00:57 GMT21 Septiembre 2020
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    Los representantes de los trabajadores y Nissan han llegado a un acuerdo sobre el cierre de las plantas de Barcelona y el despido de más de 2.500 trabajadores.

    El acuerdo asegura que hasta diciembre del 2021 no podrá haber despidos forzosos, aunque sí bajas voluntarias.

    Los gobiernos central y autonómico consideran ese tiempo suficiente para buscar una alternativa de empresa industrial que se haga cargo de las instalaciones. Para la empresa, el ajuste laboral va a suponer un coste cercano a los 400 millones de euros. 

    El cierre de las plantas barcelonesas de Zona Franca, Montcada y Reixac y Sant Andreu de la Barca, supondrá el despido de más de 2.500 trabajadores, según han informado a Efe fuentes sindicales.

    El acercamiento entras las dos partes se ha producido después de una maratoniana reunión de más de 30 horas que se ha celebrado de forma telemática y con la mediación del departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña.

    El fabricante de coches japonés anunció el pasado 28 de mayo el cierre de sus tres fábricas en Barcelona, dejando en la calle a más de 2.500 trabajadores de forma directa y sentenciando a muerte a más de 20.000 empleos indirectos dependientes de estas plantas.

    Con el acuerdo alcanzado el 5 de agosto —que deberá ser ratificado el día 6 por una asamblea de trabajadores— Nissan se compromete a aplazar el cierre de los centros de trabajo y a no despedir de forma forzosa a ningún miembro de su plantilla hasta entonces.

    El futuro de las instalaciones de Nissan en Barcelona estaba en entredicho desde hace tiempo, pero la crisis del COVID-19 propició esta decisión dentro de un nuevo plan de restructuración de la alianza de Nissan con Renault y Mitsubishi.

    Tras el anuncio del cierre, los trabajadores se embarcaron en un ciclo de movilizaciones que desembocó en un proceso de negociación con la compañía.

    El aplazamiento del cierre, además de permitir que los trabajadores mantengan su empleo hasta el final de 2021, da tiempo a que tanto el Gobierno español como la Generalitat de Cataluña busquen alternativas para el futuro de la plantilla y de las fábricas.

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