Confirman que los restos encontrados en el vertedero de Zaldívar son de Alberto Sololuze

El equipo de forenses que trabaja en España en el análisis de los restos encontrados en la ladera del vertedero de Zaldívar donde permanecen desaparecidos dos trabajadores desde el 6 de febrero como consecuencia de un derrumbe, confirma que los restos pertenecen a Sololuze.

Los análisis de ADN han confirmado que los restos humanos encontrados el lunes 17 de agosto en el vertedero vizcaíno de Zaldívar corresponden a Alberto Sololuce, uno de los dos trabajadores desaparecidos hace medio año, tal y como han informado fuentes del operativo de búsqueda, que aseguran que ya se ha comunicado a la familia de Sololuze y al juez que la prueba de ADN ha sido positiva y que los restos óseos encontrados pertenecen a Alberto Sololuze, que, junto con Joaquín Beltrán, fue sepultado en el momento del derrumbe.

Tras el hallazgo de los restos óseos y diversos objetos personales, todo apuntaba que el cadáver era el de Alberto Sololuze, que trabajaba en la zona donde estaba la báscula del vertedero cuando se produjo el derrumbe el 6 de febrero. Una hipótesis que se ha confirmado ahora con las pruebas de ADN realizadas a los restos.

Los equipos de rescate continúan trabajando en el lugar realizando un búsqueda minuciosa en el vertedero para hallar ahora al otro trabajador que también quedó sepultado, Joaquín Beltrán. 

Durante estos meses las labores de búsqueda a penas habían dado resultado. El 5 de abril se encontró el vehículo de Sololuce y dio un aliento de esperanza, pero pronto se desvaneció. En el mes de julio fueron procesados los tres responsables principales de la empresa que gestiona la escombrera, Verter Recycling 2002, fueron procesados. Se trata de el dueño del vertedero, José Ignacio Barinaga, el ingeniero jefe Juan Etxebarria, y la responsable legal de la empresa, Ainhoa Bilbao, a los que se les acusó de homicidio imprudente y de un delito contra los trabajadores, además de otro contra los recursos naturales. El Juzgado de Instrucción número 1 de Durango decretó el 23 de julio la libertad provisional con medidas cautelares para los tres investigados, que deben comparecer ante la autoridad judicial una vez al mes.