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    Aunque no haya estado de alarma, la nueva oleada de contagios y las medidas sanitarias impuestas por la epidemia mantienen en vilo las nuevas recogidas de fruta en el campo.

    Cuando era pequeña, a Mapi Domingo le daban días libres en el colegio para ir a vendimiar. Recogía cualquiera de los diferentes tipos de uva que proveían los campos de Requena, su ciudad natal situada en la provincia de Valencia (al este de España), entre familiares y compañeros de clase. A sus 44 años, convertida en enóloga de Bodegas Sierra Norte, la situación es muy diferente. No solo han de cumplir con una normativa de trabajo mucho menos laxa que en el pasado o bregar entre procesos robotizados, sino que se enfrenta a un factor inesperado: el coronavirus. La contratación para la temporada de cosecha en las viñas, que empieza estas semanas, se complica. "Todo es un interrogante", resume, "a las inspecciones de trabajo se le suman las medidas sanitarias".

    Domingo lleva desde pequeña en el sector y desde 2004 en la empresa. En su experiencia relata cómo el oficio ha atravesado tres épocas: cuando todo el mundo lo hacía, casi como algo normal, propio del lugar ("lo típico"); cuando la gente se alejó del campo y hubo que recurrir a empleados extranjeros ("empezó a derivarse a la inmigración"); y cuando se mecanizó la recogida ("Es mucho más rentable"). Este año, las tres fases se entremezclan y tambalean sin orden ni explicación histórica: el paro (que crece por la crisis sanitaria y supera los 3,3 millones personas) llama al regreso de los vecinos mientras se recrudece la llegada de empleados foráneos o se obstaculiza el procedimiento habitual con protocolos derivados de la pandemia de COVID-19.

    "Yo he trabajado toda la vida en la agricultura y he vuelto, pero lo que me ofrecen todavía no me convence", esgrime Javier Jiménez, residente en la localidad de Utiel, pegada a Requena y con quien comparte denominación de origen. "Todo está en vilo. La gente tiene miedo porque hay que tener cuidado con las cuadrillas que se forman para la recogida", advierte quien, con 50 años, ha colgado un anuncio en un portal de empleo. Quiere ver si le sale algo después de haber tenido una parcela propia de donde sacaba 1.500 kilos de uva. "La gente no sabe cómo contratar. Hasta hace relativamente poco, esto era muy informal. Y ahora encima hay que tener en cuenta no solo la seguridad social, sino la movilidad de los empleados y que si te sale un positivo de coronavirus, se te acaba la campaña".

    ​Hay una "psicosis general", apunta Jiménez, por las multas, por el aislamiento de los temporeros y por el método de actuación. "Yo me ofrezco a asesorar, porque mis terrenos no están operativos", aclara. Mapi Domingo añade que lo que está más en el aire es cómo contratar, ya que se impone hacer turnos y rotar. Así, en el caso de un contagio, hay alternativa. "Nosotros tenemos terrenos en Jumilla o La Roda, de Albacete, y en Camporrobles o Requena, de la Comunidad Valencia, donde solo entran las mismas personas", defiende la experta, enumerando algunas pautas que han de seguir en el ejercicio vigente.

    La Asociación Valenciana de Agricultores (Ava-Asaja), que aglutina a gran parte del sector, explica que se ha llevado a cabo un protocolo especial por el SARS-CoV-2 donde se obliga a hacer pruebas PCR a los temporeros, tener un lugar de aislamiento, avisar de cualquier brote o vigilar el lugar de residencia. Aparte, a los cursos de prevención de riesgos laborales se les ha añadido un apéndice exclusivo sobre coronavirus. Con eso, esperan no tener problemas durante la vendimia. Una vendimia que, según los datos proporcionados a Sputnik, supone unos 750 contratos temporales.

    "El personal contratado durante todo el 2019 para las distintas campañas fue extranjero en un 70% de los trabajadores. La mayoría son hombres de entre 25 y 50 años procedentes de países del Este y Marruecos. Desde AVA-ASAJA se gestionó durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre un total de 724 contratos, de los que 675 corresponden a la comarca de Utiel-Requena para la campaña de la vendimia. La procedencia de los trabajadores sería: un 26% trabajadores españoles (176 españoles) y el resto (un 74%) son trabajadores de nacionalidad extranjera, siendo las nacionalidades las siguientes: Rumanía (164), Bulgaria (86), Marruecos (51), Paquistán (73) o Mali", detallan.

    Unos datos muy inferiores a los de La Rioja, provincia al noreste de España con enorme producción de un vino de renombre internacional. "Las cifras estimativas del Gobierno sobre trabajadores temporales agrícolas para las campañas agrícolas presentes informan de entre 5.000 y 7.000 trabajadores", resuelven sin especificar desde la consejería de Agricultura Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población. "Además, el consistorio asume la realización y el coste de las pruebas a los trabajadores temporales agrícolas desplazados y para ello ha lanzado una web que permite agilizar la petición de PCR por parte de agentes del sector", anotan. Esta provincia —de unos 315.000 habitantes y con la agricultura como el sector minoritario, por detrás de la industria, la construcción o los servicios— prevé integrar a personal sanitario o trabajadores sociales en un programa piloto para la salud del medio en los "Comités para los Cuidados Rurales".

