La ausencia de mayorías parlamentarias rotundas y la acuciante falta de cultura de pacto entre distintas fuerzas políticas tienen su máxima expresión en las repeticiones electorales de 2016 y 2019, pero también causan otra serie de anomalías institucionales que a día de hoy siguen sin ser resueltas.
La más clara de estas anomalías es la falta de renovación en la cúpula judicial. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —encargado de la gobernanza en la administración de Justicia— debió haber renovado su cúpula hace ya dos años, pero la falta de consenso entre los partidos mantiene a la institución en un limbo.
Vetos y reproches
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este 7 de septiembre en una entrevista con RTVE que en agosto tenía un acuerdo "al 99%" con el líder de la oposición, Pablo Casado (del Partido Popular), para renovar el CGPJ, pero asegura que este lo rompió "inexplicablemente".
Los conservadores defendieron su veto recordando que el vicepresidente, Pablo Iglesias (UP), abogó por abrir un debate sobre la monarquía tras la marcha del rey Juan Carlos I, que abandonó España al conocerse su posible participación en actividades ilegales.
"No se puede acordar la renovación de las instituciones del Estado si Podemos tiene un papel en ellas", dice el Partido Popular en un comunicado emitido este 7 de septiembre.
Estas palabras ahondan en la línea marcada unos días antes por el propio Pablo Casado. "Si vamos a negociar con alguien que pide la demolición de la Constitución vamos muy mal", afirmó.
"Es la propia Constitución la que fija cinco años de duración del mandato de cada consejo, por lo que me veo en la obligación de exhortar a los poderes públicos concernidos a renovar la institución", dijo tras señalar su situación como de "seria anomalía".
¿Por qué es importante?
La renovación del CGPJ es más que un cambio de sillas. Este órgano es el encargado de administrar el poder judicial, pero el titular del mismo es el pueblo español. Por ello, la responsabilidad de renovarlo recae sobre los representantes electos del Congreso de los Diputados (deben hacerlo por una mayoría de tres quintos de la Cámara).
En 2018 hubo un amago de renovar el órgano. Incluso se llegó a un acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE, pero este saltó por los aires después de conocerse que el portavoz del PP en el Senado, Juan Cosidó, se jactaba públicamente de que los conservadores iban a controlar el CGPJ tras pactar que fuera presidido por Manuel Marchena.
Cabe recordar que Manuel Marchena fue el magistrado encargado de presidir la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la que se juzgó —y condenó– a los líderes independentistas catalanes por el referéndum de 2017.
Los nombramientos siguen
Este juego de nombramientos es, precisamente, el motivo por el que las negociaciones para renovar el CGPJ son importantes. Pese a su mandato caducado, desde este órgano se sigue nombrando a jueces y, por ejemplo, recientemente se eligieron a los presidentes de las salas encargadas de juzgar a políticos en el Tribunal Supremo.
Todas estas luchas de influencia en el poder judicial se producen en un contexto de judicialización de la política. La incapacidad de resolver conflictos por la vía del diálogo y la proliferación de casos de corrupción llevaron a los últimos años a España a bailar al son que marcan los juzgados, tal y como ejemplifican el caso catalán o la trama Gürtel, cuya sentencia propició la caída del Gobierno de Rajoy.
Ahora no son pocos los frentes abiertos: el Tribunal Supremo abrió diligencias por las presuntas actividades ilícitas del Rey emérito Juan Carlos I, la Audiencia Nacional investiga operaciones parapoliciales durante el mandato de Rajoy y un juzgado de Madrid tiene imputado a Podemos por posible financiación ilegal.
En todas estas arenas hay batallas políticas de fondo, y aunque serán los jueces quienes decidan de forma independiente, la mera elección de quién está al frente de qué salas puede modificar el proceder en esas causas y, por consiguiente, su impacto político.
Otros retrasos
El retraso por renovar el CGPJ es, por su importancia, la anomalía institucional más destacada ahora mismo en España, pero no es la única.
Del mismo modo, tienen vacantes o mandatos caducos órganos como el Consejo de la Transparencia, el Defensor del Pueblo el Tribunal de Cuentas o el consejo de administración de la televisión pública (RTVE), todo un clásico en las luchas partidistas de España.
