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    El Día Internacional contra la explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres evidencia que España no sabe cómo resolver la incómoda realidad: la prostitución es uno de los sectores, junto con la trata, más rentables en todo el mundo.

    Europol eleva a 32.000 millones los beneficios del tráfico de personas, y para los tratantes, España es un mercado prioritario porque es el primer país europeo en consumo de sexo pagado.

    Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2017 se cifraban en cinco millones de personas en todo el mundo las que son forzadas a la explotación sexual y España sobresale: somos el país europeo con mayor demanda de sexo pagado y el tercero en el mundo. Según Naciones Unidas, el 39% de los hombres españoles ha pagado por sexo. Y estas cifras victimizan, de nuevo, al género femenino, porque el 94% de las víctimas son mujeres y niñas, según la radiografía oficial que se ofreció en 2019 en el congreso 'Avances y retos de futuro en la lucha contra la trata y explotación sexual de mujeres y niñas'.

    Prostitutas en pandemia

    Es este contexto, con la sociedad atenazada por la pandemia y los rebrotes, el debate sobre qué hacer con la prostitución es más relevante aún, ¿podemos permitirnos seguir mirando hacia otro lado sin regular la situación de las decenas de miles de mujeres que ejercen en España?

    La existencia de los puticlubs es en sí una amenaza y el Gobierno ha puesto el foco en ellos. Aunque las cifras bailan, la policía calcula que hay más de 1.400 en España y según colectivos de prostitutas, unas 60.000 mujeres trabajan y viven en su interior.

    Cerrar los prostíbulos es lo que en el verano ha propuesto el Ministerio de Igualdad a las 17 comunidades autónomas de toda España. La dificultad de controlar el cumplimiento de protocolos contra la COVID-19 tras las luces de neón, la compleja trazabilidad de los contagios y, por supuesto, garantizar más protección y atención a víctimas de trata y explotación sexual, eran los argumentos del equipo de Irene Montero.

    Pero la respuesta ha sido dispar. Fuentes del Ministerio de Igualdad explican a Sputnik que las comunidades autónomas han confesado sus dificultades para perseguir la explotación sexual, no solo por la pandemia y la dificultad de control de los contagios, sino por la propia impunidad existente. Crear un puticlub es ilegal, por eso la mayoría están inscritos como hostales, salas de masajes, spas, por muy evidente que sea su presencia.

    Pero hay muchas sombras tras la iniciativa del Ministerio, por un lado, ¿hasta qué punto esto implica más seguridad?, ¿seguridad para quién, para los clientes o para las prostitutas?, y de hecho, ¿en qué condiciones se quedan estas mujeres sin trabajo y sin techo?.

    "El primer problema que tenemos las putas [como el CPS denomina a las trabajadoras sexuales] es que con la pandemia no tenemos nada, ni ERTES, ni asistencia social, ni acceso a empadronamiento y si cierran el puticlub, nos quedamos en la calle", explica Mª José Barrera, del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS).

    No hay cifras concretas en los clubs debido a la clandestinidad, pero desde el CPS explican que la mayor parte de las prostitutas son extranjeras, carecen de documentación y censo y son madres.

    "El confinamiento ha sido una ruina para mí, ahora tengo la deuda de mi alquiler, y la deuda de mi hijo en Colombia, porque llevo meses sin enviar dinero", confiesa Carolina Rey, una de tantas mujeres que ofrece servicios de masaje a través de internet.

    Carolina lleva 6 años en España, los pornochats y streaming eróticos le han dado el único sustento estos meses en los que, por miedo al coronavirus, decidió no trabajar fuera de casa ni recibir clientes. "Durante muchos años ejercí la prostitución en burdeles, ahora trabajo por mi cuenta, solo hago masajes, yo decido". Carolina no está empadronada, no tiene acceso a prestaciones sociales.

    Mª José, del CPS, explica que la mayor parte de mujeres están en un limbo legal, "en España tenemos un montón de asociaciones y ONG, cientos de concejalías de Igualdad, Institutos de la Mujer… es lo que llamo la industria del rescate. Solo nos dan condones y conversación, es la industria de lavar conciencias y mirar para otro lado, pero a la hora de la verdad, no tenemos nada, no tenemos ayuda administrativa ni legal". La pandemia, como ha hecho en tantos aspectos, ha desnudado las vergüenzas de una industria cuyas cifras y volumen son insondables.

    Un elefante bajo la cama

    Las prostitutas que cotizan lo hacen a través de puentes legales, así que la gran mayoría no ha podido acceder a los ERTE. "Es un agravio comparativo, para nosotras solo hay caridad, pero sí ha habido ERTE para los empresarios que nos explotan", denuncia Barrera. Las prostitutas son ejemplo de indefensión. Muchas trabajan por cuenta ajena en prostíbulos donde son explotadas, pero no pueden denunciar porque no se puede aplicar una normativa laboral porque, en España, un contrato de trabajo de servicios sexuales es contrario al ordenamiento jurídico, una realidad gigantesca que, simplemente, no está contemplada.

    El CPS es una de las asociaciones más reivindicativas y sostiene una postura poco habitual. "Las putas son alegales, pero somos un buen negocio para todos los Gobiernos, por eso nada cambia", Barrera argumenta que, debido a la clandestinidad, las prostitutas no hacen uso de los servicios públicos más allá de la asistencia de las ONG y Servicios Sociales, "somos un chollo, generamos unos ingresos enormes a los empresarios del alterne que pagan impuestos con nuestro sacrificio y no consumimos nada de la riqueza que generamos".