    Otras zonas, como Jerez de la Frontera (en Cádiz, al sur) o Penedés y Terres de L'Ebre, en Cataluña, sortean los problemas con contrataciones de proximidad. Cada uno de los ejemplos cuenta con unas características peculiares. En el caso de Cádiz, el desempleo (por encima del 26%) es el acicate para lanzarse a la huerta y frenar la contratación extranjera. "No es para estar orgulloso. Indica que en la provincia hay mucha gente en paro deseando trabajo", declaraba César Saldaña, presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, en El País. La provincia tiene contabilizadas hasta 7.000 hectáreas de vid (la mayoría en el municipio jerezano). La comarca catalana, por su parte, tiene 25.000 hectáreas y el problema de su cercanía con Lleida, donde acuden hasta 20.000 temporeros extranjeros.

    Este año, se han extremado las precauciones y se ha solicitado un control exhaustivo. "Ante las inminentes campañas en zonas productoras de uva, de fruta más tardía y, finalmente, del cítrico se deben tomar una serie de medidas que ayuden a minimizar los riesgos que entraña el COVID-19", exponen en el sindicato Unió de Pagesos en las Terres de L’Ebre. "Hay cosechas en las que todo se encomienda a 15 días de recogida, si se detecta un positivo en una cuadrilla y hay que poner al personal en cuarentena, el riesgo de perderlo todo es alto", indicaba Miquel Pinyol, el coordinador territorial.

    Además, las bodegas temen otro enemigo: la merma en el consumo. Con las restricciones en bares y restaurantes, la demanda ha descendido. En mayo, el Observatorio Español de los Mercados del Vino alegó que el consumo de caldo en el mercado interior había sido a lo largo de 2019 de unos 355 millones de litros, y que las ventas en el conjunto de la restauración suponían un amplio porcentaje de la facturación (1.070 millones de euros en total). Su cierre durante el estado de alarma y la reducción del aforo permitido lastran esos números, aunque haya aumentado la compra doméstica: no compensa ni alcanzando un 62% más de ventas que en periodos similares. 

    Preparados para las próximas cosechas

    Con la vendimia en marcha, el ojo está puesto en la campaña de cítricos. Una encargada de una empresa murciana que prefiere no dar su nombre habla de mediados de septiembre para recolección de mandarina. "El grueso empezaría en octubre", adelanta, analizando los diferentes tipos de productos en el apartado, como el limón o la naranja. "Aquí, españoles hay los justos. Casi todos son marroquíes y muchos subsaharianos. Calculo un 80%. Y están en manos de las ETT [Empresas de Trabajo Temporal]. La diferencia con la fruta de hueso es que es más estable", argumenta.

    ​Suele durar hasta febrero entre recogida, distribución y almacenado, tal y como comenta J. P., capataz de 49 años. Mientras recoge algunas naranjas aún verdes y "pulveriza" para dejar listo el terreno en una parcela de Tavernes de la Valldigna, en la costa valenciana, cuenta cómo encadena contratos fijos discontinuos que le tienen unos ocho meses trabajando y cuatro en el paro. "La campaña pasada nos pilló al final el estado de alarma y teníamos que movernos con autorización. Ahora no sabemos lo que va a pasar", cuenta entre hileras de árboles. Un compañero suyo usa al lado una sierra mecánica para cortar algunas ramas.

    El polen emitido emite un sabor dulzón y hace estornudar a J. P., que remata: "Cobramos según el convenio. Yo llevo toda la vida y mi cuadrilla es la misma, pero cada vez hay más extranjeros. Además, vienen de ETT a empresas grandes, y muchas veces ni nos cruzamos".

    Mustafá y Dame son dos de ellos. Proceden de Senegal. Hasta que llegue la temporada transitan la playa del municipio con ropa o bolsos al hombro. Y no les va nada bien. "Este año, poca cosa", sostienen al unísono. Mustafá ronda la treintena y lleva 14 años en España. Este año ha pasado la cuarentena en Louga, al norte del país africano. "Siempre voy a Lleida, pero este año he visto cómo estaba y me quedé allí", expone. "De momento, no sabemos nada", añade Dame, de 29 años y que ha estado todo el confinamiento en un piso con compatriotas, sin apenas ingresos. "Estoy deseando que llegue la naranja, que son unos 60 euros al día", dice esperanzado.

    Antoni Bosch, vecino y trabajador de 37 años, relata todo el proceso y cuenta cómo para la navelina (el tipo de naranja de este rincón levantino) se empieza en noviembre. "Es cuando empiezan a contratar gente, a las cuadrillas que son fijos discontinuos. Luego llegan las ETT y llaman a los pobres, a quienes no tienen nada", protesta quien tuvo que trabajar durante tres jornadas con neumonía por miedo a perder el trabajo. "Al final, me ingresaron en el hospital de Gandía y me despidieron", protesta, enseñando en el móvil una foto de la radiografía de sus pulmones.

    "Ya no merece la pena ni recogerla ni venderla", coincide Francisco Clar, un propietario de 57 años que ha puesto en venta su terreno. "Todo se concentra en empresas y te pagan muy poco. Si quieres que los jornaleros tengan un sueldo digno, es inviable", zanja, "y más ahora con las medidas del coronavirus". Desde el sector han denunciado un intento de recolecta temprana para evitar las eventualidades del COVID. Y esperan cada día las noticias sobre su futuro, después de que la cosecha anterior terminara con números muy inferiores a la de 2018. Aventuran un regreso escalonado, incierto. Sin ánimos ni celebraciones: también en el pasado se lanzaban al campo incluso en pleno curso escolar, como Mapi Domingo. A ella, para colmo, le suspendieron las Fiestas de la Vendimia en Requena. "Está siendo un año interesante", concluye, irónica.

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