos —y de otras circunstancias arrastradas desde hace meses— este experto concluye que en un país tan polarizado como España "la organización del sistema sanitario no es suficiente para salvar las situaciones derivadas de la pandemia" por lo que resulta urgente incluir "retoques legislativos" que faciliten la lucha contra el virus.

    Etiquetas:
    COVID-19, Madrid, España
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