    La prostitución, aunque a la sombra, es una actividad económica gigantesca, oficialmente es un 0,35% PIB (2014), un dato que sorprendió cuando salió a la luz por normativa europea, muchos lo intuían, pero pocos podían dimensionar que hablamos de alrededor de 4.000 millones de euros anuales entorno al sexo de pago. 

    Fuentes del Ministerio de Igualdad destacan que, más allá de aplacar la pobreza agudizada por la pandemia, incluyendo a las mujeres víctimas de explotación y trata en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), están tratando de ofrecer más garantías con la nueva Ley de Trata que se está elaborando con Justicia y a través de la Ley de Libertad Sexual. Pero la pregunta que se hacen muchas mujeres es, ¿hacia qué modelo nos dirigimos?.

    "Yo ahora no me considero una prostituta, soy masajista, trabajadora, porque también hago servicios de belleza y manicura, pero sigo sin tener ningún derecho", explica Carolina del Rey, que ejemplifica el emparedado legal y moral en el que quedan miles de mujeres. "Me da miedo que me echen del país o que nunca pueda traer a mi hijo conmigo", confiesa cuando le planteamos la posibilidad de ejercer fuera de la clandestinidad.

    ¿Сlandestinidad, derechos, legitimación de la violencia?

    La nueva ley deberá entender que hay diversos tipos de prostitución, nos guste o no.

    "Muchas de nosotras quieren seguir en la sombra porque ganan dinero de sobra, muchas otras porque tienen miedo de sus proxenetas y casi todas por miedo al qué dirán, cada prostituta es un mundo", reflexiona Carolina.

    Otra de las cuestiones qué deberá resolver la nueva ley es qué hacer con las miles de prostitutas que viven del sexo pagado, cuestión compleja, cuando acabamos de ver como a propósito del cierre de los prostíbulos por el COVID, muchas mujeres se ven más expuestas a la calle y a la clandestinidad.

    "En España hay dos grandes vertientes. Tenemos al abolicionismo, muy institucionalizado en el feminismo, que considera la prostitución como una forma de violencia de género, independientemente de que esta sea realizada de manera coaccionada o libre. Por eso, a las prostitutas se las considera víctimas de explotación o trata, indistintamente", explica Talía Ardana, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

    La APDHA reclama normalizar la realidad existente. "No queremos legitimar la explotación y la trata, pero es que independientemente de nuestra valoración moral, la prostitución existe". Esta nueva postura, que también comparte el CPS, sostiene que la prostitución, además de ser sinónimo de trata y explotación, es un negocio y las prostitutas unas trabajadoras. "La prostitución debería contar con las garantías y derechos que implica una actividad económica. Pero la posición abolicionista sigue siendo la más institucionalizada, que implica un sesgo moral, una actitud de juzgar lo que está bien o mal, y por ello ignora que estamos ante una enorme actividad económica que no está regulada y que priva de sus derechos a las mujeres".

    Al otro lado de la balanza, la postura más asentada, la abolicionista, esgrime una ineludible realidad: una de cada siete mujeres que ejercen la prostitución en Europa es víctima de la trata, según Naciones Unidas, la prostitución y la trata, caras de una misma moneda. El abolicionismo sostiene que la prostitución es la forma más antigua de explotación del hombre sobre la mujer, y dotar de derechos a las trabajadoras sexuales vendría, al fin y al cabo, a legitimar esta explotación y violencia extremas.

    Pero este posicionamiento, el de ligar la prostitución a la trata, hasta ahora, no ha logrado ningún cambio. "¿De qué nos sirve esa preocupación, si sigue habiendo prostíbulos, casas de citas y plataformas en internet sin que la ley haga nada?", cuestiona Barrera. El Código Penal castiga la prostitución, pero en la práctica, para llevar al proxeneta a prisión es precisa la colaboración de la prostituta "¡todo se reduce a nuestro coño y a su moral, que no nos digan como tenemos que matar nuestra hambre! Hacemos uso de nuestro cuerpo porque lo hemos decidido así, porque los trabajos que hay para nosotras no nos dan para pagar nada, porque todo es precario. Esa pobreza sí es violencia, pero esa no les preocupa".

    Este nuevo enfoque obvia el debate moral de la prostitución para mejorar las condiciones de vida de las personas que la ejercen. La incomodidad de abordar la prostitución de acuerdo a conceptos morales desvía las soluciones hacia la solidaridad y la actividad asistencial, pero no a garantías legales.

    "Durante el confinamiento, por lo que yo he visto, ha habido más actividad para las prostitutas, sobre todo en asistencias a domicilio y citas clandestinas", revela Carolina.

    ¿Pero y si la pandemia pudiera ser una oportunidad? "Nunca se va a poder controlar la pandemia sino se controla esta actividad, y para eso tienes que ayudar y regular la prostitución", opina Carolina, que propone un simple registro de actividad.

    "La prostitución nunca se terminará, los clientes no quieren hacerlo y para las prostitutas, salir a la luz implicaría cosas por las que no quieren pasar, como pagar impuestos, si nos quieren ayudar, que regulen, ya basta de mirar hacia otro lado", concluye Carolina mientras se prepara para una nueva sesión de masaje.

    Mientras se debate, mientras se genera una nueva ley, esta noche las luces de neón se encenderán, miles de mujeres se subirán a sus tacones y pasearán en burdeles, polígonos industriales o chalets de lujo. Miles de mujeres como Carolina harán magia para llegar a fin de mes sanas y saneadas, después de todo, más allá del COVID, siguen acechando los fantasmas de siempre, las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), la pobreza y la coacción y violencia más extremas.

    Etiquetas:
    pandemia de coronavirus, mujeres, España, prostitución, prostitutas
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