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    Las soluciones son pocas y en muchos casos irrealizables: distancia de seguridad, mascarillas y geles. Los 27.000 centros educativos de España reabrirán pronto. Familias y docentes reclaman más seguridad a sus comunidades autónomas. Andalucía, con el mayor volumen de alumnado, es el mejor ejemplo de desconexión entre docentes y administración.

    "¿De verdad crees que volveremos al cole?", me preguntaba el otro día un profesor amigo mío, "¡si ni siquiera han hecho la campaña del Corte Inglés aún!"… pero la campaña llegó. La imagen de la misma, envuelta en polémica probablemente intencionada, pareciera mostrar un suicidio. La campaña de los pies en suspensión ha sido retirada y claro, la cosa ya tiene menos broma, porque muchos docentes alertan: volver a las aulas en las condiciones actuales será un suicidio.

    España vuelve a enfrentar la complejidad de afrontar una respuesta unánime en sus 17 comunidades autónomas. La tónica general, es que a pesar de los meses pasados y de la previsible llegada de una segunda oleada, el sistema educativo del país está mal pertrechado para convivir con la pandemia. Y si lo está, por consiguiente, igual de desguarnecida está el conjunto de la sociedad española.

    La ministra de Educación, Isabel Celaá, negaba en una de sus últimas entrevistas que España tuviera reinos de Taifas. "Es verdad que tenemos 27.000 centros educativos, que son es en sí mismos un universo diferente, unos tienen más espacios para ampliar sus instalaciones que otros, y las comunidades autónomas están buscando soluciones".

    Pero lejos del ministerio, esas soluciones no parecen suficientes. Previamente, en la Cadena Ser, señalaba la importancia de la presencialidad, sobre todo para el alumnado más pequeño, por lo que "siempre que se pueda, se tendrán que abrir aulas fuera de los centros. Hemos de innovar en todo". Esa innovación brilla por su ausencia a pocas semanas del inicio de curso y con muchas cuestiones en el aire.

    Adaptación lenta e insuficiente

    "Nos sorprende la poca actividad que hay en las consejerías de educación, en muchos casos ni siquiera se ha previsto que 2020 es un año diferente para que haya una atención mínima durante agosto", explica Raimundo de los Reyes, presidente de FEDADI, la principal Federación Nacional de Directivos de Centros públicos de secundaria.

    De los Reyes, que al igual que todos los actores del tejido educativo con los que Sputnik ha contactado para este reportaje, ve previsible que la presencialidad, el curso desarrollado con normalidad, sea imposible.

    FEDADI recomienda preparar el escenario para una presencialidad mixta, "es la única opción viable para alumnado mayor de 14 años, es la única opción que, al menos, nos da algo de garantías. Solo así, podemos bajar las ratios sin contar con más profesores", opina De los Reyes.

    Por su parte, a nivel de escuelas de primaria e infantil, desde Andalucía, el presidente de ASADIPRE alerta de que "se está dejando en manos de los equipos directivos una serie de responsabilidades que no estamos capacitados para resolver", nos dice Enrique Jabares Barrera. "Entendemos que para tener más seguridad, debemos contar con otras instituciones y administraciones, y por lo pronto, no estamos viendo una colaboración institucional que nos garantice que los centros estarán adaptados para el inicio de curso".

    Nos echan a los leones

    "No hay realismo alguno en la planificación que están proponiendo las administraciones", señala Raimundo de los Reyes. Desde FEDADI destacan el ejemplo de la comunidad de Valencia, donde sí se está avanzando en un protocolo coordinado con la comunidad educativa, pero en general, lamentan que se emplace a la "autonomía de los centros" para eludir la responsabilidad de crear una respuesta con garantías. "No tiene sentido que me hablen de autonomía en cada centro educativo cuando no nos están dando recursos para actuar. Esa autonomía es educativa, administrativa y curricular, no para gestionar cuestiones de salud pública".

    Los profesionales de la docencia sienten que les arrojan a los leones. Hay que tener en cuenta que Andalucía, donde gobierna una coalición de PP y Ciudadanos, representa el mayor reto educativo por volumen y por carencias de toda España.

    En la comunidad hay más de 1,8 millones de estudiantes, 127.422 docentes y 7.144 centros tanto públicos como concertados y privados (según cifras del curso 2019/20). "En Andalucía vamos a volver a las aulas con una propuesta elaborada en junio, en otro contexto de la pandemia, si ya en aquel entonces las medidas eran insuficientes, ahora provocan una gran incertidumbre. Sabemos cómo empezamos el curso, pero no cómo acabaremos", cuenta Elena García, presidenta del Sector de Educación de CSIF Andalucía, el sindicato mayoritario.

