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    Rebrotes y la 'nueva normalidad' en España (202)
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    Familiares y activistas que defienden los derechos de los adultos mayores en España denuncian que están obligando a los ancianos que marcharon a casa durante la pandemia a volver a las residencias o de lo contrario les quitarán las plazas que tardaron años en conseguir.

    El 4 de abril de 2020, María (que prefiere mantener su verdadero nombre en el anonimato) decidió buscar a su madre en la residencia de ancianos donde estaba y llevársela a su casa. Temía que se contagiara de coronavirus, una pandemia que para ese momento estaba atacando de forma especial a las residencias de adultos mayores en España. Así que María dejó su trabajo de lado y se dedicó de forma exclusiva al cuidado de su madre. Dos meses y medio después recibe una notificación de la residencia: o reingresa a su madre o pierde la plaza.

    "Yo les explico que me da miedo llevarla porque la situación aún no está controlada. Hice un escrito a dependencia diciendo que consideraba que nuestros mayores corren un riesgo tremendo, que no es solo un tema de vida o muerte, sino que tiene un deterioro cognitivo fuerte, pero fueron inflexibles absolutamente. A los pocos días me comunica la residencia de forma tajante que por ley solo se puede sacar al residente 60 días al año o te quitan el cheque servicio, pero lo que yo argumenté es que esto no es una situación de normalidad, yo no me llevo a mi madre de vacaciones, es una situación absolutamente excepcional y la única respuesta de la administración ha sido: o los llevan a un sitio donde no podemos garantizar absolutamente su salud y su vida, o les quitamos el cheque", explica María.

    El cheque servicio es una prestación social que dan las comunidades autónomas para completar el pago en las residencias concertadas, la otra parte la pagan los residentes con su pensión. Ante la posibilidad de perder esta ayuda que tardó más de un año y medio en conseguir, María aceptó reingresar a su madre.

    "El día antes del reingreso, el 1 de julio que era fecha tope, me llega un mail con un documento que me obligaban a firmar en el que ellos se eximían de toda responsabilidad de lo que pasara. El documento se llamaba ingreso de alto riesgo. En el último párrafo decía que yo les eximía de responsabilidad si le pasaba algo a mi familiar aún en caso de negligencia por parte de la residencia o de sus trabajadores".

    "Ahí yo contacté con Marea de Residencias, con el Defensor del Paciente y dije que esto es ilegal porque me están pidiendo que firme un documento que dice que, si hay una omisión del socorro a mi madre o de dejación de sus funciones, no tengo derecho a reclamar, denunciar ni nada. Remití un escrito a la Comunidad de Madrid, donde me dieron la razón y mandaron una circular a todas las residencias diciendo que ese tipo de documentos eran abusivos y no se podían extender ni firmar", detalla María.

    Según datos de las comunidades autónomas recopilados por RTVE, de las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos que hay en España, entre públicas, concertadas y privadas, unas 19.811 personas fallecieron en estos centros con COVID-19 o síntomas similares, un 68,38% de las víctimas fatales que ha dejado la pandemia en el país. La nueva ola de contagios ha hecho crecer los temores entre los familiares de estos residentes.

    "Mi madre está aislada otra vez, desde la semana pasada cortaron las visitas. Ha habido tres casos de coronavirus ahora en el centro y ya no la puedo sacar porque si lo hago pierdo la plaza. El argumento que dan ellos es que hay lista de espera y que si no lo ocupa uno lo debe ocupar otro, pero también creo que hay un interés económico. Hay un lucro y una posible connivencia entre residencias y administración y, sobre todo, que hay una dejación de responsabilidades total de cómo adaptar las políticas a una situación excepcional. No han sabido reaccionar para prevenir la catástrofe que se generó en las residencias y ahora tememos que se pueda volver a producir porque estamos ante rebrotes fuertes y siguen sin actuar para ayudar a las familias y apoyarlas para que mientras dure esto poder cuidar nosotros de nuestros mayores ya que en las residencias no están seguros. Es tremendo todo", denuncia María.

    Una marea de denuncias

    Desde la organización Marea de Residencias se han unido al reclamo. Indican familiares que algunas residencias privadas han seguido cobrando, a pesar de que los ancianos han sido cuidados en sus casas, y que en el caso de las concertadas suspendieron el cobro, pero se les ha coaccionado para que vuelvan si no quieren perder la ayuda social.

