"El magistrado de vigilancia penitenciaria 1 de Cataluña mantiene en tercer grado a las internas Carme Forcadell y Dolors Bassa, y desestima la petición de suspensión de grado presentado por la Fiscalía", informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La Fiscalía completó este 30 de julio las peticiones de suspensión del tercer grado penitenciario de los nueve dirigentes catalanes condenados por el Tribunal Supremo por el referéndum ilegal de independencia de 2017.
En concreto, solo debían acudir a un centro penitenciario para dormir de lunes a viernes y podían pasar los fines de semana en sus hogares.
A raíz de los recursos presentado por la Fiscalía, un juzgado de vigilancia penitenciaria de Cataluña acordó retirar las medidas de semilibertad para cinco de ellos: el exvicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva y Joaquim Forn, y los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
El mismo juez decidió este 30 de julio la vuelta a prisión de los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull, según adelantaron los dos en sus redes sociales.
"La juez de vigilancia de Lledoners ya me ha trasladado la providencia para reingresar a prisión esta tarde", afirmó Rull.
Entretanto, otro magistrado con competencias de las prisiones de mujeres donde permanecían encarceladas Forcadell y Bassa tomó la decisión opuesta, permitiendo que mantengan el tercer grado al contrario que sus compañeros en la causa independentista.
Todos los condenados participaron en la organización del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 pese a que fue previamente prohibido por la Justicia.
El fiscal sostiene que la conducta por la que se les condenó "fue muy grave" en términos de "repercusión social e institucional" y considera además que los antiguos dirigentes del Gobierno catalán siguen creyendo que no cometieron delito alguno.
Asimismo, ve "anómalo" que la mayoría de los condenados sean elevados al tercer grado sin haber cumplido una cuarta parte de la condena, algo que solo alcanzaron de momento Sànchez y Cuixart.
"Muy lejos de favorecer el cumplimiento de los fines de la pena, lo que hace es crear una total sensación de impunidad tanto en el interno como en la sociedad", defiende el Ministerio público.