    Las propuestas del consejero de Educación andaluz, el exentrenador de baloncesto Javier Imbroda, han venido siendo ampliamente criticadas por sindicatos y asociaciones. En un programa presentado el 6 de julio y afinado en un decálogo posterior, la Junta viene a proponer distancia de seguridad, mascarillas para mayores de 6 años, restricciones de zonas comunes creando grupos de convivencia escolar y crear un grupo equipo COVID, que deberá estar coordinado con el centro de salud y con el Ayuntamiento.

    "Son unas indicaciones que solo cargan más de responsabilidad a los equipos directivos, los docentes no tienen formación para hacer un programa de autoprotección", explica Elena García.

    El sindicato alerta de la falta de determinación respecto a la presencia de profesionales sanitarios en los grandes centros y de la falta de concreción respecto a la coordinación con los centros de salud. De hecho, es sintomático que, en Andalucía, la Consejería no haya echado mano durante esta pandemia del organismo y cuerpo encargado de la prevención de riesgos laborales, "los Comités de Seguridad y Salud no es que no hayan sido convocados, es que ni siquiera han sido constituidos, esto es muy significativo a nivel orgánico", comenta García.

    "Hasta el momento, todo lo que han propuesto se traduce en un apáñense ustedes como puedan, como si pudiéramos afrontar un inicio de cursos con un puñado de mascarillas y botes de gel hidroalcohólico".

    En Andalucía, se anunció a bombo y platillo la incorporación de 8.000 de nuevos profesionales, pero incluso con el número de incorporaciones menguando, no son suficientes para dar respuesta al amplio tejido docente. CSIF denuncia que la consejería miente respecto a las contrataciones, según sus cálculos no se ha contratado a más de 4.000 profesionales para la pandemia.

    Pero, sin duda alguna, la bajada de ratio es la medida más escuchada en la elaboración de este reportaje, pero por el momento, no se ha cumplido en España estas exigencias, " hasta donde sabemos por las mesas sectoriales, ni siquiera se ha contemplado esta posibilidad, siendo además una exigencia anterior a la pandemia", explica Enrique Jabares. 

    Los profesionales ahondan en su indignación, ejemplifican que, entre otras propuestas, se recomendó crear espacios atomizados para los niños que pudieran tener algún síntoma, pero se preguntan cómo podrán ellos discernir cuál es el síntoma de alerta sin ser sanitarios. Hay otras flaquezas en la respuesta, por ejemplo, en el área de infantil. Al no ser educación obligatoria, no se está dotando de personal en función de este alumnado.

    "En mi centro me piden que creemos un único grupo para las aulas de infantil, una única unidad de convivencia. En total, tendré 125 alumnos juntos, pero como uno solo de ellos presente lo que yo considero un síntoma, deberé cancelar a todos ese grupo", explica Jabares. Esto, implicaría a 125 familias lidiando con el problema de la conciliación imposible.

    Incertidumbre en los hogares

    Las asociaciones de madres y padres de toda España echan fuego. Varios  comunicados circulan por las redes. Hablan de incertidumbre, riesgos y temor. Algunas, como Escuelas de Calor en el sur de España llaman a no asistir a clase, en protesta a la falta de previsión, #SinSeguridadNoVolvemos y claman: "Hagan su trabajo y asuman la responsabilidad, no la deriven a los equipos docentes".

    Otros grupos de padres y madres desde Málaga, advierten de que tomarán acciones legales "nos estamos organizando contra aquellos responsables políticos que tomen decisiones que pongan en riesgo la salud e integridad de los menores y sus familias. Los cargos públicos tienen responsabilidad ética, administrativa, civil e incluso penal".

    Incluso, los profesionales que han intentado ir más allá para tratar de ofrecer algo de respuesta a los padres, han tenido problemas. En la localidad sevillana de Bormujos, el director del CEIP Clara Campoamor, Manuel Ramírez, propuso un plan de autoprotección. Ante la falta de respuesta y ante la imposibilidad de ofrecer tranquilidad a padres y madres, presentó su dimisión, en una clara muestra de desconexión entre los profesionales docentes y la administración autonómica.

    Todo parece indicar que no será hasta la segunda quincena de agosto cuando vuelvan las mesas sectoriales donde la comunidad educativa podrá hacer valer su visión. Lo que es seguro, es que no habrá tiempo para orquestar una respuesta consensuada que habilite espacios de conciliación familiar si, como todo parece indicar, más de una familia recibe a sus hijos de vuelta en casa por la presencia de positivos en su aula.

    Etiquetas:
    Andalucía, España, escuela, educación
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