    "Que la Comunidad de Madrid les garantice que no se van a contagiar porque si los familiares han salvado a los mayores teniéndolos en sus casas no les pueden obligar a ingresar otra vez en la residencia sin una garantía mínima", sostiene Javier Garzón, uno de los voceros de Marea de Residencias.

    También denuncian que las residencias no han tomado correctivos para evitar que se repita la muerte masiva de ancianos residenciados en esos centros, como ocurrió durante los peores meses de la pandemia. Denuncian que siguen sin aumentar la plantilla de trabajadoras ni se les está dotando de equipos de protección adecuados.

    "Sí fue responsabilidad de ellos porque las muertes se dieron por un contagio masivo por falta de medios materiales y humanos, y porque, además, se prohibió la derivación en los momentos más álgidos a los hospitales. Para nosotros esto está empezando de nuevo y parece que no hemos aprendido nada. El único agente contagioso ha podido ser los trabajadores y no hemos aprendido a proteger a los trabajadores y por ende no hemos aprendido a proteger a los residentes", denuncia Garzón.

    "A mí las del personal de la residencia de mi madre me han dicho que se van a ir porque no aguantan más, que no dan abasto. Los residentes cada día están peor desde que ingresaron hace dos años, se han ido deteriorando, son más dependientes y las plantillas no han aumentado, los equipos de protección tampoco. De 14 trabajadoras de la residencia de mi madre hubo 10 se contagiadas y más de 60 fallecidos. Imagínate", explica María.

    El 18 de agosto, Médicos Sin Fronteras denunció la situación de las residencias. En un informe titulado Poco, tarde y mal: el inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante la COVID-19 en España, denuncian el "abandono" de los ancianos y la "desprotección del personal que los cuidaba".

    "El informe es muy acertado y lo que pone de manifiesto es lo que viene denunciando: que las residencias no están preparadas para esto, que las residencias de mayores están concebidas como un negocio y no como un lugar de cuidado. Yo sí temo que se repita porque no se ha hecho nada desde entonces. Lo único que se está haciendo es el aislamiento de los residentes. Con eso les añades un dolor porque no pueden relacionarse con sus familiares y tienen un mayor deterioro cognitivo, pero, además, se van a quitar a los familiares como testigos, es que es así. La única medida que toman es cerrar las visitas y aislarlos. No puede ser. ¿Qué pasa, qué hasta que no desaparezca el bicho no vamos a poder ver a nuestros familiares?", lamenta María.

    "Yo las veces que he podido ver a mi madre la he visto tres horas a la semana como máximo, una hora por día, con una mampara por medio, no la podía tocar, besar y me tenía que desinfectar, o sea, que es prácticamente imposible que los familiares contagiemos. Hasta mi hijo que es pequeño decía que si se contagian es por los trabajadores. Por eso aislarlos y cortar las visitas me parece absurdo como medida de prevención, de verdad. Es que nosotros no los podemos contagiar. Nos da la sensación de que quieren que los familiares no vayan, que no vean y no puedan quejarse", detalla María.

    Familiares y activistas de Marea de Residencias preparan una manifestación en todo el país para el 26 de septiembre y presionar a las autoridades para que den soluciones.

    Piden respeto y derechos porque, aseguran, las residencias deben ser "para la vida, no cementerios".

    "Hay que rediseñar el modelo de residencias. Uno de los problemas es que las competencias suelen ser autonómicas, con lo cual es difícil crear un marco legal general, pero hay que crear unas normas mínimas de marco legal general. Está claro que hay que contratar más personal, eso es seguro, hay que aumentar las plantillas, que sean lo más profesionales posibles. Evitar las macroresidencias, con muchos residentes porque es donde generalmente hay más brotes y, luego, en la medida de lo posible medicalizarlas, que haya una mayor presencia médica y evitar protocolos perversos e ilegales como los que se dieron en la Comunidad de Madrid de prohibir derivar a los mayores a los hospitales. Si hay un brote dar la opción a estas personas de que salven la vida", sentencia María.

    Tema:
    Rebrotes y la 'nueva normalidad' en España (202)
    Etiquetas:
    pandemia de coronavirus, ancianos, España
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