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    Rebrotes y la 'nueva normalidad' en España (202)
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    BARCELONA (Sputnik) — El Gobierno español aborda estos días una negociación con la patronal y los principales sindicatos del país para pactar la nueva Ley del Teletrabajo en España, que busca regular esta modalidad fundamental tras la pandemia del COVID-19.

    Con el estallido de la crisis sanitaria y el posterior confinamiento, alrededor del 80% de las empresas de todo el país tuvieron que implementar a marchas forzadas el trabajo a distancia para mantener su actividad.

    Según el Instituto Nacional de Estadística de España, antes de la pandemia sólo un 4,8% de los empleados españoles realizaba sus tareas habitualmente desde casa, apenas en 5 de cada 100 casos.

    El coronavirus y las restricciones de movilidad alteraron por completo esta tendencia, pasando a predominar en un 30% de acuerdo con datos recabados por el Banco de España, aunque tanto empresarios y sindicatos como el Gobierno coinciden en que se debe potenciar todavía más.

    "El teletrabajo es una herramienta imprescindible no solo para mantener a raya el virus, sino para lo que significa nuestro modelo productivo del futuro, y por lo tanto el Gobierno lo impulsará con toda su capacidad de diálogo", afirmó en rueda de prensa este 1 de septiembre la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.

    El gabinete de Pedro Sánchez espera llegar en los próximos días a un acuerdo para formular una nueva ley del trabajo a distancia, que de momento cuenta con un borrador que está siendo discutido por todas las partes y tiene varios cabos sueltos.

    El teletrabajo: voluntario y un día a la semana

    El documento en cuestión refleja tanto la postura de las empresas, representadas por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), como de los trabajadores defendidos por la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO).

    El borrador de la ley, que fue difundido por los principales medios españoles, contempla que el teletrabajo sea una opción voluntaria y reversible en cuanto el país vuelva a la normalidad tras la pandemia.

    No cambiará el sueldo, la jornada laboral ni la formación programada para los empleados que se acojan a esta medida, que deberá ser pactada entre empresa y trabajador mediante un acuerdo escrito que recoja todas las condiciones.

    En ningún momento podrá decidirse de forma unilateral el paso a esta modalidad, para la que "la empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las obligaciones y deberes laborales", dice el texto.

    Una de las principales características de la nueva regulación del teletrabajo es que este ocupe un 20% de la jornada laboral durante tres meses, es decir, aproximadamente un día a la semana.

    Este es uno de los baches que afectan al avance de la negociación: mientras que los sindicatos lo consideran un buen punto de partida, los empresarios creen que un día es muy poco tiempo para que un trabajador se acoja a la regulación, que conlleva varias obligaciones para una compañía.

    Otra cuestión que genera fricción entre los agentes sociales es quién se hará cargo de todos los gastos del empleado que desempeña sus funciones desde casa.

    El Gobierno eliminó del último borrador una mención que atribuía todos los costes al empleador y el nuevo texto afirma que esta cuestión deberá ser negociada de manera colectiva.

    No obstante, el texto recoge que "la empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora", por lo que se asume que la empresa deberá encargarse de suministrar el material adecuado para teletrabajar.

    El documento incluye además un punto que hace referencia al control del trabajo a distancia, con el fin de que se respete el horario laboral pero también el tiempo de descanso y la denominada "desconexión digital".

    En este sentido, los sindicatos consiguieron que se suprima del texto de ley un artículo que obligaba a los empleados a registrar el tiempo transcurrido frente al ordenador u otros equipos de trabajo.

    Los trabajadores públicos, excluidos de la ley

    Uno de los puntos más polémicos de la normativa es que esta se aplicará solamente a los empleados del sector privado y quedarán excluidos funcionarios y trabajadores de las administraciones públicas, algo a lo que se oponen los representantes de los trabajadores.

    "No estamos de acuerdo con que esta norma sólo tenga en cuenta el sector privado y no el público, aquí tenemos una discrepancia importante porque nosotros queremos que la ley tenga efectos sobre el personal de las administraciones", afirmó en declaraciones televisivas para el canal La Sexta el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

    La intención del Ejecutivo es que los trabajadores públicos cuenten con una ley propia en un futuro, mientras que UGT reclama que se les aplique la misma normativa que al resto hasta que se formule una para ellos.

    Una regulación de urgencia

    "Creemos que no puede esperar porque es una ley necesaria. Lo que ha pasado hasta ahora en relación con el teletrabajo ha sido una broma que no se puede mantener sine die", afirmó el secretario general de UGT en su intervención televisiva.

    En esto coincide el Gobierno, que pidió "dejar que el diálogo social avance" pero se ve "cerca de alcanzar" el pacto, en palabras de la portavoz Montero.

    Una de las cuestiones todavía pendientes de decidir es la modalidad de tramitación de esta nueva ley, que el Ministerio de Trabajo pretendía hacer proyecto de ley para someterla a previa deliberación en el Congreso de los Diputados.

    No obstante, tanto la patronal como los sindicatos piden que se haga en forma de decreto debido a la situación de urgencia de la pandemia, que hace necesario ponerla en funcionamiento lo antes posible.

    De momento, las negociaciones transcurrieron con buen pie y según publicaron medios como El Diario, el Ministerio se plantea elevar al 30% la jornada fuera del centro en la definición de teletrabajo, con el fin de contentar a la CEOE y acelerar el pacto.

    Superado este obstáculo, los avances indican que España podría tener pronto una nueva Ley de Trabajo a Distancia que la equipare al resto de países de la Unión Europea, donde esta circunstancia laboral ya está regulada.

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